Donald Trump firma una orden ejecutiva en el Despacho Oval.

Donald Trump firma una orden ejecutiva en el Despacho Oval. REUTERS/Aaron Schwartz

EEUU

El Supremo de EEUU rechaza el intento de Trump de limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

Pretendía retirar el derecho a nacionalidad a los nacidos en EEUU si sus padres residen en el país de manera irregular.

Más información: Una bebé de 5 meses se enfrenta a Trump en un juicio sobre la ciudadanía por nacimiento que puede cambiar EEUU

P. Fava I. Nodal
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Las claves

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El Tribunal Supremo de EEUU rechazó la orden ejecutiva de Trump que buscaba limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes nacidos en el país.

La Corte, con una votación de 5 a 4, confirmó que los nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos por la Decimocuarta Enmienda, salvo excepciones como hijos de diplomáticos.

La medida de Trump pretendía evitar que unos 250.000 niños al año obtuvieran la ciudadanía automática si sus padres no eran ciudadanos o residentes permanentes.

De haberse aprobado la propuesta, millones de personas nacidas en EEUU podrían haber quedado apátridas, dependiendo de la legislación de los países de origen de sus padres.

El Tribunal Supremo de EEUU falla contra el intento de Donald Trump de limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Se trata de la norma según la cual los nacidos en suelo estadounidense adquieren automáticamente la nacionalidad independientemente de su origen.

El caso se refiere a una bebé hija de una joven pareja migrante: ella llegó desde Colombia, él, de Argentina, y ambos tienen estatus de residencia temporal. El propio presidente de EEUU, en un gesto histórico, se desplazó para estar presente en la primera sesión del proceso.

El 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para impedir que los niños nacidos en Estados Unidos obtengan automáticamente la ciudadanía si sus padres no son ciudadanos o residentes permanentes. Desde entonces, la medida se ha convertido en una pieza central de su agenda migratoria.

El dictamen reconoce que "los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están 'sujetos a la jurisdicción'" por lo que "son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda".

La decisión fue adoptada por cincos votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte, y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidenses a casi cualquier persona que nazca dentro de la nación. Existen ciertas excepciones, como los hijos de funcionarios diplomáticos.

El juez Brett Kavanaugh disintió parcialmente al no compartir la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía, pero tampoco respaldó el decreto de Trump, que eliminaría de facto la ciudadanía por nacimiento.

Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento "totalmente" automática.

Por qué Trump quería derogarlo

El argumento de la Casa Blanca es que la 14ª Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, ha sido interpretada de forma demasiado amplia durante más de un siglo. Según esta lectura, la cláusula que otorga la ciudadanía a quienes nacen en el país no debería aplicarse a hijos de inmigrantes en situación irregular ni a quienes entran con visados temporales.

Trump ha vinculado esta reinterpretación a un discurso político muy reconocible. Sostiene que la ciudadanía por nacimiento actúa como incentivo para la inmigración irregular, que facilita lo que denomina "turismo de parto" y que puede generar riesgos de seguridad.

Más allá de la tensión entre discurso y realidad, la propuesta encaja en una estrategia más amplia: redefinir la ciudadanía como un estatus menos automático y más condicionado. No es solo una discusión legal. Es una forma de replantear quién pertenece al país.

Ese planteamiento cuenta con respaldo político dentro del trumpismo, pero no está exento de fricciones. Incluso entre sectores conservadores existe cierta cautela sobre la viabilidad jurídica de la medida, conscientes de que el cambio que se propone no es menor. Implica cuestionar una interpretación asentada durante generaciones.

De prosperar la interpretación que defiende la Administración Trump , en torno a 250.000 niños al año dejarían de adquirir automáticamente la ciudadanía estadounidense, según estimaciones incluidas en escritos presentados ante el propio tribunal.

La proyección es aún más significativa. A medio plazo, implicaría la aparición de millones de personas nacidas en Estados Unidos sin ciudadanía, una situación inédita en la historia reciente del país. El problema no es solo la magnitud, sino la falta de encaje legal.

El sistema estadounidense no prevé una categoría amplia de nacidos en el país sin ciudadanía. Muchos de esos niños dependerían de la legislación de los países de origen de sus padres para obtener una nacionalidad, lo que en algunos casos no es automático o exige trámites complejos fuera del territorio estadounidense.

En otros, implicaría regresar a países de los que las familias huyeron. El riesgo de apatridia —prácticamente inexistente hoy en EEUU— pasaría a ser un escenario real. Desde el punto de vista jurídico, la dificultad para que prospere la tesis de la Administración es considerable.