El teatro romano y el Teatrápilo de Palmira han sido destruidos por el Estado Islámico.

El teatro romano y el Teatrápilo de Palmira han sido destruidos por el Estado Islámico. Omar Sanadiki / Reuters.

Europa

La UE quiere frenar el tráfico de antigüedades que financia al Estado Islámico

Bruselas propone endurecer los controles sobre las importaciones de obras de arte procedentes de zonas de conflicto.

13 julio, 2017 15:33
Bruselas

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El tráfico de antigüedades procedentes de zonas de conflicto como Irak o Siria se ha convertido en un lucrativo negocio para el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas, al mismo nivel que el comercio de drogas o armas. El grupo yihadista destruye sitios históricos como la ciudad monumental de Palmira, los saquea, vende los restos arqueológicos a coleccionistas en la UE y con los beneficios obtenidos financia sus ataques terroristas en territorio europeo. Bruselas quiere romper este modelo de negocio y ha presentado este jueves un plan para reforzar los controles aduaneros a las importaciones de bienes culturales.

"El tráfico de obras de arte es un arma perfecta para los grupos terroristas", ha afirmado en rueda de prensa el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, uno de los autores de la propuesta. "No podemos aceptar que los terroristas roben antigüedades en Siria e Irak y las vendan ilegalmente en Europa para financiar actos terroristas contra ciudadanos europeos", ha resaltado Moscovici.

El volumen de negocios del comercio ilícito de bienes culturales es difícil de determinar, ya que se trata de una actividad delictiva. Según Interpol, el mercado negro de obras de arte tiende a ser igual de lucrativo que el tráfico de armas y drogas o que las falsificaciones.

El comisario Moscovici, durante la presentación del reglamento

El comisario Moscovici, durante la presentación del reglamento Comisión Europea

De acuerdo con algunas estimaciones, los objetos son de origen ilícito en entre el 80% y el 90% de las ventas de antigüedades. Otro estudio citado por Bruselas, el tráfico de antigüedades genera beneficios de entre 2.500 y 5.000 millones de euros al año. "Son cantidades significativas que permiten financiar de forma importante actividades terroristas", afirma Moscovici. El año pasado se interceptaron en el aeropuerto de París dos frisos sirios valorados en más de 400.000 destinados al mercado negro.

Objetos de más de 250 años

La UE ya ha adoptado medidas para prohibir la importación de objetos culturales procedentes de Irak y Siria. Pero los traficantes esquivan este veto trasladando las antigüedades saqueada a otros países terceros antes de introducirlas en Europa. Alemania, Francia, Austria y Holanda han aprobado y puesto en marcha un refuerzo de la vigilancia con el fin de combatir este tráfico ilícito. No obstante, los terroristas se aprovechan del mosaico de reglas diferentes para entrar en la Unión a través de los países más vulnerables y que no han legislado.

Por todos estos motivos, Bruselas ha propuesto un reglamento de la UE para luchar de forma eficaz contra el tráfico ilegal de antigüedades. El borrador incluye por primera vez una definición europea común de lo que es un "bien cultural", que cubre una gran variedad de objetos, como artefactos arqueológicos, manuscritos antiguos o vestigios de monumentos históricos. Las nuevas normas se aplicarán sólo a las antigüedades de más de 250 años, las que se consideran más amenazadas.

En el caso de los objetos arqueológicos, los restos de monumentos y los manuscritos antiguos, los importadores que quieran traerlos a Europa deberán obtener una licencia. Este certificado será otorgado por la autoridad competente del país de entrada después de verificar que su procedencia es legal. Para el resto de bienes culturales, bastará que el importador presente una declaración firmada garantizando que cumple las reglas.

Los 120.000 funcionarios de aduanas que hay en la UE tendrán poderes reforzados para incautarse de las antigüedades cuando no pueda demostrarse que se han exportado de forma legal.

El reglamento obliga además a todos los países miembros de la UE a fijar sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para los que no cumplan las reglas. Si los Gobiernos y la Eurocámara le dan su visto bueno, entrará en vigor el 1 de enero de 2019.