El vicepresidente electo, Mike Pence, habla con Trump durante una rueda de prensa.

El vicepresidente electo, Mike Pence, habla con Trump durante una rueda de prensa. Justin Lane Efe

EEUU LOS EEUU DE TRUMP, CAPÍTULO 4

La política interior de Trump: escuelas con armas y 1.000 km de muro con la ayuda de Bush

Los republicanos siguen sin concretar cómo cumplirán la mayoría de las promesas sobre asuntos domésticos.

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Cuando Donald Trump empezó su andadura política hacia la presidencia de los Estados Unidos, una de sus primeras proclamas fue que pondría los intereses del pueblo estadounidense por delante de todo lo demás. “EEUU primero”, fue la frase escogida para resumir esta filosofía que buscaba unificar a todo un país frente al resto del mundo. De puertas para adentro, sin embargo, no tuvo tan fácil aglutinar sensibilidades y, de hecho, sus propuestas de política interior polarizaron la nación en dos.

Ahora, a pocas horas de iniciar su mandato este viernes, se enfrenta al reto de pasar del tuit a la letra pequeña en materias tan sensibles como la sanidad, el control de armas, la educación o la vigilancia de las fronteras. De momento, siguen sin llegar los detalles. Lo único que parece aclararse a estas alturas es que finalmente habrá muro, de hasta mil kilómetros, aprovechando una ley de hace diez años.

Una de las cuestiones clave que más preocupación está generando, por los millones de ciudadanos que se verán afectados, es la derogación de la ley que implantó el Obamacare -programa sanitario aprobado por el presidente saliente que extendía el acceso a los seguros médicos a las clases más desfavorecidas, prohibiendo además que las compañías pudieran rechazar a un asegurado por su historial de enfermedades previas- y su sustitución teóricamente inmediata por una nueva norma que garantizará “seguros para todos” los estadounidenses.

SANIDAD PARA "TODOS"

Durante la campaña, Donald Trump no se cansó de repetir que el modelo sanitario de los demócratas era un “desastre”. Pero más allá del titular, nunca expuso cómo iba a reformarlo. El pasado fin de semana, en una entrevista con The Washington Post recogida por EL ESPAÑOL, el presidente electo afirmó que tras las medidas que prepara su equipo “nadie se quedará sin protección” y que su plan será "mucho menos costoso" y evitará que se disparen las primas que pagan los asegurados convencionale; es decir, los no beneficiados por el Obamacare.

Aunque tanto republicanos como demócratas han convertido este asunto en una de esas banderas políticas con las que movilizar al electorado -los demócratas están organizando manifestaciones estos días contra la derogación del Obamacare-, estamos hablando de algo que trasciende la batalla partidista, ya que en EEUU, que un ciudadano se quede al margen de un seguro de salud puede suponer que se quede sin tratamiento en caso de enfermedad.

Trump no ha tenido prisa hasta ahora por desvelar los pormenores de su plan y, en última instancia, ha postergado cualquier información hasta que su secretario de Salud y Servicios Humanos, el cirujano republicano Tom Price, consiga el aval del Senado y sea confirmado en el cargo. Mientras, las filas republicanas siguen debatiendo cómo llevar a cabo exactamente el reemplazo de este programa y su financiación.

ARMAS EN LA ESCUELA

Algo más claro, aunque no mucho más, se presenta el futuro del debate sobre la seguridad y el derecho a portar armas en EEUU. Aquí, con la mayoría republicana en ambas cámaras y con el control del Despacho Oval, pocos cambios se esperan si no son para flexibilizar aún más la circulación de pistolas por el país.

Ya durante la campaña electoral, Trump prometió que "protegería" la Segunda Enmienda frente a las aspiraciones demócratas de introducir nuevas restricciones -no prohibir-, rechazando incluso las últimas medidas ejecutivas aprobadas por Barack Obama el pasado enero para aumentar los controles en la compra de armamento ante los últimos tiroteos en diferentes estados. Según recuerda Newsweek, el magnate incluso se mostró favorable a abolir las “zonas libres de armas” que existen en la actualidad en escuelas y en bases militares.

