La operación desarrollada este martes por la Guardia Civil en 23 ayuntamientos españoles -la mayoría catalanes y gobernados por CiU- demuestra hasta qué punto la corrupción ha calado en nuestra Administración. La investigación rastrea el pago de 7,8 millones de euros de dinero público a la consultora Efial en contratos irregulares. Se sospecha que al menos tres de esos millones terminaron ocultos en Andorra y que parte de ese dinero podría haber ido a parar a manos de alguno de los alcaldes implicados.

El Ejecutivo catalán, lejos de darse por aludido por la circunstancia de que la mayor parte de la operación se ha desarrollado en consistorios catalanes ha recurrido al victimismo. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha llegado a afirmar que el "autor intelectual" de las detenciones y registros es el ministro del Interior.

El intento del Gobierno catalán de tapar la corrupción mediante teorías conspirativas es vergonzoso, pero corrobora la desfachatez e irresponsabilidad de Fernández Díaz, que al presionar al director de la Oficina Antifraude de Cataluña para que investigara a líderes independentistas les ha proporcionado la excusa perfecta.