Una mujer coloca una vela en la fuente de la plaza Dizengoff, donde hay flores, velas, objetos de recuerdo y fotografías de las víctimas del 7-O. Reuters
Israel pisa el acelerador en el tercer aniversario del 7-O para juzgar a cientos de palestinos detenidos tras los atentados
Los diputados que sentaron las bases del tribunal militar encargado de juzgar a los autores del atentado quieren empezar el proceso en 2027.
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La puesta en escena será la más ambiciosa desde el juicio a Adolf Eichmann, uno de los principales brazos ejecutores del Holocausto. Habrá un tribunal militar especial a las afueras de Jerusalén, juicios con público, algunos retransmitidos en directo, más de 500 acusados, o quizá 750 u 800, y cientos de condenas a cadena perpetua o a morir en la horca.
La carga histórica condiciona. Quizá por eso ninguno de los autores del 7-O se ha sentado todavía en el banquillo de los acusados, y eso que han transcurrido tres años desde la masacre. El tribunal sobre el que recaerá la misión de juzgarles ni siquiera se ha construido, y las autoridades israelíes tampoco han definido del todo cuáles serán las reglas del juego.
Y eso que, en mayo, la Knéset sacó adelante —con 93 votos a favor y ninguno en contra— un proyecto de ley impulsado por el diputado Simcha Rothman, miembro de la coalición supremacista de Benjamin Netanyahu, y por la diputada Yulia Malinovsky, parte de la oposición, para sentar las bases del juicio a los implicados en el atentado.
El nuevo marco jurídico creó el tribunal militar especial y puso en sus manos la prerrogativa de acusar a los sospechosos de todos los delitos pertinentes, incluidos el genocidio, el atentado contra la soberanía israelí, la provocación de guerra, la asistencia a un enemigo en tiempos de guerra y cargos por terrorismo.
Este miércoles, en el tercer aniversario del ataque terrorista de Hamás, Rothman declaró que su intención es que las autoridades competentes presenten los primeros escritos de acusación contra los sospechosos en el primer semestre de 2027. Pero la convocatoria electoral del 27 de octubre y la disolución de la Knéset ralentizan el proceso.
Por eso, según las previsiones más optimistas, el primer juicio no comenzará hasta dentro de un año y medio. "El tribunal aún no está operativo, no se han nombrado jueces y quedan por resolver cuestiones clave relacionadas con el personal, la infraestructura, la fiscalía y la defensa", apunta Ya'ara Mordecai, académica de derecho penal internacional en Yale.
"Existe presión para empezar a presentar escritos de acusación en 2027, pero yo consideraría eso como una aspiración más que como un calendario firme", considera la especialista. "Y una vez que comiencen los juicios, la escala de las pruebas y el número de acusados hacen que este sea casi con certeza un proceso que se medirá en años, no en meses".
Las autoridades israelíes todavía tienen que levantar en el recinto de Atarot, un espacio hábil de 40.000 metros cuadrados en el área metropolitana de Jerusalén, una serie de estructuras ligeras para albergar por separado a los jueces, la fiscalía y las víctimas. En total, habrá nueve salas donde se celebrarán audiencias de forma simultánea para agilizar el proceso.
![El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saluda a sus seguidores tras ofrecer una declaración a los medios de comunicación en Jerusalén.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11349787.jpg?p=w:320\/h:240&h=mriawoWt"])
El jefe del Estado Mayor del Ejército será el encargado de elegir a los más de 60 jueces del tribunal militar especial —que no vestirán uniformes de las FDI— por recomendación del presidente del Tribunal Militar de Apelaciones y a los fiscales por recomendación del fiscal general militar. Necesitará recibir en ambos casos el visto bueno del presidente Isaac Herzog.
Diez tribunales juzgarán en primera instancia, y cinco constituirán el tribunal de apelación, al que se elevarán automáticamente las penas de muerte. Habrá un tribunal por cada zona arrasada, desde el kibutz Be'eri hasta el festival Nova, y los palestinos condenados a cadena perpetua no podrán ser liberados en futuros acuerdos de intercambio de prisioneros.
Entre 10.000 y 12.000 víctimas testificarán en el juicio, y al menos 400 palestinos serán acusados. Según el portal Walla, este número es provisional y podría incluso duplicarse a lo largo del proceso, porque no sólo se juzgará a los que arrasaron los kibutz y las comunidades del sur de Israel, sino también a los que maltrataron a los rehenes israelíes.
"El gran desafío es convertir una atrocidad masiva en casos penales individuales", explica Mordecai. "El 7-O presenta una paradoja probatoria inusual: en algunos aspectos, hay demasiadas pruebas: un volumen extraordinario de videos, fotografías, mensajes y otros materiales digitales, algunos grabados por los propios perpetradores. Sin embargo, en otros aspectos, hay muy pocas, especialmente cuando se trata de delitos sexuales".
Recuerda la especialista que "las escenas del crimen eran zonas de combate activo, los cuerpos tuvieron que ser recuperados e identificados rápidamente, y las pruebas forenses cruciales no siempre se recopilaron o preservaron en las condiciones de investigación ordinarias".
"Por lo tanto —añade—, la tarea difícil no es probar que el 7 de octubre ocurrió. Es pasar de 'sabemos lo que pasó' a 'podemos probar lo que hizo este acusado en particular'. Hacer eso cientos de veces, mientras se mantienen las salvaguardas de un juicio penal ordinario, será un desafío institucional enorme".
Manifestación en Jerusalén para exigir una investigación independiente sobre los fallos que permitieron el 7-O. Reuters
La académica de derecho penal internacional señala, sin embargo, que los juicios van mucho más allá de los veredictos: "Los juicios por atrocidades juzgan a individuos mientras la sociedad también les pide que cuenten la historia de una catástrofe nacional. Pueden dar a las víctimas una voz pública, crear un registro histórico fidedigno y proporcionar una respuesta al negacionismo futuro".
"Pero eso crea lo que yo considero un peligro de 'demasiados propósitos'. Una sala de tribunal no puede convertirse simultáneamente en un juicio penal, un monumento conmemorativo, una comisión histórica y una ceremonia nacional sin crear tensiones entre esas funciones", sentencia.