En su opinión, un mayor apoyo a la Enmienda que establece el derecho a portar armas ayudaría a combatir el crimen y asesinatos masivos. De hecho, no dudó en presumir de que él posee una pistola y que la suele llevar en su estado natal de Nueva York.

EN 2000 PEDÍA MÁS CONTROL

En este asunto también encontramos contradicciones entre lo que dijo como candidato y lo que sostenía antes de dar el salto a la política. "En general me opongo al control de armas, pero apoyo la prohibición de las de asalto y también respaldo un período de espera un poco más largo para comprar un arma", escribió en su libro La América que nos merecemos en el año 2000.

Robert Spitzer, presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Nueva York en Cortland, defiende en la citada revista que Trump simplemente usó su postura sobre las armas para cortejar al votante conservador y a la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle. Es más, a su juicio, la relajación de las restricciones no va a ser una prioridad en su Administración. 

No obstante, esta apreciación choca con la reciente campaña a favor de desregularizar la venta de silenciadores que impulsa el hijo mayor del presidente electo, Donald Trump Jr, apelando a motivos de salud auditiva de los cazadores. Aunque el comercio de estos dispositivos es legal en la mayoría de los estados, suelen contar con numerosas restricciones.

EL MURO, CON UNA LEY BUSH

Dentro del capítulo de seguridad pública, el millonario ha incluido siempre el debate migratorio, al atribuir en ocasiones la comisión de posibles delitos a los inmigrantes, especialmente a los de origen mexicano o religión musulmana. De ahí nació su compromiso de incrementar el control de las fronteras, que va a ser otro de los ejes que caractericen esta nueva etapa de EEUU.

Como en todo lo anterior, está por ver cómo se materializa ese refuerzo, por ejemplo, en la supervisión a la entrada de musulmanes que sugirió Trump durante la campaña electoral, a fin de evitar la llegada de posibles radicales vinculados al grupo terrorista Estado Islámico, y que podría chocar con la propia Constitución estadounidense.

Frente a esa idea de complicado encaje legal, otra de sus promesas estrella en esta materia va tomando forma y presupuesto: el muro. Aclarado ya que su Administración no se va a limitar a levantar una valla -como insinuó al poco de ganar los comicios-, sino una auténtica muralla en la frontera mexicana, el equipo de transición del presidente electo ya ha esbozado cómo pretende llevarlo a cabo.

El plan es que el Congreso, de mayoría republicana, financie la construcción de la infraestructura, con el objetivo de iniciarlo lo antes posible, aunque esto no se atenga al pie de la letra a lo que ha venido repitiendo mitin tras mitin sobre que México pagaría la obra.

El propio Trump calculó que levantar esta frontera física costaría 8.000 millones de dólares, una cifra que algunos analistas ampliaron a más de 10.000. Su financiación a través de presupuesto propio no impediría, en su opinión, cumplir estrictamente con su promesa, ya que su intención es cobrárselo al país vecino de alguna forma en el futuro.

En el Partido Republicano le ayudan a argumentar este cambio. El representante por el estado de Nueva York, Chris Collins, manifestó en una entrevista con la CNN que aunque inicialmente el dinero saldría del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses, Trump negociaría su devolución con probable éxito: "La economía de México depende de los consumidores estadounidenses, y Donald Trump tiene todas las cartas que necesita para jugar".

La revista Politico desvela los planes concretos del equipo del millonario. Para iniciar los trámites de la construcción, los líderes conservadores junto con el personal de transición de Trump están estudiando el uso de una ley firmada en 2006 por el expresidente George W. Bush que autorizó la construcción de 700 millas -más de 1.000 kilómetros- más de "barrera física" en la frontera sur. La ley nunca fue implementada completamente, pero sigue vigente.

La financiación de la frontera se incluiría en un proyecto de ley que debería promulgarse a finales de abril. Los conservadores creen que podrían ganar la batalla de la opinión pública sobre este asunto logrando el apoyo de algunos senadores demócratas que votaron a favor de la norma de 2006 y que tienen cerca elecciones en estados de mayoría republicana.

