
Donald Trump presume de los indultos a más de un millar de asaltantes del Capitolio.
De acabar con la ciudadanía por nacimiento a la venta de TikTok: Trump ha prometido más de lo que la ley le permite cumplir
A pesar del aluvión de decretos que firmó, algunos de sus objetivos más grandilocuentes deberán pasar una serie de filtros que no garantizan su aplicación inmediata.
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Donald Trump diseñó su primer día de mandato como una exhibición de músculo y poder. Una muestra espectacular de todo lo que prometió que haría si regresaba a la Casa Blanca. Incluida la firma de casi un centenar de decretos, algunos de ellos en un estadio deportivo frente a los vítores de más de 20.000 personas. Sin embargo, las celebraciones deberían esperar en algunos casos, pues sus ambiciones más grandilocuentes enfrentan obstáculos del sistema judicial y de la división de poderes propia de las democracias.
Por ejemplo, se ha marcado como objetivo eliminar el derecho a la ciudadanía por nacer en Estados Unidos, incluso para hijos padres indocumentados. No está claro cómo puede conseguir eso, pues es un precepto incluido en la 14 enmienda de la Constitución que, por otra parte, permitió al país extender sus territorios y aumentar su población, como en tantas otras naciones de origen colonial.
Por otra parte, Trump logró apuntarse un tanto al reactivar a última hora la plataforma TikTok en territorio estadounidense, prohibida por una resolución bipartidista del Congreso y refrendada por el Supremo. Lo hizo con un parche temporal: una extensión de 75 días de plazo hasta que la empresa matriz china, ByteDance, cumpla con lo dictado por la justicia y venda el 50% de su filial en EEUU a un propietario estadounidense. Pero por más plazos que dé Trump, la ley está escrita, refrendada y debe cumplirse. A no ser que surja otra medida.
“Algunas declaraciones van a resultar en comunicados de prensa. El presidente dice, ‘quiero hacer esto, estoy tomando medidas, me importa’. Pero podría no pasar nada”, analizaba este martes Andrew Rudalevige, profesor de gobierno en el Bowdoin College y contribuidor de la cadena de televisión pública PBS, poniendo precisamente de ejemplo la “promesa sobre la 14 enmienda de ciudadanía por derecho de nacimiento” y la referente a “salvar a TikTok”, porque “no está claro si eso es coherente con la ley que se ha aprobado para cerrarla”.
En este sentido, conviene aclarar qué es exactamente una orden ejecutiva en el sistema político estadounidense.
Una directriz más que una ley
“Una orden ejecutiva o un tipo diferente de directiva presidencial, pues hay toda una categoría de ellas, básicamente le da al presidente la capacidad de tratar de implementar la ley de una manera que esté en consonancia con sus preferencias”, explica Rudalevige.
Es decir, Trump dio el lunes una serie de directrices sobre cómo aplicar la ley a las diferentes agencias gubernamentales, lo que incluye qué asuntos priorizar y cuales olvidar.
En este sentido se enmarcan sus órdenes de eliminar los programas de diversidad o los cambios en los protocolos de asilo y refugio, cuyo primer efecto inmediato fue la desactivación inmediata de una aplicación web que los solicitantes extranjeros podían utilizar para pedir una cita y tramitar su caso de manera más ordenada en las dependencias fronterizas.
Incluso a pesar de las redadas anunciadas para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados en lugares hasta ahora vetados como escuelas e iglesias, el derecho migratorio sigue siendo el mismo.
Otras directrices anunciadas, especialmente las de tipo económico como fijar el objetivo de “bajar el coste de vida” en todos los departamentos que controla el Gobierno federal, más allá de buenas intenciones, requieren de políticas más extensas y, por tanto, de más tiempo. Y el precedente no es halagüeño, pues recientemente Trump perdió una votación en el Congreso después de que varios legisladores republicanos no apoyaran su directriz de ampliar el déficit de gasto público.
Límite judicial
Aparte de las propias limitaciones que las órdenes ejecutivas entrañan, también pueden ser revocadas por los tribunales, algo que Trump ya experimentó en 2017, cuando la prohibición de entrada que firmó para ciudadanos procedentes de una serie de países musulmanes tuvo que modificarse hasta que la justicia dio su visto bueno al texto.
En el caso de su intención de suprimir el derecho de acceder a la ciudadanía por el mero hecho de nacer en suelo estadounidense, lo que Trump ha hecho de momento es abrir un debate constitucional sobre qué significa exactamente la enmienda 14 y en qué casos puede o no aplicarse.
“Campaña de conmoción y asombro”
"Es una especie de campaña de ‘conmoción y asombro’ por orden ejecutiva’ para enviar un mensaje a sus críticos y, lo que es más importante, a sus votantes, sus partidarios, de que está de vuelta y que va a tratar de cumplir sus promesas de campaña, y lo va a hacer agresivamente”, señala Matthew Dallek, historiador político de la Universidad George Washington en The Washington Post.
Asimismo, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) ya ha anticipado que llevará a los tribunales tanto esa decisión como la declaración de emergencia en la frontera de EEUU con México, que incluye un precepto conocido como Título 42 ya utilizado durante la pandemia del coronavirus para acelerar las expulsiones con el fin de evitar la propagación de contagios.
Aunque su retórica antimigratoria parecía menos dura, Biden mantuvo ese precepto activo hasta bien entrado su mandato y con la pandemia superada. Fue la Justicia la que anuló su aplicación continuada por una demanda interpuesta por ACLU que ahora se recupera y puede paralizar esa declaración.
Aún así cabe señalar que ni siquiera tiene que haber una situación de emergencia para declarar una.
“Sin embargo, una vez que se declara, se activan diferentes tipos de poderes que ya están en los estatutos existentes. Así que es una forma de desbloquear la autoridad que ya existe”, analiza por su parte Rudalevige.
Trump ya declaró la emergencia en la frontera durante su primer mandato, lo que le permitió destinar fondos militares a la construcción de un muro fronterizo que luego no avanzó tanto como prometió.
Deriva autoritaria
Lo que no hay que perder de vista en este nuevo contexto, tal y como recuerda el diario Axios -muy influyente en Washington DC-, es que ya hay evidencias de que Trump puede estar dispuesto a eludir o desafiar abiertamente la ley estadounidense en su segundo mandato, envalentonado por su histórico regreso político y un índice de aprobación alto.
Su orden ejecutiva para extender el uso de TikTok -plataforma que ha mostrado mensajes de agradecimiento a Trump a sus millones de usuarios- carece de precedente y no cita una autoridad legal concreta.
"En Estados Unidos, cumplimos con el estado de derecho. Incluso cuando la persigue a una aplicación popular, TikTok, que le gusta al rey de los MAGA (Make America Great Again”“, ha criticado Joe Lonsdale, un magnate de Silicon Valley que apoya a Trump, en una pieza de opinión publicada en Free Press.
Así que una vez se calme el espectáculo, tocará observar los choques entre la intención de “desmantelar el estado profundo” anunciada por Trump y los límites jurídicos, constitucionales y legislativos de sus ambiciones.