Manifestación contra el 'brexit' en Belfast el pasado 20 de octubre

Manifestación contra el 'brexit' en Belfast el pasado 20 de octubre Clodagh Kilcoyne/Reuters

Europa

El TJUE da la razón a los que quieren quedarse: Londres puede parar unilateralmente el 'brexit'

Bruselas

La justicia europea da la razón a los británicos que quieren quedarse, a los que creen que todavía hay una escapatoria al brexit. El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, el español Manuel Campos Sánchez-Bordona, ha dictaminado este martes que Reino Unido puede detener unilateralmente su salida de la Unión, sin necesidad de un acuerdo unánime de los otros 27 Estados miembros. 

La opinión reduce todavía más las posibilidades de que el Parlamento británico apruebe el 11 de diciembre el pacto de divorcio que Theresa May ha cerrado con la UE, que no gusta ni a los conservadores euroescépticos ni a los laboristas de Jeremy Corbyn. Tanto May como Bruselas han jugado de cara al voto la carta del miedo: la única alternativa, sostienen, es un brexit caótico sin acuerdo. La justicia europea les desmiente y señala que la Cámara de los Comunes puede parar el reloj.

"El artículo 50 del Tratado (el que desencadena el procedimiento de divorcio) admite la revocación unilateral de la notificación de la intención de retirarse de la Unión, hasta el momento en que se concluya el acuerdo de retirada, siempre que la revocación se haya decidido de conformidad con las normas constitucionales del Estado miembro, se comunique de manera formal al Consejo Europeo y no suponga una práctica abusiva", señala el dictamen de Campos Sánchez-Bordona.

La opinión del abogado general no es definitiva, pero los jueces del Tribunal de Justicia siguen sus recomendaciones en el 80% de los casos. La sentencia final se conocerá en las próximas semanas.

El dictamen supone un golpe para las instituciones de la UE, que hasta ahora han defendido que el brexit no podía revocarse unilateralmente sino que requiere un acuerdo unánime entre los 27 y Londres, ya que lo contrario abriría la puerta a abusos de cualquier Estado miembro que quiera servirse del procedimiento para negociar un estatus privilegiado. También complica las cosas a Theresa May, que siempre ha dicho que no tiene ninguna intención de parar el brexit y denuncia que este caso se está utilizando como "munición política" para presionar al Parlamento británico.

¿Una escapatoria del brexit?

En cambio, la opinión del abogado general abre nuevas posibilidades para los británicos que rechazan el acuerdo del brexit, en particular los laboristas que quieren renegociar con Bruselas. De hecho, el propio Corbyn ha sugerido en los últimos días que pedirá más tiempo si el Parlamento británico rechaza el acuerdo de May, el Gobierno cae y se celebran elecciones. Una demanda que choca con la posición oficial de la UE, que no se cansa de repetir que el compromiso que hay sobre la mesa es el único posible y rechaza una prórroga más allá de las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019, en las que ya no participa Reino Unido.

Si se materializara este escenario hipotético pero no del todo inverosímil, un nuevo Gobierno británico podría parar el brexit aunque los 27 se opongan, siempre que lo haga antes de la fecha oficial de salida, el 29 de marzo de 2019, sostiene el dictamen del abogado general. También el propio Parlamento británico podría desautorizar a May y detener la cuenta atrás.

El caso lo ha planteado el más alto tribunal de Escocia a petición de un grupo de diputados y eurodiputados escoceses que quieren parar el brexit. El TJUE se lo toma tan en serio que ha aceptado tramitarlo por el procedimiento de urgencia (entre 3 y 6 meses) y ha decidido actuar en pleno, con sus 28 jueces.

El litigio tiene como objetivo aclarar la interpretación del artículo 50 del Tratado de la UE, el que establece el procedimiento para la salida de un Estado miembro. Este artículo reconoce que todos los países de la UE tienen derecho a pedir unilateralmente su retirada de la Unión. En él se fija un plazo de dos años para negociar las condiciones, que puede prorrogarse por acuerdo unánime entre las partes. Pero no precisa qué pasa si un Gobierno se arrepiente a medio camino y decide quedarse. Reino Unido es el primer país en la historia de la UE que ha pedido marcharse: May envió la carta que desencadena el procedimiento el 29 de marzo de 2017.

No se puede forzar la salida

En su opinión de este martes, el abogado general sostiene que "la retirada de un tratado internacional, que constituye el reverso de poder celebrarlo, es, por definición, un acto unilateral de un Estado parte y una manifestación de su soberanía". "La revocación unilateral sería también una manifestación de la soberanía del Estado saliente, que opta por revertir su decisión inicial", asegura el dictamen.

El rechazo de la revocación por parte de los 27 equivaldría "en la práctica a la salida forzada de la Unión de un Estado (en este caso Reino Unido) que, según la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia, sigue siendo miembro de la Unión a todos los efectos". "Sería ilógico forzar a dicho Estado miembro a retirarse de la Unión para que luego tuviera que negociar su adhesión", alega el abogado general.

Esta posibilidad de revocación unilateral está sujeta a ciertas condiciones y límites. En primer lugar, al igual que la notificación de la intención de la retirada, debe comunicarse al Consejo Europeo mediante un acto formal. En segundo lugar, debe respetar las normas constitucionales internas. Si, como ocurre en el caso del Reino Unido, la aprobación parlamentaria es un requisito previo de la intención de retirarse, es lógico que la revocación también exija la misma aprobación. "Asimismo, deberán respetarse los principios de buena fe y de cooperación leal, con el fin de evitar que se abuse del procedimiento", dice el abogado general.

Condicionar la posibilidad de parar el brexit a la adopción de una decisión unánime de los 27 sería "incompatible" con el artículo 50 del Tratado. "Aceptar que el Consejo Europeo tenga la última palabra sobre la revocación por unanimidad incrementa el riesgo de que el Estado miembro salga de la Unión en contra de su voluntad, al escapar de su control, de su soberanía y de sus normas constitucionales el derecho de retirada (y, a la inversa, de permanencia) de la Unión", concluye el dictamen.