Daniel Palacios y Juan Manuel Galán, candidatos a la presidencia de Colombia.
Dos aspirantes a presidir Colombia relatan qué hay tras el asesinato de Miguel Uribe: "El narco vuelve con fuerza"
Juan Manuel Galán y Daniel Palacios, opositores del presidente Gustavo Petro, atribuyen a su política de paz social la agudización de la crisis de seguridad que sufre el país.
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En Colombia mata el narcotráfico. Mata la guerrilla. Mata el crimen organizado. En Colombia mata el Estado. Mata el Ejército. Matan los paramilitares. En Colombia matan todos. Y muchos mueren. El conflicto armado interno que el país andino arrastra desde mediados de los ochenta acumula casi diez millones de víctimas, según los datos oficiales. Nueve millones de desplazados, un millón de muertos, cientos de miles de desapariciones forzadas, decenas de miles de torturas.
Desde este lunes, una de esas diez millones de víctimas es Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato a la Presidencia de Colombia. El heredero político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien no guarda parentesco, había permanecido dos meses ingresado en estado crítico en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.
El senador de la oposición Miguel Uribe en Bogotá (Colombia)
Fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, llegando incluso a experimentar una leve mejoría. Sin embargo, el centro hospitalario informó el pasado sábado que Uribe había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central que echó por tierra sus avances. Falleció unas horas después.
Era el recordatorio de que la violencia política en Colombia no es un fenómeno del pasado. Habría quien, desde fuera, pudiera pensar lo contrario. Pero los disparos que sonaron en la tarde del pasado sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, a las afueras de Bogotá, despertaron a muchos del letargo.
Dos balas alcanzaron la cabeza de Miguel Uribe. Otra se incrustó en su muslo izquierdo. En mitad del mitin de campaña que había improvisado el aspirante a la Presidencia, de 39 años, un adolescente de tan solo 15 abrió fuego. Un muchacho que, según confesó después de su detención a los investigadores, se dejó llevar “por la plata”.
La Fiscalía es consciente de que el tirador no actuó en solitario. ¿Quién se esconde detrás del joven sicario? Más de dos meses después del intento de asesinato, elevado por la Fiscalía a la categoría de magnicidio, sigue sin haber respuestas claras, sólo seis sospechosos detenidos por su implicación en la compra del arma, en la contratación del adolescente y en el plan logístico para evacuarlo de la escena del crimen.
La violencia política es algo que sucede a diario en Colombia. Pero desde hace tres décadas suele suceder en la periferia, contra líderes sociales. No en la capital, y mucho menos contra alguien como Miguel Uribe. Un senador de la República procedente de la élite bogotana. Un aspirante declarado a la jefatura del Estado del más puro establishment político y empresarial. Eso fue lo anómalo.
El atentado devenido ayer en magnicidio revivió la época más oscura del país, cuando ministros, jueces, fiscales y, sobre todo, candidatos a la presidencia caían como moscas. Víctimas del fuego cruzado. Lo único que ha cambiado en estas tres últimas décadas —aunque no demasiado— han sido los actores y sus intereses.
Vidas cruzadas
Del mismo modo que Miguel Uribe, Juan Manuel Galán pertenece a una de las familias políticas más golpeadas por la violencia política en Colombia. Hijo de Luis Carlos Galán, candidato a la Presidencia asesinado por órdenes de Pablo Escobar en agosto de 1989, el presidente del Nuevo Liberalismo conoce “desde hace muchos, muchos años” a la familia Uribe Turbay.
La historia es larga. “Se remonta a cuando el abuelo de Miguel, Julio César Turbay Ayala, fue presidente de la República”, contaba en conversación con EL ESPAÑOL tres días después del atentado contra la vida del senador del Centro Democrático en Fontibón. La relación de éste con su padre fue estrecha, recuerda Galán, sobre todo en el último tramo de su vida.
Pero hay más. “El secuestro de Diana Turbay, la mamá de Miguel, se dio también al mismo tiempo y con el mismo grupo de periodistas cuando secuestraron a mi tía Maruja Pachón, la única hermana de mi mamá”, añadió.
