El juez Kevin Mullins fue asesinado en su despacho por el sheriff Shawn Stines, su viejo amigo.

El juez Kevin Mullins fue asesinado en su despacho por el sheriff Shawn Stines, su viejo amigo. Letcher County Handout

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Un sheriff asesina de 8 tiros a su viejo amigo juez que había convertido su tribunal en una sórdida red de 'sextorsión'

El sheriff del condado de Letcher, Shawn Stines, se entregó alegando que “intentaban secuestrar a su esposa e hija”. Su defensa sostiene que actuó bajo “una perturbación emocional extrema”.

Varias mujeres aseguran haber sido utilizadas en un esquema de “sextorsión” con la complicidad de agentes locales.

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El caso que conmociona a Kentucky sigue sumando episodios turbios.

El juez Kevin Mullins, asesinado de ocho disparos en su propio despacho el 19 de septiembre de 2024 presuntamente a manos de su viejo amigo, el sheriff del condado de Letcher, Shawn Stines, habría convertido su tribunal en el epicentro de una red de sexo, dinero y favores políticos.

Así lo denuncian varias mujeres que aseguran haber sido utilizadas en un esquema de “sextorsión” con la complicidad de agentes locales, según cuenta The New York Post.

Una de ellas, Tya Adams, rompió el silencio en el programa Banfield de NewsNation.

Según su relato, Mullins y otros funcionarios organizaban fiestas sexuales en las que jóvenes eran presionadas para mantener relaciones a cambio de efectivo o indulgencias judiciales.

“Era consentido, pero nosotras éramos muy jóvenes y luego usaban eso para destrozarnos la vida”, declaró.

Adams asegura que participó en “shows” sexuales y que aceptó por miedo a que los servicios de protección infantil intervinieran contra ella.

Nos hacían sentir degradadas y sin poder”, añadió, convencida de que denunciar era inútil. Y añadió: “Todo el pueblo lo sabía. Para ellos era normal, eran fiestas de swingers”.

El asesinato de Mullins, captado por cámaras de seguridad, sigue rodeado de incógnitas. El sheriff Stines, que almorzó con él horas antes de matarlo, fue grabado entrando en el despacho, haciendo varias llamadas a su hija y abriendo fuego.

Después se entregó alegando que “intentaban secuestrar a su esposa e hija”. Su defensa sostiene que actuó bajo “una perturbación emocional extrema”, pero la fiscalía le imputa asesinato de un funcionario público. Desde entonces permanece encarcelado sin fianza.

Acusaciones previas

Las revelaciones de Adams no son las únicas. Sarah Davis, exfuncionaria de prisiones en el condado, confirmó haber escuchado relatos “repugnantes” sobre esas fiestas y aseguró que incluso fue invitada a una.

Otra mujer, Sabrina Adkins, ya había vinculado en 2022 al juez con un exagente acusado de violación y sodomía.

En su testimonio, afirmó haber visto personalmente a Mullins manteniendo sexo en su despacho y sostuvo que existían cintas de vídeo que comprometían tanto al magistrado como a varias jóvenes.

El entonces adjunto del sheriff, Ben Fields, fue destituido y condenado, pero el escándalo se cerró sin que las acusaciones contra Mullins prosperaran.

Su nombre volvió a la palestra tras su muerte, reactivando sospechas de que el móvil del crimen podría estar relacionado con esos secretos. Las autoridades, sin embargo, nunca confirmaron que el caso de sextorsión fuese el detonante.

Comunidad bajo sospecha

El relato de las víctimas retrata a un pequeño condado atrapado en una cultura de silencio y connivencia.

Nadie se atrevía a hablar, porque los mismos que debían hacer justicia estaban implicados”, resumió Adams.

El retrato de un tribunal convertido en burdel y de una élite local entregada a excesos ha generado indignación en Kentucky y cuestiona la integridad de las instituciones en zonas rurales donde jueces, sheriffs y fiscales suelen estar unidos por lazos personales y políticos.

La caída en desgracia de Mullins, primero con los rumores de fiestas sexuales y después con su asesinato a sangre fría, deja al descubierto un poder judicial corroído por la corrupción y las lealtades peligrosas.

El juicio de Stines, aún pendiente, será clave no solo para esclarecer el crimen, sino también para arrojar luz sobre un sistema que, según las víctimas, funcionaba más como un negocio clandestino que como un tribunal de justicia.