Los socios europeos protestan por la regularización masiva de Sánchez: "Podría provocar un efecto llamada hacia la UE"

La iniciativa rompe con la política migratoria que hoy marca la Unión Europea, basada en el endurecimiento de los controles fronterizos y la aceleración de las repatriaciones.

Los dirigentes de la UE temen, además, que una regularización masiva en España tenga efectos directos sobre el resto de los Estados miembros, en un espacio Schengen sin controles fronterizos internos.

La legalización de migrantes a gran escala en España "podría provocar un efecto llamada hacia Europa y, posteriormente, migración secundaria dentro del continente europeo", ha dicho el portavoz del Ministerio del Interior de Austria, Markus Haindl, en una declaración remitida a EL ESPAÑOL.

"Por ello, este planteamiento es claramente rechazado por muchos Estados miembros de la UE, así como por Austria", ha subrayado el portavoz.

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El resto de las delegaciones a las que ha preguntado este periódico guardan por ahora silencio.

De momento, la Comisión de Ursula von der Leyen se niega a valorar la iniciativa de Sánchez con el argumento de que se trata de un debate de política interna.

"Somos conocedores de los debates que se están produciendo en España", explica un portavoz del Ejecutivo comunitario al ser preguntado por el decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

"Las decisiones y políticas destinadas a regularizar la situación de nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular son competencia exclusiva de los Estados miembros. La Comisión Europea no tiene competencias en esta materia", alega el portavoz.

Sin embargo, el propio comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ya advirtió hace unos meses, al ser preguntado por el caso de España, de que a la hora de plantear cualquier regularización debe considerarse su impacto en el conjunto de los Estados miembros y analizar con rigor sus posibles efectos en términos de seguridad y flujos migratorios.

En una respuesta escrita a una interpelación parlamentaria a la que ha tenido acceso este periódico, Brunner comienza repitiendo palabra por palabra la línea oficial de Bruselas: se trata de una cuestión de competencia nacional sobre la que la Comisión no puede intervenir.

"Dicho esto, los Estados miembros deben garantizar que estas decisiones no pongan en riesgo la integridad del espacio común de la UE sin controles en las fronteras interiores y deben evaluar debidamente sus posibles implicaciones en materia migratoria y de seguridad", añade a continuación Brunner.

"De forma más general, la UE está apoyando a los Estados miembros en la reducción de la migración irregular, reforzando la cooperación con los terceros países afectados y previniendo las llegadas irregulares, intensificando la lucha contra las redes de tráfico de personas y mejorando las devoluciones de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión", concluye el comisario de Migración.

Sánchez, aislado en Bruselas

Es decir, Brunner aprovecha su respuesta para recordar cuál es la línea dominante en la UE en materia de política migratoria, que choca frontalmente con la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Sánchez.

En los últimos años, Sánchez se ha quedado prácticamente aislado en Bruselas al defender un aumento de la migración como respuesta al “invierno demográfico” y para impulsar la economía, mientras que el resto de socios europeos refuerzan los controles y aceleran las expulsiones.

Un endurecimiento de la política migratoria que no se limita a los Gobiernos del Partido Popular Europeo o de la derecha radical, sino que también practica por ejemplo el Ejecutivo socialista de Mette Frederiksen en Dinamarca.

La rotunda soledad del Gobierno español volvió a quedar en evidencia el pasado diciembre, durante la reunión del Consejo de Interior de la UE, en la que participaron Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz.

Allí, los Veintisiete aprobaron la norma que da cobertura legal a la creación de centros de deportación de migrantes en países extracomunitarios, siguiendo el modelo ensayado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en sus acuerdos con Albania. España fue el único Estado miembro que votó en contra.

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La anterior regularización masiva de inmigrantes irregulares en España aprobada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya generó un amplio rechazo y controversia entre los socios europeos.

Durante varias reuniones consecutivas de los ministros europeos del Interior, países como Alemania, Austria o Francia se quejaron públicamente de esta medida unilateral y acusaron a Zapatero de generar con sus políticas un "efecto llamada", una posición que acabó siendo asumida también por la Comisión Europea.

A raíz de la regularización de Zapatero, la UE creó un mecanismo de alerta temprana que obliga a los Gobiernos a notificar al Ejecutivo comunitario y al resto de socios cualquier decisión en materia de asilo e inmigración que pueda afectar al conjunto de la Unión. No hay constancia de que se haya activado en esta ocasión.