Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y Pedro Sánchez.

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y Pedro Sánchez.

Estilo de vida

Es oficial: los funcionarios del Estado trabajan 2 horas y media menos al día desde abril sin reducción salarial

Se trata de una de las reformas laborales internas más importantes de los últimos años y con el reto de mantener intacto los servicios públicos.

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La jornada laboral de los funcionarios del Estado ha cambiado de manera significativa desde hace unas semanas. El Gobierno ha implantado en abril la nueva semana laboral de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), una medida que ha reducido dos horas y media el tiempo de trabajo semanal de miles de empleados públicos sin afectar a sus salarios.

El Gobierno publicó la resolución en el BOE el 15 de abril de 2026 y la nueva jornada de 35 horas semanales entró en vigor el 16 de abril, tras meses de negociación con los sindicatos y supone uno de los cambios organizativos más relevantes para la función pública estatal de los últimos años.

El acuerdo cuenta con el respaldo de UGT, CCOO y también de CSIF, que terminó sumándose después de lograr garantías sobre la aplicación generalizada de la medida.

El objetivo del Ejecutivo pasa por adaptar la organización del trabajo público a un modelo más flexible y orientado a la conciliación laboral, siguiendo una línea que ya aplican varias comunidades autónomas desde hace años.

Reducción de jornada

La nueva jornada de 35 horas afecta a ministerios, organismos públicos, agencias estatales y distintas entidades dependientes de la Administración General del Estado.

Según las estimaciones del Ministerio de Función Pública, cerca de 220.000 empleados públicos se han beneficiado directamente de esta reducción horaria, aunque los sindicatos elevan la cifra hasta alrededor de 246.500 trabajadores.

Además de reducir semanalmente las horas de trabajo del funcionariado, el acuerdo contempla adaptar otros regímenes especiales. Por ejemplo, las jornadas de especial dedicación de 40 horas pasarán a situarse en 37,5 horas semanales.

Uno de los aspectos que más tensiones había generado durante la negociación era la inclusión de determinados colectivos que tradicionalmente quedaban fuera de este tipo de acuerdos.

Finalmente, el pacto incorpora también a trabajadores de Instituciones Penitenciarias y abre la puerta a que el nuevo marco horario se adapte progresivamente a ámbitos como la sanidad o la educación estatal mediante acuerdos específicos. La intención es evitar diferencias importantes entre departamentos y garantizar una aplicación homogénea en toda la Administración.

Reorganización interna

La implantación de la jornada de 35 horas obligará a reorganizar el funcionamiento interno de numerosos organismos públicos. Cada ministerio y entidad deberá adaptar turnos, cuadrantes y planificación de personal para garantizar que la reducción horaria no afecte a la atención ciudadana ni al funcionamiento de los servicios públicos.

Los sindicatos consideran que la medida puede contribuir también a reducir el estrés laboral y mejorar el clima de trabajo dentro de la Administración.

Además, recuerdan que numerosas comunidades autónomas ya funcionan desde hace tiempo con jornadas similares sin que ello haya provocado una merma significativa en la calidad del servicio.

Conciliación y productividad

La entrada en vigor de esta reducción de jornada supone también un movimiento de fuerte carga política y sindical. Para las centrales sindicales, se trata de una reivindicación histórica que busca equiparar las condiciones laborales de los funcionarios estatales con las de otros empleados públicos autonómicos y locales que ya disfrutan de jornadas reducidas.

El Gobierno defiende que una menor carga horaria no tiene por qué traducirse en menos rendimiento si existe una mejor organización del trabajo y una correcta planificación de las plantillas.

Sin embargo, algunos expertos económicos y sectores empresariales mantienen dudas sobre el impacto que este tipo de medidas puede tener en la productividad y en el gasto público.