Manifestantes durante la audiencia sobre la suspensión de fondos a Harvard, el 21 de julio de 2025. Reuters
Victoria judicial de Harvard sobre Trump: la universidad más antigua de EEUU recupera sus fondos para investigación
La decisión marca un punto de inflexión en la batalla con la administración republicana, que ha convertido a Harvard en el blanco central de su cruzada contra lo que considera “antisemitismo rampante” y “excesos ideológicos”.
“Ningún Gobierno debe dictar a las universidades privadas qué pueden enseñar, a quién contratar o qué áreas investigar”.
Más información: El Gobierno de Trump acusa a Harvard de antisemitismo en una carta que las redes sociales ridiculizan corregida en rojo
Un tribunal federal de Boston ha asestado este miércoles un duro golpe a la Casa Blanca de Donald Trump al dictaminar que la congelación de fondos de investigación contra Harvard University fue “ilegal e inconstitucional”.
La sentencia, firmada por la jueza Allison Burroughs, anula la medida del Gobierno y prohíbe que se repita en el futuro bajo los mismos argumentos, como informó The Washington Post.
La decisión marca un punto de inflexión en la batalla que enfrenta a la universidad más antigua del país con la administración republicana, que ha convertido a Harvard en el blanco central de su cruzada contra lo que considera “antisemitismo rampante” y “excesos ideológicos” en los campus.
Un ataque ideológico
El origen del pulso se remonta a abril, cuando un grupo de trabajo federal sobre antisemitismo envió a Harvard un ultimátum para cambiar su gobernanza, sus políticas de admisión, contratación y disciplina estudiantil.
Ante la negativa de la institución, presidida por Alan Garber, la Casa Blanca congeló miles de millones en fondos de investigación.
“Ningún Gobierno debe dictar a las universidades privadas qué pueden enseñar, a quién contratar o qué áreas investigar”, replicó Garber en una carta a la comunidad académica.
Harvard respondió con dos demandas que ahora empiezan a dar frutos. Burroughs concluyó que la administración actuó con “represalias, condiciones inconstitucionales y coerción”, violando la Primera Enmienda, la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Procedimientos Administrativos.
En su opinión, el argumento del antisemitismo fue un “pretexto ideológico” para doblegar a las universidades críticas con Trump.
Una ofensiva más amplia
El caso de Harvard no es aislado. En su segundo mandato, Trump ha convertido la política universitaria en un campo de batalla.
Ha ordenado congelar fondos en varios centros, abierto decenas de investigaciones y lanzado amenazas de retirar el estatus fiscal a instituciones “controladas por la izquierda”. Tres universidades de la Ivy League ya cedieron parcialmente a sus exigencias.
![Manifestación de estudiantes para que la Universidad de Harvard resista frente a las demandas de Trump.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/04\/15\/actualidad\/1003743715017_254781321_320x180.jpg"])
La Universidad de Pensilvania, por ejemplo, aceptó vetar a los atletas transgénero en competiciones deportivas; Columbia pactó el pago de más de 200 millones al Tesoro y 21 millones a profesores judíos; y Brown acordó destinar 50 millones a programas de empleo en Rhode Island.
En todos los casos, el levantamiento de los vetos financieros vino acompañado de concesiones significativas.
El Departamento de Justicia incluso ha planteado a la Universidad de California en Los Ángeles un acuerdo que implicaría un desembolso de mil millones de dólares, una cifra que la dirección del centro calificó de “devastadora” para el sistema público.
La batalla judicial continúa
La resolución de Boston supone una victoria para Harvard y para buena parte del mundo académico, que ve en este caso un termómetro de hasta qué punto las universidades pueden resistirse a la agenda ideológica de Trump.
Sin embargo, la Casa Blanca ya ha adelantado que apelará la sentencia. El propio presidente anticipó en redes sociales que la jueza fallaría en contra del Gobierno y prometió mantener la presión.
El fallo subraya además el riesgo que las decisiones de la administración han tenido para el progreso científico: “Han puesto en peligro décadas de investigación y el bienestar de quienes podrían beneficiarse de ella”, escribió la magistrada.
Mientras tanto, el pulso se recrudece. El Gobierno insiste en que Harvard no ha combatido con suficiente firmeza el antisemitismo desde el estallido de la guerra en Gaza, mientras que la universidad denuncia una ofensiva política para silenciar voces críticas y acabar con los programas de diversidad, equidad e inclusión.
Lo que está en juego trasciende a Harvard: se trata de definir hasta dónde puede llegar un presidente para condicionar la vida académica y cuáles son los límites constitucionales de esa injerencia.
Por ahora, la justicia ha dado un respiro a la universidad más emblemática de EEUU, pero la batalla está lejos de terminar.