Es decir, que su tía y la madre de Miguel Uribe Turbay formaron parte del grupo de periodistas que Pablo Escobar ordenó secuestrar para presionar a la Asamblea Constituyente de 1991, que discutía en ese momento incluir la figura de la extradición en la Carta Magna: “Toda esa historia es narrada magistralmente por Gabriel García Márquez en el libro Noticia de un secuestro”.
“La historia del secuestro nos ligó de manera muy cercana”, apuntaba Galán, cuya madre sobrevivió al cautiverio. Diana Turbay, en cambio, no corrió la misma suerte. Perdió la vida durante la operación de rescate. Era enero de 1991. Miguel Uribe Turbay tenía entonces cuatro años, los mismos que tiene ahora su único hijo, Alejandro.
“Después del asesinato de su mamá he tenido relación con su hermana, María Carolina Hoyos [Turbay], y con Miguel tuve la oportunidad de compartir en el Partido Liberal varias campañas para el Congreso de la República, inclusive en una que aspiré al Senado de la República en 2010. Él me apoyó”, recordaba Galán. “Teníamos una relación de amistad, aunque, con el tiempo, nos distanciamos políticamente”.
Él militó en el Partido Liberal hasta que decidió recuperar la personería jurídica de Nuevo Liberalismo, “el partido que fundó mi padre hace cuarenta años y que fue exterminado por la violencia, pues más de cincuenta de sus miembros fueron sistemáticamente asesinados por el narcotráfico, por el paramilitarismo, por políticos al servicio de sus intereses y por infiltrados en los organismos de seguridad del Estado, tanto en la policía como en el ejército, como en el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, que era el organismo de inteligencia”.
Miguel Uribe Turbay no siguió sus pasos. “Él tomó otro rumbo hacia el Centro Democrático, el partido que fundó el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, explicaba.
En las filas del partido de centroderecha coincidió con Daniel Palacios, que estaba reunido con su equipo de campaña para preparar el anuncio de su candidatura como independiente para la próxima cita electoral cuando el general Eduardo Zapateiro —comandante del ejército cuando Palacios era ministro del Interior en el Gobierno del delfín de Uribe, Iván Duque— le llamó para contarle que habían atentado contra Miguel Uribe.
“Lo primero que uno piensa es que dispararon contra su vehículo blindado o algo similar, pero jamás me imaginé que el atentado hubiera sido de esa gravedad”, lamentaba en diálogo con EL ESPAÑOL sólo unas horas después del magnicidio.
“Miguel era una persona cercana, un amigo con el que había coincidido en diferentes momentos de nuestra carrera política”, recordaba Palacios, que lo consideraba “un joven muy destacado, una persona alegre, toca piano, guitarra, acordeón, un padre devoto, un estudiante consumado que tuvo la oportunidad de terminar su maestría en Harvard. O sea, una persona realmente dedicada al servicio”.
Sobre el asesinato de su madre, Palacios consideraba que a Miguel “esa tragedia lo había marcado desde muy joven, pero no lo marcó en el sentido de buscar venganza o llenarse de rabia, sino en el sentido de servir al país, de dar la lucha democrática por una mejor Colombia”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la manifestación por la paz y la democracia en la Plaza San Francisco en Cali, Colombia, el 11 de junio de 2025. Reuters
Una paz total frustrada
Juan Manuel Galán y Daniel Palacios son dos de los más de veinte precandidatos a la presidencia de Colombia. Aspiran a suceder a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Sus nombres aparecen por detrás de Gustavo Bolívar, Vicky Dávila y Sergio Fajardo, los tres favoritos en las encuestas. Pero queda mucho camino por delante.
El candidato del Nuevo Liberalismo, hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien declaró ayer tres días de luto por la muerte de Miguel Uribe, reconocía estar “preocupado por la situación y por la campaña, que se anuncia muy difícil y muy compleja en materia de garantías de seguridad”.
Palacios, por su parte, decía “no tener miedo”, pero aseguraba que el Estado colombiano es incapaz de garantizar la seguridad “de quienes ejercemos la oposición democrática y aspiramos a la presidencia”.
