Pancartas contra los aranceles de Trump ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Pancartas contra los aranceles de Trump ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Efe

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos cuestiona la legalidad de los aranceles generalizados aprobados por Donald Trump

Los jueces tratan de determinar si el presidente usurpó facultades del Congreso al imponerlos con una ley de 1977 destinada a su uso en emergencias nacionales.

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Las claves

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha cuestionado la legalidad de los aranceles generalizados aprobados por Donald Trump, en un caso con posibles repercusiones económicas globales.

Magistrados tanto conservadores como liberales han interrogado a la defensa de Trump sobre si el presidente excedió sus poderes al imponer aranceles basándose en una ley de 1977 pensada para emergencias nacionales.

Algunos jueces conservadores mostraron dudas sobre hasta dónde llegan los poderes presidenciales en política exterior, lo que apunta a una posible división en la Corte Suprema.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos cuestionaron este miércoles la legalidad de los aranceles generalizados aprobados por Donald Trump en un caso con implicaciones para la economía mundial que supone una prueba importante de los poderes del mandatario.

Tanto los magistrados conservadores como los liberales preguntaron duramente al abogado que representaba a la Administración Trump sobre si el presidente había usurpado las facultades del Congreso al imponer aranceles en virtud de una ley de 1977 destinada a su uso durante emergencias nacionales.

Sin embargo, algunos magistrados conservadores también indicaron que tenían dificultades para reconocer el poder inherente de los presidentes en sus relaciones con otros países, lo que sugiere que el Tribunal Supremo podría estar muy dividido en el resultado del caso. El Tribunal tiene una mayoría conservadora de 6-3.

Durante los alegatos, que duraron más de dos horas y media, los magistrados preguntaron al procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, si la aplicación por parte de Trump de esta ley para imponer aranceles de duración ilimitada constituía una acción importante del poder ejecutivo que requeriría una autorización clara del Congreso.

Esas cuestiones tienen relación con la doctrina de las "cuestiones principales" del Tribunal Supremo, que exige que las acciones del poder ejecutivo de gran trascendencia económica y política sean claramente autorizadas por los legisladores estadounidenses.

Los argumentos surgieron en las apelaciones interpuestas por la administración después de que tribunales inferiores dictaminaran que su uso sin precedentes de la ley en cuestión para imponer los aranceles excedía su autoridad. Empresas afectadas por los aranceles y doce estados de EE. UU., la mayoría gobernados por demócratas, impugnaron los aranceles.

Los aranceles —impuestos a los productos importados— podrían sumar billones de dólares para Estados Unidos en la próxima década. Es por eso que Trump ha ejercido una fuerte presión sobre el Tribunal Supremo para que mantenga los aranceles que ha utilizado como una herramienta clave de política económica y exterior.

Algunos de los magistrados conservadores también formularon preguntas incisivas a los dos abogados que argumentaban en contra de los aranceles. Neal Katyal, en representación de las empresas, y Benjamin Gutman, en representación de Oregon, uno de los estados involucrados en el caso.

El procurador general de Estados Unidos, Sauer, inició la argumentación defendiendo el razonamiento jurídico empleado por el presidente, pero inmediatamente se enfrentó a preguntas que generaban escepticismo sobre los argumentos de la administración acerca del lenguaje y el propósito del estatuto en cuestión.

Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. Se apoya en esa ley porque permite al presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional.

Imposición de aranceles

Sauer afirmó que Trump determinó que el déficit comercial estadounidense ha llevado al país al borde de una catástrofe económica y de seguridad nacional. También añadió que la imposición de aranceles ha beneficiado a Trump al permitirle negociar acuerdos comerciales, y que deshacer esos acuerdos "nos expondría a represalias comerciales despiadadas por parte de países mucho más agresivos y llevaría a Estados Unidos de la fortaleza al fracaso, con consecuencias ruinosas para la economía y la seguridad nacional".

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, no al presidente, la facultad de imponer impuestos y aranceles. El gobierno ha argumentado que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) permite la imposición de aranceles al autorizar al presidente a "regular" las importaciones para hacer frente a emergencias.

La imposición de impuestos a los estadounidenses "siempre ha sido la principal facultad del Congreso", dijo el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, a Sauer, añadiendo que estos aranceles parecen estar aumentando los ingresos, algo que la Constitución contempla como una función del Congreso.

Trump invocó la IEEPA para imponer aranceles a los productos importados de determinados países para abordar lo que él denominó una emergencia nacional relacionada con el déficit comercial de Estados Unidos, así como en febrero como medida de presión económica sobre China, Canadá y México para frenar el tráfico del analgésico fentanilo, frecuentemente utilizado de forma indebida, y de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett interrogó a Sauer sobre su argumento de que el lenguaje de la IEEPA que otorga a los presidentes poderes de emergencia para "regular las importaciones" abarca los aranceles.

"¿Puede usted señalar algún otro lugar del código o algún otro momento de la historia en el que esa frase, junto con 'regular la importación', se haya utilizado para conferir autoridad para imponer aranceles?", preguntó Barrett.

Trump es el primer presidente en utilizar la IEEPA para imponer aranceles, una de las muchas maneras en que ha ampliado agresivamente los límites de la autoridad ejecutiva desde que regresó al cargo en áreas tan variadas como su represión de la inmigración , el despido de funcionarios de agencias federales y los despliegues militares nacionales .

La jueza liberal Elena Kagan presionó a Sauer sobre su afirmación de que los aranceles de Trump están respaldados por las facultades inherentes del presidente según la Constitución. Kagan afirmó que la facultad de imponer impuestos y regular el comercio exterior se considera generalmente una facultad esencial del Congreso, no del presidente.

La jueza liberal Ketanji Brown Jackson afirmó que la IEEPA tenía como objetivo limitar la autoridad presidencial, no ampliarla.

"Está bastante claro que el Congreso intentaba limitar los poderes de emergencia del presidente", dijo Jackson.

El juez conservador Brett Kavanaugh insinuó una posible simpatía por Trump , señalando que el expresidente Richard Nixon impuso un arancel mundial en virtud de la ley predecesora de la IEEPA en la década de 1970, que contenía un lenguaje similar a "regular la importación".

Doctrina de las "cuestiones fundamentales"

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aplicó la doctrina de las "cuestiones fundamentales" para invalidar políticas clave del predecesor demócrata de Trump , Joe Biden.

Sauer afirmó que las medidas del presidente al imponer los aranceles no infringieron la doctrina del Tribunal Supremo sobre las " cuestiones fundamentales ", la cual exige que las acciones del poder ejecutivo de gran trascendencia económica y política sean expresamente autorizadas por el Congreso.

El Supremo aplicó esta doctrina para invalidar políticas clave del predecesor demócrata de Trump , Joe Biden.

Sauer afirmó que la doctrina no se aplica en el contexto de las relaciones exteriores, pero el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, planteó entonces dudas de que el poder del presidente en este ámbito pudiera anular los poderes inherentes del Congreso.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha respaldado a Trump en una serie de decisiones emitidas este año con carácter de urgencia.

Si bien la es un órgano que suele tardar meses en emitir fallos tras escuchar los argumentos, el gobierno de Trump le ha pedido que actúe con celeridad en este caso, aunque aún no se sabe cuándo se emitirá la decisión.