La Eurocámara ha aprobado una polémica directiva de secretos comerciales.

La Eurocámara ha aprobado una polémica directiva de secretos comerciales. Vincent Kessler Reuters

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Así es la directiva que podría impedir más filtraciones como los papeles de Panamá

Sus críticos, entre ellos la Federación Europea de Periodistas, creen que desprotege a los soplones.

15 abril, 2016 02:12

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“Creo que es increíblemente insensible [por parte de las autoridades europeas] aprobar dos semanas después de la revelación de los papeles de Panamá una directiva que expande el derecho al secretismo corporativo”, asegura Julia Reda, eurodiputada alemana del grupo de Los Verdes, desde Estrasburgo.

Pese a su voto en contra, este jueves la Eurocámara ha avalado por mayoría (503 a 131) una directiva de protección de secretos comerciales que viene generando fricción desde que la Comisión Europea la impulsara en 2013. Una vez los Veintiocho la ratifiquen, lo que se considera un mero trámite, estos tendrán dos años para trasladarla a su ordenamiento jurídico.

La medida pretende armonizar la legislación de los Estados miembros sobre secretos comerciales para que las compañías tengan medios legales para defenderlos a lo largo del continente, afirman sus promotores. Pero sus críticos -entre los que se encuentran Los Verdes o asociaciones europeas de prensa- opinan que otorgará más opacidad y poder a las empresas, lo que podría vulnerar la libertad de información o la salud pública.

“He luchado para asegurarme de que las salvaguardas recogidas en este texto para proteger el trabajo de los periodistas y los soplones sean lo más reales e inequívocas posibles”, ha declarado la responsable para la directiva en el Parlamento comunitario, Constance Le Grip, del Partido Popular Europeo.

Pero los opositores temen que, gracias a la directiva, las empresas puedan llevar con facilidad a juicio a quien exponga actividades corporativas ilegales o inmorales y eso evite filtraciones como las recientes de Panamá o las de Luxemburgo de 2014.

“El mayor problema [con esta legislación] es la vaguedad de la definición de 'secreto comercial'. Bajo esta directiva, una compañía puede decidir qué información se considera un secreto comercial. Los únicos criterios que tiene que cumplir es que se haya mantenido en secreto y que su revelación generase un daño económico a la empresa”, afirma Reda, quien integra la comisión de la Eurocámara a cargo del texto. “Por defecto, todo es un secreto comercial”.

En el ámbito mercantil, el concepto de secreto comercial suele referirse al know-how, la manera particular en que se hacen las cosas en una compañía y que supone una ventaja competitiva para ésta. El secreto ayuda a proteger estos activos frente al robo, como explicaron expertos a EL ESPAÑOL.

INSEGURIDAD E INCERTIDUMBRE

El problema con la directiva, según sus críticos, es que incluye al ejercicio del periodismo y la exposición de actividades empresariales reprochables como excepciones a la protección del derecho comercial y, además, con un lenguaje poco claro.

“[La redacción] ha mejorado respecto a las excepciones para periodistas. Antes usaban el término 'uso legítimo' [del derecho a la libertad de información] y nosotros no teníamos claro que era un 'uso legítimo'. Así que estamos contentos con eso”, asegura Renate Schroeder, directora de la Federación Europea de Periodistas y lobista de este organismo para la directiva. “Pero el texto definitivo aún es relativamente vago, en especial, en lo que respecta a los soplones y por eso nuestra preocupación se mantiene”.

La propuesta inicial de la Comisión indicaba que la exposición de un secreto comercial se permitiría bajo un “uso legítimo del derecho a la libertad de expresión e información” y cuando se revelase un “comportamiento impropio e irregularidad ilícita” cuando el “demandado haya actuado en el interés público”. Una investigación conjunta de dos ONG y un diario mostró que la propuesta legislativa original se debía en buena medida a la influencia de la gran empresa y que la sociedad civil y las asociaciones no habían tenido apenas cabida en su gestación.

El catedrático de derecho comercial Ángel García Vidal, de la Universidad de Santiago de Compostela, explicó a este diario cuando la propuesta todavía no había sido modificada que con conceptos indeterminados como “interés público” o “uso legítimo” quedaba en manos de un juez ponderar entre la protección de un secreto comercial y la información.

“Si yo [la empresa] lo demando, acabará el proceso y voy a perder -es más que probable que yo pierda-, pero a lo mejor ante mi amenaza y el hecho de que lo voy a llevar a un juzgado, aunque usted tenga la razón, el miedo, el estrés, las preocupaciones pueden hacer que se retraiga”, aseguró.

Ahora, aunque el término “uso legítimo” se ha caído del texto, el de “interés público” sobrevive, lo que, según los críticos con la directiva, genera inseguridad y sigue dejando la decisión en manos de un tribunal.

LOS SOPLONES, DESPROTEGIDOS

Es por esto que Los Verdes presentarán en mayo una propuesta de directiva para proteger a los soplones, afirma Reda, la europarlamentaria. Pero, recuerda, es necesaria la voluntad de la Comisión para que esta medida salga adelante.

Para presionar al órgano presidido por Jean-Claude Juncker, Los Verdes intentaron posponer la votación de la directiva de secretos comerciales, pero su plan fracasó este jueves. “[Ahora] que la Comisión presente una propuesta dependerá mucho de la presión de la opinión pública”, dice la eurodiputada.

Aparte de una amenaza a la libertad de prensa, algunos ven en la directiva de secretos comerciales de la Unión Europea otros riesgos, como por ejemplo, para la salud de los ciudadanos.

Este miércoles la Eurocámara decidió apoyar la renovación por 15 años la licencia del glifosato, el herbicida más utilizado en el globo. Mientras que la Organización Mundial de la Salud sostiene que la sustancia probablemente es cancerígena, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) defiende lo contrario.

Pero Corporate Europe Observatory, una organización pro-transparencia, asegura que la UE se negó a proporcionarle los estudios sobre los que basa su evaluación del glifosato argumentando que eso violaría secretos comerciales.

Por su parte, Schroeder asegura que la Federación y otras asociaciones de periodistas permanecerán alerta cuando los Estados miembros comiencen a implementar la polémica directiva. “Usted ha visto los papeles de Panamá. Han sido tremendamente importantes”, asegura. “A muchos en la esfera política les gustaría encontrar algo que entorpezca [este] periodismo de investigación”.