Un agente de policía merodea la estación de Clemenceau tras un ataque armado. Reuters
El fiscal general de Bruselas llama a los políticos a actuar contra el aumento de tiroteos en la ciudad: más de 20 este verano
La capital de Bélgica acumula 57 incidentes con armas de fuego en lo que va de año. El año pasado fueron 92.
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Bruselas sufre un verano de violencia armada. El fiscal general de la capital belga, Julien Moinil, lanzó este martes una dura crítica a la clase política por su pasividad ante la escalada de tiroteos vinculados a bandas del narcotráfico. En los últimos dos meses se han registrado más de 20 ataques con armas de fuego que han dejado dos muertos y ocho heridos, según datos de la fiscalía.
“Es hora de despertar y limpiar estos barrios infestados de drogas”, declaró Moinil en una rueda de prensa. Bajo protección policial por las amenazas recibidas de traficantes, el magistrado denunció la falta de medios para frenar una violencia que atribuye a la disputa entre redes criminales por el control de territorios.
“¿Vamos a esperar a que mueran civiles inocentes para conseguir los recursos necesarios?”, se preguntó.
En lo que va de 2025, Bruselas ha contabilizado 57 tiroteos, siete de ellos en la primera semana de agosto. Distritos como Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean y Schaerbeek concentran gran parte de los incidentes. Moinil citó como ejemplo el ataque del 5 de agosto en Molenbeek, cuando un proyectil atravesó el parabrisas de un coche en el que viajaban una mujer y su hijo de nueve años.
“Pudo haber sido una tragedia”, subrayó.
La violencia armada no es un fenómeno nuevo en la capital. En 2024, Bruselas registró 92 tiroteos, nueve muertos y 48 heridos. El origen, según las autoridades, está ligado al flujo de cocaína y otras sustancias que entran en Europa a través del puerto de Amberes, situado a 55 kilómetros, y que han convertido a este país en un punto clave para el narcotráfico.
Aunque la fiscalía ha incorporado nuevos magistrados, la policía judicial federal sufre una grave carencia de personal. Moinil reclamó también una política de salud pública más eficaz para abordar el consumo de drogas y reforzar la seguridad en las prisiones, donde muchos reclusos continúan dirigiendo sus actividades ilícitas desde teléfonos móviles. La falta o el mal funcionamiento de cámaras de vigilancia en determinados barrios, añadió, dificulta aún más las investigaciones.
La crisis institucional agrava el problema. La región de Bruselas lleva más de 400 días sin gobierno, tras las elecciones regionales de junio de 2024, que no han producido una coalición viable.
A escala nacional, el Ejecutivo liderado por el nacionalista flamenco Bart De Wever ha prometido fusionar las seis zonas policiales de la ciudad en un único cuerpo y aplicar una política de “tolerancia cero” al narcotráfico en estaciones de metro y tren, aunque la reestructuración no se prevé antes de 2027.
Colectivos vecinales denuncian la inseguridad nocturna en varias zonas de la ciudad y exigen una mayor presencia policial. El Ministerio de Justicia ha asegurado que parte de los fondos acordados en abril se destinarán a reforzar la lucha contra el narcotráfico y a dotar de más medios al sistema judicial.
