La UE creará "zonas de espera" para inmigrantes en los países de entrada hasta decidir su futuro

La prioridad absoluta es reforzar el control de las fronteras exteriores de la UE para reducir el número de entradas irregulares, que en los 11 primeros meses de 2023 han aumentado un 17% hasta alcanzar las 355.000, la cifra más alta desde 2016. La ruta más concurrida sigue siendo la del Mediterráneo Central hacia Italia (152.000 entradas irregulares), pero el mayor incremento se registra en la ruta del África Occidental hacia Canarias (32.400).

Para lograrlo, el nuevo Pacto obligará a los países que están en primera línea como Italia, España o Grecia a poner en marcha 'centros de recepción' en frontera donde se deben examinar las solicitudes de asilo. A escala de la UE, el reglamento fija la capacidad adecuada en 30.000 personas, pero el reparto entre los Estados miembros todavía no se ha calculado.

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De hecho, la reforma endurece el asilo con la creación de un nuevo procedimiento fronterizo, cuyo objetivo es evaluar rápidamente en las fronteras exteriores de la UE si las solicitudes son infundadas o inadmisibles y en su caso ejecutar las decisiones de retorno, en un plazo máximo de seis meses. Las personas sujetas al procedimiento fronterizo de asilo no estarán autorizadas a entrar en el territorio del Estado miembro.

"Es cierto que será necesario contar con lugares de acogida en los países de primera entrada, a la vez para poder realizar los controles y para acoger a las personas en el marco de la ‘zona de espera’ prevista para las personas que estén sujetas al procedimiento fronterizo. Estas estructuras necesitarán personal competente: educadores, guardias, policías", ha relatado la eurodiputada liberal francesa Fabienne Keller, ponente del reglamento de asilo.

Restricción de libertades

Keller sostiene que no todos los migrantes en estas 'zonas de espera' deben estar detenidos, sino que los Estados miembros podrán recurrir a otras formas de "restricción de libertades". Por ejemplo, la "asignación de residencia", que "puede ser suficiente para las familias que piden asilo y que mayoritariamente no platean ningún problema de seguridad.

"Es un procedimiento más rápido para las personas que no necesitan protección internacional", ha destacado la comisaria de Interior, Ylva Johansson. El procedimiento fronterizo se aplicará si el solicitante constituye un peligro para la seguridad nacional o el orden público, ha inducido a error a las autoridades con información falsa o ha ocultado información, o si la nacionalidad del demandante tiene una baja tasa de reconocimiento de asilo (como Marruecos, Túnez, Egipto o Pakistán).

Otra de las piezas del Pacto Migratorio es el nuevo reglamento Eurodac -una de las cinco piezas que componen el Pacto Migratorio- endurece el proceso de identificación a la llegada, es decir, obliga a fichar a todos los mayores de 6 años con foto y huellas dactilares para crear una base de datos común.

En esta base de datos, las autoridades podrán registrar si alguien puede representar una amenaza para la seguridad, si la persona es violenta o va ilegalmente armada. De hecho, la reforma introduce controles obligatorios de seguridad y sanitarios para las personas que entren en la UE de forma irregular.

Solidaridad a la carta

La otra gran novedad de la reforma es la creación de un mecanismo voluntario de reparto de migrantes, cuyo objetivo es redistribuir al menos 30.000 personas al año entre los Estados miembros. Los países que rechacen acoger migrantes deberán pagar una penalización de 20.000 euros por persona o aportar algún otro tipo de ayuda a los afectados por la presión migratoria. Es decir, se trata de un sistema de solidaridad a la carta sin las cuotas obligatorias que pedían España, Italia o Grecia.

La reforma ha sido criticado con dureza por las organizaciones humanitarias que trabajan con migrantes, como Cáritas, Oxfam o CEAR. "Es casi seguro que el Pacto provocará que más personas sean detenidas de facto en las fronteras de la UE, incluidas familias con niños y personas en situaciones vulnerables. Se reducen las salvaguardas para las personas que buscan asilo en la UE, muchas de las cuales serán dirigidas a procedimientos fronterizos deficientes, en lugar de recibir una evaluación justa y completa de sus solicitudes de asilo", ha denunciado Amnistía Internacional.

"El Pacto Migatorio también se queda corto a la hora de prestar apoyo a los países de primera llegada en Europa, como Italia, España o Grecia. En lugar de priorizar la solidaridad a través de las reubicaciones y el refuerzo de los sistemas de proteccion, los Estados miembros podrán simplemente pagar para reforzar las fronteras exteriores o financiar a países fuera de la UE para que impidan que la gente llegue a Europa", argumenta Amnistía.

"CEAR denuncia que las personas solicitantes de asilo deberán someterse a una serie de controles obligatorios durante los que correrían el riesgo de permanecer en condiciones de privación de libertad hasta que se les permita la entrada en la UE. Esto se haría bajo la presunción de una 'ficción jurídica de no entrada', contraria al derecho internacional y representativa del intento de consolidar las fronteras como 'espacios de no derecho'", ha lamentado esta ONG.