El gobernador de California, Gavin Newsom, anuncia la redistribución de distritos en Los Ángeles. Reuters
Trump envió agentes fronterizos enmascarados y con rifles a intimidar al gobernador de California en Los Ángeles
A la espera del veredicto judicial en California y el Distrito de Columbia, las fuerzas federales dependientes de la Casa Blanca siguen con sus campañas de intimidación contra enemigos políticos.
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Entre quince y veinte agentes fronterizos, dependientes del Departamento de Seguridad Nacional, se presentaron el pasado jueves en un mitin del gobernador de California, Gavin Newsom, en el centro de Los Ángeles. Su presencia, desde luego, no pasó inadvertida: entraron en el recinto con pasamontañas y armados con rifles en un acto que nada tenía que ver con la inmigración. Patrullas de estos agentes fronterizos pasean por distintas ciudades de California desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
El dudoso trabajo de estos grupos cazainmigrantes provocó masivas protestas el pasado mes de junio en San Francisco y Los Ángeles y el consiguiente despliegue de la Guardia Nacional y los Marines por parte del presidente de los Estados Unidos. Pese a que, en los últimos diez años, la población ilegal en California ha bajado de los 2,8 millones a los 1,8 actuales, Trump prefirió señalar al gobernador demócrata en vez de centrarse en otros estados donde el problema sigue creciendo como Texas o Florida, ambos bajo gobiernos republicanos.
A la intimidación de estos patrulleros, acusados a menudo de arbitrariedad en sus detenciones y sus registros, se le añadía así el control parcial sobre la ley y el orden en California. Una demostración de fuerza en toda regla que Newsom se negó a aceptar y que sigue aún pendiente de la decisión de un juez federal, que puede considerarla injustificada y por lo tanto inconstitucional.
La situación en Washington
La presencia de miembros de estos grupos en un mitin de un rival político parece más propia de países autocráticos o dictatoriales que de la considerada mayor democracia del mundo. No está claro si se pretendía intimidar al propio Newsom, a sus votantes o a la sociedad californiana en general. El objeto del encuentro era presentar un plan para reestructurar distintas circunscripciones congresionales en California, a la manera de lo que ha hecho el Partido Republicano en Texas, para optimizar el posible reparto de escaños de cara a las legislativas de noviembre de 2026.
Coincide esta acción con un momento muy delicado también en la capital del país, Washington, o, más bien, en el llamado Distrito de Columbia, como se conoce administrativamente todo el área metropolitana. El pasado lunes, Trump decidió desplegar también allí a la Guardia Nacional y hacerse cargo de la policía local, que ha pasado a depender directamente de la Casa Blanca, arrinconando a la alcaldesa demócrata, Muriel Bowser.
De momento, sus principales objetivos han sido los varios campamentos de vagabundos ubicados en distintas zonas de la ciudad. El jueves por la tarde-noche, diversas patrullas de agentes federales, militares y policías locales expulsaron o detuvieron a varios de estos “sintecho”, aunque aún no hay cifras oficiales al respecto. La federalización del Distrito de Columbia, una prerrogativa presidencial, se justificó alegando la alta criminalidad. Los datos del Departamento de Justicia, sin embargo, indican que los crímenes con violencia se redujeron en 2024 hasta mínimos no vistos en las últimas tres décadas.
![El presidente estadounidense, Donald Trump, en la rueda de prensa de ayer en Washington D.C.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/08\/11\/actualidad\/1003743882983_257925017_320x240.jpg"])
Houston, ¿el siguiente objetivo de Trump?
La respuesta demócrata, de momento, ha sido tibia. Más tibia que en California, desde luego, entre otras cosas porque la inseguridad ciudadana es uno de esos temas trasversales en política en los que no conviene que tus votantes adviertan dudas por tu parte. La alcaldesa Bowser ha renunciado al enfrentamiento directo con la Administración Trump en aras de la convivencia, dejando ese papel a otros líderes demócratas que sí han alertado de la gravedad de estos ataques de autoritarismo.
Lo que sí ha hecho el ayuntamiento del Distrito de Columbia es llevar la cuestión a los tribunales, para ver si realmente Trump tenía derecho a desplegar la Guardia Nacional y, sobre todo, si ese despliegue y el control de la policía local por parte de agentes federales podía prolongarse más allá de las cuarenta y ocho horas contempladas en la Constitución. Lo normal es que el juez no dé marcha atrás a la decisión presidencial, pero sí puede verter dudas sobre lo real de la supuesta emergencia en la que está basada.
En cuanto a la amenaza del propio Trump de ampliar el control federal a las ciudades, por supuesto también demócratas, de Nueva York y Chicago, no hay que descartar que eso suceda en cualquier momento y bajo cualquier excusa. Con todo, la ciudad estadounidense con mayor tasa de crímenes violentos entre las que cuentan con más de un millón de habitantes es Houston (Texas), con alcaldía demócrata dentro de un estado con gobernador republicano. Tal vez, pudiera ser el siguiente objetivo de Trump, aunque el alcalde Whitmire se ha mostrado siempre colaborador con el ICE, sabedor, probablemente, de lo que le sucedería en caso contrario.
