La UE aprueba un objetivo descafeinado del 90% de recorte de CO2 para 2040 con máxima flexibilidad para los Gobiernos

Los Estados miembros han chocado por el recorte de emisiones de CO2 para 2040, pese a que se trata de un simple paso intermedio hacia la meta real: la neutralidad climática -es decir, un nivel de cero emisiones netas- para 2050, que ya se estableció en la Ley del Clima de 2021.

Al final, tras una jornada maratoniano de negociaciones (con noche en blanco incluida) que se ha prolongado hasta primera hora de este miércoles, los ministros de Medio Ambiente de la UE han aprobado un objetivo obligatorio del 90% de recorte de emisiones de efecto invernadero de aquí a 2040 en comparación con los niveles de 1990.

Se trata de la misma propuesta que hizo la Comisión de Ursula von der Leyen el pasado julio. Esta será la contribución de la UE a la 30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), que arranca el 6 de noviembre en Belém, Brasil.

Sin embargo, se trata de un objetivo completamente descafeinado, ya que introduce un nivel tan elevado de flexibilidad y facilidades para los Estados miembros que en la práctica lo vacía de contenido. Los ministros lo justifican para salvaguardar la industria europea y la competitividad de la UE.

El acuerdo supone un triunfo para los Estados miembros que abogan por moderar la ambición climática de la UE para favorecer la capacidad de competir del bloque; frente a los países que, como la España de Pedro Sánchez, defienden que las políticas verdes deben seguir siendo prioritarias.

Aún así, Eslovaquia, República Checa, Hungría y Polonia han votado en contra. Bélgica y Bulgaria han anunciado que se abstienen. En contraste, Italia y Francia, que también tenían dudas, han acabado por sumarse al compromiso.

"Hemos luchado por una mayor ambición, no solo hoy, sino también ayer y en las últimas semanas y meses. El resultado es positivo, no hemos cedido nada. Si lo hubiéramos hecho, habríamos tenido un acuerdo ayer por la mañana", ha alegado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen.

"Hemos trabajado toda la noche, trabajando juntos, para lograr un texto ambicioso, que no es perfecto pero sí es muy bueno", sostiene la responsable de Transición Ecológica. España ha trabajado estrechamente con Suecia, Países Bajos, Alemania o Finlandia.

Externalizar los recortes

La principal medida de flexibilidad aprobada por los ministros de Medio Ambiente consiste en permitir de nuevo la compra de créditos internacionales de CO2 en países en desarrollo para cubrir hasta el 5% del esfuerzo exigido para alcanzar el recorte del 90% en 2040. La propuesta original de Bruselas limitaba estos créditos a 3 puntos porcentuales.

Además, el texto de compromiso prevé que el Ejecutivo comunitario podría autorizar en el futuro, en determinadas condiciones que no se precisan, subir el porcentaje de créditos internacionales hasta el 10%.

En la práctica, eso significa que el esfuerzo real de reducción de emisiones de los Estados miembros sería del 80%, y el resto se puede externalizar.

Los créditos internacionales podrán empezar a utilizarse plenamente a partir de 2036, aunque se introduce un periodo transitorio desde 2031.

Este mecanismo implica que los Estados miembros que no hayan logrado la meta que tienen asignada de reducción de emisiones a nivel nacional podrán compensarlo pagando por proyectos que eliminan el CO2 en países en vías de desarrollo, que normalmente resultan más baratos. Por ejemplo, un plan de reforestación en Brasil o una planta de energía solar en India.

La UE pierde el liderazgo climático: las divisiones internas impiden cumplir los plazos fijados por la ONU

Se trata de un paso atrás en materia medioambiental. La legislación de la UE ya no permite usar estos créditos internacionales para alcanzar los objetivos de 2030 ni de 2050, porque quiere que los esfuerzos se hagan dentro del territorio comunitario, para garantizar reducciones reales y permanentes.

Además, el Consejo Asesor Científico Europeo sobre el Cambio Climático se ha manifestado en contra del uso de créditos de CO2 internacionales para cumplir el objetivo de 2040, ya que "podrían desviar recursos de las inversiones nacionales y poner en riesgo la integridad ambiental".

Por otro lado, los ministros de Medio Ambiente han acordado incluir en la Ley del Clima una cláusula de revisión reforzada que tampoco estaba en la propuesta original de Von der Leyen.

La cláusula obliga al Ejecutivo comunitario a revisar cada dos años la puesta en práctica de los objetivos intermedios de reducción de emisiones y presentar, si lo considera necesario, propuestas legislativas para modificarlos.

Finalmente, los Veintisiete han acordado retrasar un año, hasta 2028, la polémica reforma del mercado de carbono de la UE, que por primera vez gravará las emisiones procedentes del uso de combustibles en hogares y transporte por carretera.

En cuanto al objetivo para 2035, los Estados miembros han sido incapaces de pactar una cifra (en este caso se requería unanimidad) y se han conformado con un rango de entre el 66,25% y el 72,5%. De este rango, sólo el valor más alto (72,5%) se corresponde con un objetivo de recorte del 90% en 2040.

"No ha sido fácil", ha confesado el ministro de Medio Ambiente danés, Laars Aagaard, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE.

"Fijar un objetivo climático no es simplemente escoger una cifra. Es una decisión política con consecuencias de largo alcance. Por eso hemos trabajado para dar garantías de que pueda alcanzarse de una forma que preserve la competitividad, el equilibrio social y la seguridad", ha subrayado.

"Todos estamos de acuerdo en que Europa debe mantener su competitividad mientras rebajamos nuestras emisiones", insiste el presidente del Consejo de Medio Ambiente.