La Administración Trump invocó la ley del siglo XVIII para deportar a venezolanos y salvadoreños. Reuters
Un juez acusa al Gobierno de Trump de desacato por ignorar su orden de detener las deportaciones de venezolanos
El juez afirma que las autoridades estadounidenses actuaron en "ignorancia deliberada" tras su orden en la que exigía que los aviones volvieran a EEUU.
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Un juez federal de Estados Unidos ha determinado este miércoles que el gobierno de Donald Trump pudo haber incurrido en un delito de desacato judicial al violar la orden de detener las deportaciones de inmigrantes venezolanos, por lo que le amenaza con abrir una investigación penal.
El juez James Boasberg ha emitido una orden en la que afirma que las autoridades actuaron en "ignorancia deliberada" a su exigencia del pasado 15 de marzo en la que demandaba el regreso de los aviones en un plazo de tres días.
Entonces, el Gobierno de EEUU argumentó no tener autoridad legal para repatriar a los ciudadanos venezolanos y aseguró que el vuelo ya había salido cuando el Boasberg emitió la órden.
Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma para tiempos de guerra, para enviar a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a la megacárcel de El Salvador. A pesar de que lo hizo sin ningún proceso judicial de por medio, la Corte Suprema avaló la decisión.
Esta medida fue parte de un acuerdo bilateral, aún poco transparente, por el cual Washington financiaría con 6 millones de dólares el uso de la megacárcel para albergar a presuntos pandilleros.
Boasberg dijo el pasado 3 de abril que "el gobierno actuó de mala fe". Ahora, señala que tiene pruebas suficientes de que el gobierno de Trump cometió un delito de desacato "deliberado o imprudente" de la orden.
"La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla", señala. Permitir al Gobierno "anular" los fallos de las cortes, agregó Boasberg, "convertiría en una burla solemne a la propia Constitución".
El magistrado federal da a la Administración Trump una oportunidad de cumplir su orden anterior: propone al gobierno de EEUU la posiblidad de dar a las personas encarceladas en la prisión salvadoreña la garantía de poder solicitar a la justicia una orden de liberación.
También le da la opción de explicar sus acciones. De lo contrario, advierte que podría abrir a una causa penal, aunque no responsabiliza de los actos a ningún funcionario en concreto.
