Una mujer sostiene una pancarta en la que se lee "Uribe va a la cárcel", en Bogotá, Colombia, el 28 de julio de 2025. Reuters
Petro sale reforzado tras la condena contra Álvaro Uribe mientras EEUU denuncia el acoso judicial en Colombia
El papel del senador Iván Cepeda en el juicio del siglo contra el expresidente da oxígeno a Petro y le perfila como su sucesor.
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El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, escuchó este lunes por videoconferencia el veredicto del juicio del siglo desde su lujosa finca de Rionegro, un pequeño municipio incrustado en la Cordillera Central de los Andes. A 220 kilómetros de distancia, en la capital, la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, leyó una parte de la sentencia —más de 1.000 folios, más de diez horas de lectura casi ininterrumpida— que lo encontraba culpable de dos de los tres delitos por los que estaba acusado.
La sentencia en primera instancia contra el expresidente, que sigue siendo el hombre más influyente de la derecha colombiana quince años después de salir de la Casa de Nariño, cayó a plomo. El fallo de Heredia lo condenó por fraude procesal y por soborno en actuación penal. Quedó absuelto, sin embargo, del delito de soborno simple.
La magistrada consideró probado que el expresidente, de 73 años, era el “determinador” de una red de manipulación de testigos que engañaron a la Justicia a su favor. La pena mínima de prisión por la comisión de ambos delitos es de seis años, pero la fiscal Marlene Orjuela pide nueve y una multa de 400.000 dólares para Uribe. La jueza, sin embargo, deslizó en la audiencia del lunes que estima que la prisión domiciliaria es la opción prioritaria.
La sentencia completa seguirá siendo secreta hasta este viernes. Será entonces cuando la opinión pública conozca la pena contra Uribe. El expresidente apelará, claro. Su defensa pedirá que se pronuncie una segunda instancia, que es en este caso el Tribunal Superior de Bogotá. La sentencia definitiva podría demorarse hasta el próximo 15 de octubre, cuando proscribe el proceso.
La génesis del viacrucis judicial de Uribe es una denuncia. Una denuncia que, de hecho, presentó el propio Uribe contra el entonces congresista Iván Cepeda en 2012. No sospechaba el líder indiscutido del Centro Democrático que, trece años después, la denuncia se volvería en su contra.
En 2012, decíamos, Uribe demanda a Cepeda ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos. ¿Por qué? Porque el congresista preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo. El caso llegó a la mesa del magistrado José Luis Barceló, que le dio la vuelta. Barceló no abrió investigación contra el congresista, como Uribe esperaba, sino que inició un proceso contra el expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
En mitad del proceso judicial, que hasta dos fiscales estuvieron a punto de hacer descarrilar, aparece la figura de Diego Cadena, un joven abogado conocido por defender a narcotraficantes en procesos de extradición. Cadena es la persona que, según las pesquisas, visitó a exparamilitares en varias cárceles del país para ofrecerles beneficios a cambio de que cambiaran sus testimonios sobre Uribe o involucraran a Cepeda en esa supuesta compra de testigos.
La conclusión de la jueza Sandra Heredia, que tomó las riendas del caso en abril del pasado año, es que Uribe “sabía de lo ilegal de su proceder, de otra manera no puede explicarse que no lo hiciera directamente o a través de sus abogados de cabecera”. Heredia sentenció, en definitiva, que el expresidente sobornó a testigos con el fin de fabricar cargos contra el ahora senador Cepeda y contra otras personas implicadas en la investigación de los vínculos del denominado Clan Uribe con grupos paramilitares.
El senador Iván Cepeda habla con los medios de comunicación después de la condena contra Uribe. Reuters
Cabe preguntar a estas alturas quién es Iván Cepeda. Cepeda es senador de Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que lidera el presidente Gustavo Petro. Hijo de los políticos Yira Castro y Manuel Cepeda, asesinado por los paramilitares, Iván Cepeda es un defensor de los derechos humanos convertido en senador que, en la actualidad, forma parte del equipo negociador del Gobierno de Petro en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Luego Iván Cepeda es uno de los arquitectos de la política de paz total de Petro.
El senador, que escuchó la sentencia de la jueza Heredia desde la sala de Bogotá, sentado a la vera de la fiscal Orjuela, en el sitio reservado para las víctimas, no descarta presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de 2026. Es más, su papel en el juicio del siglo contra Uribe le perfila ahora como sucesor de Petro.
“Agradezco que mi nombre haya sido tomado en cuenta. A diferencia de otras personas, no ha sido mi vocación, no había pensado en lanzar mi nombre a la Presidencia, porque respeto esa institución y sé que es una responsabilidad mayor y esas decisiones no se deben tomar sobre la base de emociones y entusiasmos, sino de un raciocinio responsable”, declaró Cepeda, que adelantó al mismo tiempo que analizará “de manera seria” la posibilidad de lanzar su candidatura.
El senador se dejó querer, y Petro le mostró su aprecio. “A Iván Cepeda le asesinaron su padre, cuando su padre era, senador de la república de la UP [Unión Patriótica], y era, tambien, mi amigo y colega. No es por venganza que ha sido impulsador, como víctima, del proceso contra Uribe, ha sido un impulsador de la verdad”, escribió el presidente en X.
EEUU, con el uribismo
Mientras, la derecha de Colombia —el espacio donde Álvaro Uribe sigue siendo la referencia— denuncia lawfare. Una persecución política orquestada por la izquierda desde la judicatura. Las voces del uribismo acusan a la juez Heredia de imprimir una carga ideológica considerable a su fallo. Una premisa que los penalistas rechazan de plano.
Los expresidentes Andrés Pastrana e Iván Duque no tardaron en cerrar filas con Uribe. Este último, su delfín político, denunció un proceso “lleno de irregularidades y de infamias”. Su predecesor, algo más contenido en la crítica, pidió respetar los argumentos de la jueza en aras de la estabilidad de las instituciones.
Quien también salió en defensa de Uribe fue el jefe de la diplomacia estadounidense. “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar y defender incansablemente a su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X. Un pronunciamiento que Petro se apresuró a condenar.
El mandatario colombiano recordó que su Gobierno “no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas, no presiona a la justicia que es independiente por completo”. Y respondió a Rubio: “Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”.
Petro también embistió contra “una parte de la prensa” por “presionar a la jueza para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la jueza como hacen las mafias”. “Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos”, remató.
A Uribe siempre le acompaña el número 6.402. Son las personas que, según los datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron ejecutadas extrajudicialmente por paramilitares. La mayoría se convirtieron en víctimas mortales durante su presidencia. Las investigaciones previas sobre los líderes del Clan Uribe quedaron archivadas a finales de la década de los noventa. Sucedió en mitad del asalto violento al sistema judicial colombiano, que buscaba impedir las investigaciones sobre grupos paramilitares y sus aliados en los sectores empresarial y político.
“En Colombia, el país en el que todo pasa, no pasa con mucha frecuencia que la justicia ordinaria toque a los hombres que han acaparado poder y fortuna a lo largo de los años. Algo digno de ver, de estudiar y de seguir”, escribe en las páginas de El Espectador la columnista Cristina Nicholls Ocampo.