Al margen del debate mediático, una vez iniciados los trabajos, las intenciones del presidente electo para recobrar el dinero no están exentas de polémica y, según señalan algunos expertos, podrían no tener una fácil salida legal y no cubrir el coste total. Entre otras, el magnate citó en campaña la posibilidad de embargar las remesas de los inmigrantes, implantar aranceles -utilizando la Ley Patriota para identificar esos envíos de capitales-, recortar las ayudas al país vecino -que en 2014 fueron de 186 millones de dólares-, aumentar las tasas de los visados, y subir los aranceles en los puertos de entrada a los EEUU.

El analista legal de CNN Paul Callan advierte de que estos planes probablemente afrontarán múltiples batallas judiciales. "Los inmigrantes mexicanos no son los terroristas islamistas radicales para la que se aprobó la Ley Patriota [tras el 11-S]", sostiene el experto, que vaticina que "es probable que los tribunales consideren que ese uso de la norma es indebido e ilegal”.

NUEVAS FÁBRICAS

En este viaje a lo largo del futuro de EEUU en la era Trump, hay que detenerse también en la situación de la clase media y trabajadora del país, que aspira a asistir al renacimiento del sector industrial y al consiguiente florecimiento de los puestos de trabajo. La estrategia de la futura Administración es la de incrementar los aranceles sobre las mercancías importadas en el extranjero, alentando así a las empresas a fabricar en suelo norteamericano.

Pero no todos ven este plan como una alternativa viable. El doctor Nariman Behravesh, el principal economista de la consultora que asesora a empresas financieras y gobiernos IHS Markit, ha explicado en la revista Business Insider que este esfuerzo para tratar de resolver el problema del empleo es, de hecho, "el mayor riesgo económico de 2017 a nivel mundial".

"Me preocupa mucho la deriva del mundo hacia el proteccionismo", dijo antes de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. "Si nos fijamos en los riesgos de este año, la incertidumbre política por lo que Trump pueda hacer y lo que suceda con el brexit y la deriva proteccionista podrían impactar intensamente en la economía estadounidense y la del resto del mundo”. Por el contrario, ve positiva la revisión tributaria que plantea llevar a cabo su Administración en 2017 para aliviar la presión fiscal a la clase media estadounidense.

ESCUELAS MÁS TRADICIONALES

La política educativa también promete no estar exenta de polémica. La futura secretaria de Educación, Betsy DeVos, una multimillonaria filántropa de valores tradicionales, ya mostró este martes a su paso por el Senado -que debe avalarla- que no aparcará su apuesta conservadora en una materia tan sensible como la enseñanza.

Su intervención en la Cámara Alta fue un ejercicio de malabarismo para tratar de sortear las preguntas espinosas de los senadores demócratas. Entre otras contestaciones, la nueva responsable republicana no rechazó la presencia de armas en las escuelas, en la línea de Trump, señalando que al menos imagina que “probablemente haya una” en cada centro para protección de los alumnos en casos de ataques.

Quizá el momento que mostró más a las claras la distancia entre los modelos de enseñanza que defienden republicanos y demócratas llegó cuando tuvo que enfrentarse a las inquisiciones del senador Bernie Sanders, excandidato demócrata en las primarias, derrotado por Hillary Clinton, que defendió un sistema educativo gratuito y universal similar al de algunos países de Europa. Tras reprocharle a DeVos que ha llegado al cargo gracias a las contribuciones millonarias de su familia al partido conservador, le preguntó si trabajará para alcanzar el acceso gratuito a la educación.

"He trabajado muy duro por los padres y los niños durante casi 30 años, con familias de bajos ingresos", respondió la futura secretaria de Educación, que zanjó el tema recordando que "no hay nada en la vida que sea realmente gratis, alguien lo acabará pagando”.

Los demócratas han mostrado su preocupación ante su nombramiento por cómo pueden influir sus creencias cristianas conservadoras y la defensa de los valores de la familia tradicional en las escuelas. Un frente más en el que la inminente Administración Trump promete no dejar indiferente ni a EEUU, primero, ni al resto del mundo.