Lo peor que puede hacer un Gobierno presuntamente democrático es no contestar. Lo único que no debería hacer jamás un Ejecutivo honesto y que se debe a aquellos que lo han elegido es apoltronarse detrás del silencio, dar la callada por respuesta, ignorar al denunciante y, por supuesto, obviar la denuncia y la crítica escondido tras un plasma o introduciendo la cabeza bajo el ala. Y todo con la esperanza de que el paso del tiempo y la laxitud y el silencio inducido de la mayoría de los medios de comunicación hagan el trabajo sucio.  En esas estamos. No tenemos muy claro si Mariano Rajoy,  presidente del Gobierno de España,  sabe, pero de lo que estamos completamente seguros es de que no contesta. Rajoy no contesta, e ignoramos si es por mala conciencia, por no tener que verse en la tesitura de mentir todavía más, por vaguería o por cobardía.

Cuando se está hablando de la posibilidad de que el dinero negro del partido que presides haya servido para sufragar las obras de tu domicilio particular, además de para completar tu sueldo mensual o pagar las obras de tu oficina, lo mínimo que debería hacer un presidente de Gobierno con agallas es dar la cara, defenderse, arremeter judicialmente contra quien ha osado ensuciar su buen nombre y no limitarse únicamente a mandar un intermediario que se escuda en la "limitada credibilidad" de la denuncia y del denunciante.

Cuando se está hablando de que algunos policías habrían recibido órdenes de introducirse en un domicilio particular para robar determinados documentos que no afectarían en ningún caso a la seguridad nacional sino a la seguridad del Partido Popular, lo mínimo que debería hacer un presidente del Gobierno y también un ministro del Interior es negarlo rotundamente después de llevar ante la Justicia a quien formula tamaña barbaridad.

Y si no dan la cara tendremos que llegar a la conclusión de que no tienen el más mínimo interés en salvar su honor ni su buen nombre y que la mejor estrategia,  para sus intereses partidistas y electorales, es no removerlo más, con la certeza de que el tiempo todo lo cura en este universo que habitamos. Y llegamos así a la conclusión de que vivimos en un territorio comanche en el que el presidente de nuestro país está bajo sospecha –la verdad es que ya lleva bastante tiempo– o que el ministro del Interior de nuestro país utiliza mafiosamente a determinados policías –sólo determinados con nombre y apellido– para sus cuitas particulares y las de su partido. A todo esto, y probablemente a mucho más, hemos llegado en estos últimos cuatro años.

Comentaba el otro día Pedro Sánchez que en esta legislatura Mariano Rajoy se ha negado a responder en el Congreso a 108 preguntas del jefe de la oposición. ¡108! ¿Qué puede llevar a un presidente del Gobierno elegido por los ciudadanos a creer que puede no responder a un jefe de la oposición elegido también por los ciudadanos? ¿Por qué hay quien se cree que está al margen del control al que todos los dirigentes políticos están moral y éticamente sujetos?¿Por qué se acepta lo que debería resultar inaceptable dentro de cualquier lógica democrática ? A la vista está que Rajoy y su equipo pueden  –aunque no deberían– hacer lo que quieran a la hora de gobernarnos, incluso no contestar a pregunta alguna si esta es incómoda. Pero también es cierto que la ciudadanía sí que tiene agallas y que en su mano tiene decidir quién quiere que la gobierne.