Las familias de presos políticos advierten que la amnistía "no puede traer impunidad" para el chavismo: "No cabe el perdón"

Quienes durante años han alzado la voz por la liberación de los presos políticos, que ahora mismo son más de 700, de acuerdo con la ONG Foro Penal, insisten en que “la amnistía no puede ser una oportunidad para la impunidad”, tal como explicó a El Español Marino Alvarado, abogado y miembro de una de las organizaciones más importantes del país, Provea.

“No puede haber perdón para quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”, es la premisa de Alvarado, basado en la Constitución venezolana que declara en su artículo 29 que el Estado está obligado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, que quedan “excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

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Así, la alegría y la cautela en la misma medida marcan también el cierre de un enero que abrió para Venezuela con la captura de su presidente, ahora detenido en Estados Unidos, y cierra con un anuncio de perdón general para todos sus presos políticos.

“La Amnistía no puede ser una oportunidad para la impunidad. La reconciliación debe tener como un pilar fundamental garantizar justicia para las víctimas. Hay que ver cuál será el contenido de la ley. Por ahora saludamos la iniciativa pero realizamos las advertencias necesarias”, remarcó Alvarado.

Los límites del perdón

Ante las palabras de la presidenta encargada venezolana en el Tribunal Supremo de Justicia donde pidió a los beneficiados de esta amnistía que "no impongan la revancha, la venganza y el odio", solo hay precaución y recordatorios amables de que "las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles”, por mandato constitucional.

"La Amnistía no paraliza las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) al contrario les da fuerza, porque muchas víctimas que por el terror no se atrevieron a informar sobre sus casos, ahora tendrán voluntad de aportar información (...) Así que en paralelo a la amnistía la CPI seguirá sus investigaciones ahora con una mayor oportunidad de reforzar la identificación de presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad", aclaró el abogado de Provea, haciendo referencia a la investigación que cursa en el tribunal internacional desde 2018.

Con los postulados de Provea coincide el Foro Penal, que emitió un comunicado y pidió "definir claramente el alcance" de la medida y apoyarse en mecanismos internacionales y en organizaciones locales para desarrollar esta ley que, de acuerdo con la propia Delcy debe ser discutida en "urgencia" en el seno de la Asamblea Nacional (AN) en los próximos días.

Este anuncio, insisten los expertos, tampoco detiene las excarcelaciones prometidas hace casi un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y que han mantenido en vilo a familias enteras a las puertas de los penales en los que hay presos políticos.

"Se esperan nuevas liberaciones hoy. La amnistía no solo permite excarcelaciones, implicaría acabar con los regímenes de presentación y otras restricciones impuestas a los excarcelados y también que puedan regresar los exiliados ya que por los hechos considerados que ya no son delito. No pueden ser procesados", explicó Alvarado.

Esperar el reconocimiento de inocencia

Para Diego Casanovaa, uno de los dirigentes del Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (Clipve), los engaños, las mentiras y la falta de información han sido tantas en los últimos 22 días, contados desde el 8 de enero cuando hicieron el anuncio de liberaciones, que recibieron la noticia de una amnistía con "cautela", aunque llenos de optimismo.

"Hay que ver si efectivamente se va a concretar. Esperemos que efectivamente se haga y sea para anular todos estos procesos judicialess, reconociendo que estas personas son inocentes y no cometieron ningún delito. No se puede hablar de perdón, no puede ser una amnistía como una forma de perdón sino el reconocimiento de la inocencia de todos estos presos arbitrariamente detenidos y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, indicó.

Casanova, como el resto de los familiares de presos políticos, espera que no se "instrumentalice el dolor de las víctimas y los familiares" en estas medidas que, cree, "buscan un efecto comunicacional, más que resolver en la práctica el problema de los presos políticos".

Por su parte, Antonio Plesman, esposo de la líder y presa política excarcelada Martha Lía Grajaless, recordó que la sociedad civil y las familias deben tener participación en esta ley de amnistía, como lo han pedido reiteradamente presentando proyectos al respecto. El último de ellos entregado esta semana a la recién instalada comisión de convivencia creada por Delcy Rodríguez para promover un diálogo nacional.

"Una Ley como está solo sirve si es parte de un elenco de medidas que permitan iniciar la recuperación de la democracia, modificando las condiciones que permitieron que más de 11.000 personas fueran judicializadas por razones políticas", sentenció.