Trump plantea prohibir el acceso a las armas sólo a las personas trans tras la masacre en un colegio de Mineápolis

Según reveló The Wall Street Journal, altos cargos del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) discutieron la posibilidad de impedir que las personas trans compren armas de fuego, tras el tiroteo perpetrado la semana pasada en una iglesia católica de Mineápolis que dejó dos menores muertos y varios heridos.

La atacante era una joven de 23 años que se identificaba como mujer trans, Robin M. Westman.

Las conversaciones internas, según fuentes citadas por el diario, giraron en torno a la idea de utilizar la legislación ya existente que restringe el acceso a las armas a personas con enfermedades mentales.

La intención era explorar si este marco legal podría ampliarse para incluir a los ciudadanos transgénero.

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Aunque de momento no hay ninguna propuesta formal sobre la mesa, el mero hecho de que se haya debatido una medida de este tipo ha desatado una fuerte reacción.

Globo sonda explosivo

El portavoz del DOJ reconoció que el departamento está “evaluando activamente opciones para prevenir el patrón de violencia observado en individuos con determinados desafíos de salud mental y abuso de sustancias”.

Pero matizó que “no se ha avanzado ninguna propuesta específica de justicia criminal en este momento”.

La Casa Blanca, por su parte, no ha querido pronunciarse.

Pese a esa cautela, la filtración ha hecho saltar las alarmas entre los grupos defensores del derecho a portar armas, un colectivo que constituye uno de los pilares políticos y económicos del trumpismo.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) invirtió decenas de millones de dólares en las campañas presidenciales de Donald Trump, y las organizaciones afines se han apresurado a advertir que el Gobierno estaría cruzando una línea peligrosa.

“Prohibir las armas a un tipo determinado de personas es una locura. La historia demuestra que cualquier regla nueva que invente el Gobierno se acabará usando contra comunidades desfavorecidas, incluidos conservadores y propietarios de armas respetuosos con la ley”, denunció Taylor Rhodes, portavoz de la National Association for Gun Rights.

Al menos un influyente líder del movimiento ya se ha dirigido a la Casa Blanca para expresar su preocupación y recibió garantías de que no habrá avances inmediatos.

Derechos trans cuestionados

El episodio se enmarca en un contexto más amplio de ofensiva de la administración Trump contra los derechos de las personas trans.

El presidente ya ha ordenado prohibir su presencia en las Fuerzas Armadas y ha amenazado con cortar fondos a los estados que permitan a mujeres trans competir en equipos deportivos femeninos.

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La posibilidad de restringir también su acceso a las armas sería un paso sin precedentes en la política estadounidense.

Organizaciones LGTBQ han denunciado que la mera idea constituye un ataque directo contra toda la comunidad.

“Aquellos supuestos conservadores que promueven arrebatarnos la Segunda Enmienda sin debido proceso están serrando la rama sobre la que se sientan”, alertó Erin Palette, fundadora de Operation Blazing Sword, un grupo que entrena a personas LGTBQ en el uso de armas.

Casos excepcionales

En los últimos 40 años, solo se han documentado dos casos de autores de tiroteos escolares en EEUU que fueran transgénero.

Se trata de Alec (Maya) McKinney, uno de los responsables del ataque en 2019 contra la STEM School Highlands Ranch, en Colorado, identificado por los tribunales como hombre trans.

Y de Audrey Hale, autora del tiroteo de 2023 en The Covenant School de Nashville, que según la policía se identificaba como varón.

A estos dos casos se suma el de Robin M. Westman en Mineápolis.

Estos episodios, aunque muy mediáticos, representan una minoría ínfima frente al patrón abrumador de tiradores varones cisgénero en los “school shootings”, que cuentan más de 800 con víctimas en las últimas 4 décadas, y casi el doble sumando los casos en que no las hubo.

Obstáculos legales

Más allá del debate político, expertos legales señalan que la Constitución juega en contra de cualquier intento de vetar la compra de armas a colectivos definidos por su identidad.

“El Tribunal Supremo ha sostenido que no se puede desarmar a grupos enteros de personas en base a una etiqueta; tiene que haber un hallazgo individualizado de peligrosidad”, recordó Chuck Michel, presidente de la California Rifle & Pistol Association.

La tensión es doble: por un lado, el aumento de los tiroteos masivos en EEUU ha reactivado la presión para reforzar el control de armas; por otro, la administración Trump ha hecho de la erosión de los derechos de las personas trans una seña de identidad.

La combinación de ambos frentes podría desembocar en un choque institucional y judicial de gran envergadura.

Lo que está claro es que la mera insinuación de un veto ha servido para unir a dos colectivos tradicionalmente enfrentados: los defensores de los derechos LGTBQ y los adalides de la Segunda Enmienda.

Ambos coinciden en que discriminar a un grupo concreto -sea cual sea- abriría la puerta a un recorte generalizado de libertades.