La juez titular del juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha archivado la causa contra los 16 guardias civiles acusados de homicidio como consecuencia del ahogamiento de una quincena de inmigrantes en la playa de El Tarajal. Su auto tiene una treintena de páginas y razona con precisión y exhaustividad las razones de su decisión. Todas son relevantes, pero alguna de ellas resulta bastante didáctica sobre cómo deben valorarse los testimonios, especialmente cuando son de parte y vienen filtrados por una relatora convencida a priori de la culpabilidad de los imputados.

Sin embargo, hay un argumento que resulta particularmente demoledor: las autopsias de los cadáveres recuperados en el lado español de la frontera muestran en todos los casos que la muerte se produjo por ahogamiento por sumersión, sin que haya ni rastro de una sola lesión debida al uso del material antidisturbios al que la acusación achacaba las muertes.

Hay que recordar lo que se dijo en su día. Cosas tales como que los guardias habían "tiroteado" a inmigrantes inermes, provocando con ello su fallecimiento. No estaría de más, tampoco, que alguno agarrara de vez en cuando el diccionario para verificar el significado preciso de un verbo, antes de emplearlo.

Las portadas, el ruido mediático y el debate de entonces, trufado de una presunción de culpabilidad, casi de pulsión homicida (por parte de los agentes de un cuerpo que lleva décadas lidiando con una de las fronteras más duras del mundo, con escasos incidentes y numerosos actos acreditados de desprendimiento y sacrificio para salvar las vidas de quienes se arriesgan en busca de una oportunidad), dan ahora paso a un silencio llamativo. A la discreción, o como mucho el cuchicheo inaudible con que dan la noticia del archivo de la causa medios que cuando se abrió hacían sonar todos los altavoces para airear la supuesta masacre. Quizá se deba al hecho de que el auto judicial (que es recurrible, claro está) exhibe el rigor y el reposo en el análisis que brillaban por su ausencia en la acusación.

Entre tanto, 16 funcionarios públicos han desfilado por el juzgado, bajo la imputación de un delito gravísimo que tenían la conciencia de no haber cometido, sin hacer el menor aspaviento, sometiéndose a los mecanismos del Estado de Derecho que juraron defender. Qué contraste con el espectáculo dado el jueves a la puerta de un tribunal superior de justicia por un alto responsable que ha gozado de mucha más consideración, que desafía sin tapujos la ley y que, llamado a declarar ante un juez instructor con todas las garantías, se expone a mucho menos.