Donald Trump comparece desde el Red Rock Casino Resort Spa en Las Vegas. Reuters
Trump declara la guerra al secreto profesional: registros del FBI y citaciones para obligar a periodistas a revelar sus fuentes
La presión también afecta a los corresponsales extranjeros: su estancia con un visado de prensa quedará limitada a 240 días, 90 para los periodistas chinos.
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Para descubrir quién habla con la prensa, Donald Trump no necesita prohibir un artículo ni sentar a su autor en el banquillo. Le basta con convertir el teléfono del periodista en la escena del crimen.
Una lista de llamadas revela quién contactó con quién y un dispositivo incautado abre años de mensajes y relaciones. Si el reportero no identifica a su fuente, el Gobierno puede tratar de reconstruirla a su alrededor.
Esa lógica ya ha llevado al FBI hasta la casa de una periodista de The Washington Post, ha permitido reclamar datos telefónicos de reporteros de The New York Times y ha arrastrado por "error" a sus familiares.
Trump acaba de explicar la doctrina: "No perseguimos a los periodistas, perseguimos a los filtradores". El problema es el método para encontrarlos: "A través de los periodistas".
Hannah Natanson cubría para el Post los despidos y las purgas dentro de la Administración federal. Más de mil funcionarios se habían puesto en contacto con ella, muchos mediante aplicaciones cifradas. Su teléfono era un directorio de personas dispuestas a contar lo que ocurría dentro del Gobierno.
El FBI apareció en su casa a las 6.05 de la mañana. Investigaba a un contratista del Pentágono acusado de conservar documentos clasificados y compartir información con la reportera.
Natanson no estaba acusada de ningún delito, pero los agentes se llevaron su móvil, dos ordenadores, una grabadora, un disco duro y hasta el reloj que utilizaba para hacer ejercicio.
Un juez había rechazado dos versiones de la orden antes de autorizar una tercera mucho más limitada.
Desde 1980 existe una ley federal concebida para evitar que la policía registre la casa o la redacción de un periodista cuando puede reclamar el material mediante una citación, que permite recurrir antes de entregarlo.
Peatones pasan junto al edificio del New York Times en Manhattan, Nueva York.
La norma nació después de que la policía registrara el periódico de la Universidad de Stanford en busca de fotografías de una protesta. El Tribunal Supremo avaló la actuación y el Congreso respondió con la Privacy Protection Act: el Gobierno no debía llevarse primero un archivo periodístico entero y discutir después qué parte podía examinar.
Los fiscales no mencionaron esa ley ni explicaron que Natanson no era el objetivo. Al descubrirlo, el juez decidió que el propio tribunal separaría la información relacionada con el contratista.
Para entonces, las fuentes de la reportera habían dejado de responderle. El registro había logrado un resultado sin descubrir una sola filtración.
El avión de Qatar y la pesca de arrastre
El segundo frente comenzó con el Boeing 747 que Qatar regaló a Estados Unidos como nuevo avión presidencial. La Administración gastó unos 400 millones de dólares en adaptarlo, pero Trump regresó al antiguo Air Force One cuando aumentaron las amenazas de Irán.
The New York Times reveló que el Servicio Secreto había recomendado el cambio porque el avión catarí carecía de algunas defensas del anterior. Antes de publicar la información, el FBI pidió al periódico que detuviera su difusión por seguridad nacional, sin explicar el peligro concreto, y quiso conocer sus fuentes. El Times se negó.
El director del FBI, Kash Patel, pasó cerca de ocho horas en la Casa Blanca coordinando la investigación. Poco después, varios agentes se presentaron en las casas de los periodistas con citaciones para que declarasen ante un gran jurado e identificaran a quienes les habían proporcionado la información.
El director del FBI, Kash Patel, en una imagen de archivo.
Los fiscales solicitaron registros telefónicos desde el 1 de enero e incluyeron datos de la madre de un periodista y las parejas de otros dos.
El Departamento de Justicia atribuyó el error a la prisa. No es exactamente la explicación más tranquilizadora. Esos metadatos no permiten escuchar una llamada, pero muestran quién habló con quién y pueden delatar una fuente sin que el periodista diga su nombre.
El juez Arun Subramanian recordó al Gobierno que citar a un reportero debe ser el último recurso. Como los fiscales no demostraron haber agotado las demás vías, les ofreció retirar las citaciones o esperar a que él las anulara. Optaron por retirarlas, aunque pueden volver a emitirlas.
Durante la primavera, el Gobierno había enviado otras a periodistas del Post y de The Wall Street Journal con idéntico desenlace.
El escudo que Trump mandó "matar"
La Constitución española reconoce expresamente el secreto profesional. La estadounidense protege la libertad de prensa, pero no concede un derecho federal absoluto a ocultar las fuentes. Desde 1972, un reportero no puede invocar automáticamente la Primera Enmienda para negarse a declarar ante un gran jurado.
La PRESS Act debía cerrar ese vacío.
Apoyada por republicanos y demócratas, habría impedido al Gobierno obligar a los periodistas a identificar fuentes o conseguir sus datos a través de proveedores, salvo en emergencias. La Cámara de Representantes la aprobó sin oposición en 2024. Tras ganar las elecciones, Trump ordenó al Senado: "¡aniquilar la ley!". El republicano Tom Cotton la bloqueó.
Otros presidentes también persiguieron filtraciones. Barack Obama obtuvo registros telefónicos de Associated Press y el primer Gobierno de Trump consiguió datos de reporteros de CNN, del Times y del Post.
Joe Biden y su hijo Hunter. Reuters
Los escándalos provocaron restricciones y Joe Biden terminó prohibiendo estos métodos para descubrir fuentes durante el trabajo periodístico.
Pam Bondi desmontó esa protección en abril de 2025. La antigua fiscal general permitió entonces utilizar esos instrumentos para localizar a quienes revelen información clasificada, privilegiada o simplemente "sensible".
La norma aún exige agotar otras vías y obtener autorización en los niveles más altos, pero dos jueces ya han tenido que recordar al Gobierno sus propias salvaguardas.
La presión acaba de alcanzar también a los corresponsales extranjeros. Desde el 15 de septiembre, su estancia con un visado de prensa quedará limitada a 240 días, tan solo 90 para los periodistas chinos.
![Tucker Carlson en Canberrra, Australia en 2024](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11307770.jpg?p=w:320\/h:240&h=IiHjjPG5"])
Quienes necesiten continuar deberán solicitar una prórroga y someterse a otra revisión, cuando hasta ahora podían permanecer mientras durase su trabajo.
Seguridad Nacional presenta el cambio como una medida contra el fraude. Las organizaciones periodísticas advierten de que entrega al Gobierno una palanca para castigar coberturas incómodas: la corresponsalía puede durar años, pero el permiso dependerá de Washington cada ocho meses.
Trump llama a los filtradores "cobardes", "antipatriotas" y "traidores". Un Gobierno no necesita cerrar un periódico para condicionar lo que publica. Puede registrar la casa de una reportera, citar a otros para que revelen sus fuentes y someter a los corresponsales extranjeros a nuevas autorizaciones.
El resultado es el mismo: que el funcionario no haga la llamada y que el periodista se lo piense antes de responder.
