El exfiscal general de México Jesús Murillo Karam, tras ser detenido este viernes 19 de agosto

El exfiscal general de México Jesús Murillo Karam, tras ser detenido este viernes 19 de agosto Sáshenka Gutiérrez EFE

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La detención del exfiscal general reabre el drama de los 43 estudiantes desaparecidos en México

Jesús Murillo Karam ha sido acusado de delitos de desaparición forzada y tortura por un caso que ya ha sido considerado un "crimen de Estado"

20 agosto, 2022 12:22

La Fiscalía General de de México ha informado este viernes de la detención del extitular de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) mexicana Jesús Murillo Karam por su posible vinculación con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa. Un caso que conmocionó a la sociedad mexicana en 2014 y que ahora está considerado como un "crimen de Estado".

La "Policía Federal Ministerial cumplimenta orden de aprehensión en contra de Jesús 'M'", ha señalado en un comunicado la Fiscalía. Según las autoridades judiciales, su arresto se produce por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el 'caso Ayotzinapa'.

Su detención se produce después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señalara que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en 2014, fue un "crimen de Estado". En el mismo estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.

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"El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía (en Tacubaya, en la Ciudad de México) para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada", ha añadido la Fiscalía.

Entregados a un cártel

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando se conmemora la matanza de Tlatelolco, en 1968.

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Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada "verdad histórica", varios policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa "verdad", al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esta ha señalado que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

La investigación, llevada a cabo por el cuerpo policial de la Fiscalía, ha acabado con la detención de Murillo cerca de su domicilio en Lomas de Chapultepec, en el sur de la capital mexicana. Allí, el fiscal "colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo".

El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, que presentó el reciente informe sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha señalado que "existen elementos" para que las autoridades judiciales continúen las diligencias indagatorias en contra de al menos 33 personas. "Se están llevando a cabo las diligencias judiciales correspondientes (...) todos los responsables deberán de ser castigados", ha destacado.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que "no está cerrado" el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tras el informe de la Comisión de la Verdad del caso que concluyó que fue un "crimen de Estado" y que descarta que estén vivos.

"Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia", manifestó en su rueda de prensa matutina, realizada en Tijuana.