“Eso tiene que ser una obligación y lo tienen que dar sin importar el discurso”, demanda el antiguo secretario personal del expresidente Uribe, recién condenado a 12 años de cárcel, que pedía las mismas garantías de seguridad que él brindó a los líderes opositores como ministro del Interior.
“Tanta garantía dimos que Gustavo Petro, un exguerrillero de izquierda, es el presidente de Colombia. Y Gustavo Petro durante todo el ejercicio de su Senado de la República tuvo un esquema de seguridad robusto”, presumía en diálogo con EL ESPAÑOL.
Galán y Palacios son opositores a Petro, es cierto, pero cada uno lo es a su manera. El presidente del Nuevo Liberalismo, embajador en Reino Unido durante la presidencia de Álvaro Uribe, adopta un tono más contenido; Palacios, que creció políticamente a la sombra de Álvaro Uribe, se muestra mucho más beligerante.
Ambos coinciden, sin embargo, en criticar ferozmente la paz total de Petro. Una política que, consideraban, sólo ha conseguido agudizar la crisis de seguridad que sufre el país.
Cinco días después del atentado contra Miguel Uribe, Colombia amaneció con una nueva cadena de atentados en Cali y en el suroeste del país. Una zona que, según Galán, “es un territorio que, en este momento, está en disputa territorial por las zonas de producción de clorhidrato de cocaína”.
“El Pacífico nariñense colombiano y el suroccidente del país es la zona número uno en el mundo en producción de clorhidrato de cocaína. La número dos es el Catatumbo, en la frontera con Venezuela”, denunciaba el candidato a la presidencia del Nuevo Liberalismo. “Esa financiación de esa economía ilegal es la que tiene a estos grupos envalentonados en una disputa territorial”.
Los ataques con explosivos, dirigidos contra comisarías y edificios municipales, se saldaron con seis víctimas mortales, entre los que figuraban dos agentes de policía.
Palacios atribuye la responsabilidad a las políticas de Petro. Políticas que, dice, “han sido débiles frente a la delincuencia, que les ha dado beneficios, que les ha dado libre tránsito, que les ha levantado órdenes de captura”.
Violencia contra civiles por parte de grupos armados en Colombia 2024. ACLED
Paz frustrada
Petro se convirtió en el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia con la promesa de conseguir un imposible: silenciar las armas. Dos años y medio después, sin embargo, la promesa sigue siendo eso, una promesa. Los diálogos simultáneos con los distintos grupos armados, en pausa desde enero, apenas han traído avances.
Según Galán, el resultado de la paz total ha sido “el fortalecimiento de estos grupos financiados por el narcotráfico”. “A diferencia de lo que enfrentábamos hace 35 años, que eran dos carteles de narcotráfico claramente definidos, hoy ha habido una fragmentación, una atomización del negocio del narcotráfico en varias estructuras criminales que actúan en diferentes territorios”, explicaba.
El hijo de Luis Carlos Galán ofrecía algunos nombres: “Hoy tenemos el Clan del Golfo, que es un grupo vinculado a los carteles de narcotráfico de México que tiene presencia en más de la mitad de los municipios de Colombia. Hay también presencia del ELN [Ejército de Liberación Nacional] que está en disputa territorial con las disidencias de las FARC en el Catatumbo, también en el suroccidente del país”.
De acuerdo con Galán, las operaciones militares “no permiten hoy que la fuerza pública se quede en el territorio y defienda la población, sino que son operaciones de entrada y salida de la fuerza pública”.
Palacios también enmendaba la totalidad de la estrategia de Petro: “Lo que no podemos permitir en Colombia es que el Clan del Golfo, que es una organización criminal dedicada al narcotráfico, a la extorsión de los ciudadanos y a sembrar terror, siga siendo beneficiaria de una línea blanda del Gobierno nacional, que además busca darles beneficios judiciales. Lo que no podemos seguir permitiendo es que las disidencias de las FARC, como las llaman, que no son nada diferente que las FARC, sigan atacando a los colombianos y creciendo en las diferentes regiones del país”.
