Las playas de la costa de Rimini.

Las playas de la costa de Rimini. Reuters

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Las playas de la mafia romana: pagar por bañarse, resorts corruptos y aguas contaminadas

Ostia (Italia)

Una mujer vestida de domingo sale del establecimiento La Nuova Pineta. “Yo no vengo a bañarme ni a tomar el sol, venimos solo a comer”, reconoce. El tópico de la domenica al mare está plenamente arraigado entre los italianos. Para los romanos se trata de una cuestión ritual. Un domingo estival uno se arregla, hace una media hora de coche y se va a pasar el día a Ostia, el pueblo más cercano del litoral. Pero nada de toalla sobre la arena, al poblador local le gusta saborear el aroma ya marchito de la dolce vita, el de las casetas de rayas, la tumbona y el servicio a la mesa. En La Nuova Pineta se puede encontrar todo eso, además de restaurante y piscina. Como éste, decenas de establecimientos balnearios han privatizado la costa romana.

Por el paseo marítimo en el que se pierde la mujer ni siquiera se ve la playa, sino una cadena de resorts adaptados a un modelo vacacional cercano, casi de andar por casa. Lo llaman el ‘Muro de Ostia’, una extensión de unos 18 kilómetros, de los que más de la mitad están ocupados por el cemento. En La Pineta –a unos pocos metros de su vecino menor, propiedad del mismo dueño- sólo se permite el paso a los antiguos socios o a quienes saquen el abono mensual. El pack de cabina, sombrilla y tumbona varía desde los 1.500 a 3.000 euros de media por temporada en este tipo de complejos.

Se trata de un espacio apto “para el reciclaje de dinero proveniente de actividades ilícitas”, señala el último informe de la asociación ecologista Legambiente. Según sus datos, en los últimos seis años 110 establecimientos balnearios han sido secuestrados a la mafia. “El nivel de rendimiento económico es altísimo, debido a un coste irrisorio de las concesiones que incide en menos de un 1% de la facturación del negocio”, añade el estudio. Según sus estimaciones, el rendimiento bruto del sector en Italia sobrepasa los 10.000 millones de euros.

El puerto de Ostia y sus alrededores están considerados como el centro de operaciones del crimen organizado romano. Hace tres años, disolvieron el ayuntamiento –en realidad se trata de una especie de junta de distrito, ya que depende del consistorio de Roma- por asociación mafiosa y sólo el noviembre pasado eligieron a un nuevo edil, del Movimiento 5 Estrellas (M5E). La alcaldesa romana, Virginia Raggi, también del M5E, prometió combatir aquí a la mafia, pero a pesar de las últimas detenciones la presencia de los clanes ha quedado incluso más patente que antes. Raggi también anunció que acabaría con el ‘Muro de Ostia’, que hoy sigue dominando el paisaje.

“El reparto de las concesiones, que tienen una duración de varios años, por parte de la administración pública ha favorecido la corrupción en los establecimientos de playa”, apunta Sebastiano Venneri, responsable de Territorio e Innovación de Ligambiente. Como ocurre también con otros negocios, como la restauración o los gimnasios, media docena de familias de Ostia se reparten el pastel con el que reinvierten el dinero del tráfico de drogas. Según Venneri, las investigaciones policiales “han comprobado una relación directa entre las actividades ilícitas y este tipo de locales que se mueven en la alegalidad”. Decenas de ellos han recibido orden de derribo e incluso el establecimiento del dueño de la patronal de este sector, Renato Papagni, ha sido clausurado por un delito de abuso urbanístico.

Pagar por acceder al mar

El litoral romano es el ejemplo más paradigmático, pero la situación se repite por todo el territorio nacional. Sólo este año, las autoridades han intervenido complejos que no cumplían con la normativa en las regiones de Campania, Puglia o Sicilia. La concentración es mayor en el sur, pero también ocurre en zonas septentrionales. Según un informe del grupo Los Verdes, el 51% del litoral italiano está edificado, una de las tasas más altas en toda Europa. Y en ese negocio del ladrillo es donde campan las mafias que controlan el territorio.

En la región de Liguria, al noroeste, tan sólo el 14% de las playas son libres. En el resto hay que pagar por acceder al mar. En el Lazio –donde se encuentra el litoral romano- las zonas de libre acceso representan el 15%, mientras que en Emilia Romaña la tasa es del 23%. Por el contrario, en Campania, Calabria o Sicilia las playas públicas superan el 60% del total.

En los últimos años la Justicia ha emitido varias sentencias que dictaminan que esta situación es ilegal, que la costa no puede estar controlada por entes privados y que, por tanto, deben permitir el acceso al bañista. Según la ley italiana, las tumbonas y las sombrillas pueden ocupar la arena, pero al menos los cinco primeros metros de playa deberían ser de libre acceso. Recientemente, lo han reiterado tribunales de Cerdeña, Campania y Lazio, pero la realidad sigue siendo diferente.

“A fuerza de tradición, los romanos se han acostumbrado a que sus playas se conviertan en un espacio privado”, reitera Sebastiano Venneri. Para poder disfrutar del sol y el mar es necesario recorrer al menos otra decena de kilómetros para encontrar una estrecha franja de costa abierta a todos los públicos. Además, en ese espacio, al menos el 70% de las aguas están contaminadas, según asociaciones ecologistas. Las basuras y los residuos de industrias cercanas disuaden del baño, pero sigue siendo domingo y ya se sabe lo que eso implica. Cientos de romanos, con menos remilgos, se concentran en torno al chiringuito. Con la tumbona y la sombrilla contratadas y el café a la mesa, eso sí.