Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Estilo de vida

Es oficial: los inmigrantes que hayan trabajado de forma irregular más de 6 meses podrán quedarse en España

Para miles de migrantes que han trabajado en silencio, esta irregularidad les ofrece derechos que suponen una salida legal.

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La polémica en torno a la empresa de reparto Glovo vuelve a situarse en el centro del debate laboral en España.

En medio de sanciones millonarias, cambios en su modelo de negocio y denuncias por falsos autónomos, emerge una vía poco conocida que podría cambiar la vida de miles de repartidores en situación irregular.

Según explica la inspectora de trabajo Ana Ercoreca, aquellos migrantes que hayan trabajado durante más de seis meses, aunque haya sido sin contrato o bajo cuentas alquiladas, podrían acceder a una regularización legal en el país. La clave está en denunciar.

Una puerta legal desconocida

La posibilidad existe y está respaldada por la legislación española. Se trata del llamado arraigo laboral, un mecanismo que permite obtener la residencia si se demuestra la existencia de una relación laboral continuada durante al menos seis meses.

"Los migrantes en situación irregular que denuncien que han trabajado más de seis meses pueden solicitar este arraigo y quedarse en España", explicaba Ercoreca durante su intervención en el programa Aquí hay trabajo de TVE.

Lo relevante es que no importa si el trabajador estaba dado de alta en la Seguridad Social. La ley reconoce que, aunque haya habido irregularidades administrativas, si se puede demostrar que el trabajo existió, hay derechos que deben ser protegidos.

En este contexto, el llamado "rastro digital" se ha convertido en una herramienta clave. Los datos generados por la app (geolocalización, historial de pedidos o capturas de pantalla) pueden servir como prueba en los tribunales.

El peso de las denuncias

La situación actual no se entiende sin el creciente escrutinio judicial y administrativo sobre la empresa. En los últimos años, Glovo ha acumulado sanciones que superan los 800 millones de euros por vulneraciones laborales relacionadas con su modelo de repartidores.

Este escenario ha provocado un cambio de sensibilidad en los tribunales españoles, que cada vez reconocen con mayor claridad la existencia de relaciones laborales encubiertas.

Para los trabajadores, denunciar no solo abre la puerta a la regularización. También implica el reconocimiento de derechos básicos. "Tienen derecho a que se cotice por ese periodo", subraya la inspectora.

Esto puede marcar una diferencia crucial a largo plazo. La cotización permite acceder a prestaciones por desempleo, bajas laborales o incluso a una futura pensión. Es decir, no se trata solo de regularizar papeles, sino de recuperar derechos perdidos.

Además, en un momento en el que la compañía afronta reestructuraciones y posibles despidos masivos, muchos repartidores se encuentran en una situación especialmente vulnerable.

Requisitos y límites

Sin embargo, no todos los casos pueden acogerse automáticamente a esta vía. El arraigo laboral exige cumplir una serie de condiciones muy concretas.

La principal es acreditar una permanencia continuada en España durante al menos dos años. A esto se suma la necesidad de demostrar la relación laboral durante un mínimo de seis meses.

También es imprescindible no tener antecedentes penales, ni en España ni en el país de origen. Este punto puede ser determinante a la hora de resolver la solicitud.

Pese a estos requisitos, los expertos coinciden en que la vía es viable para muchos repartidores que han trabajado en la economía sumergida. Especialmente en sectores como el reparto a domicilio, donde el uso de cuentas alquiladas ha sido una práctica extendida.

Ercoreca insiste en la importancia de no normalizar estas situaciones: "No se pueden aprovechar de personas vulnerables por edad, nacionalidad o situación personal".

En paralelo, las medidas tecnológicas implementadas por la empresa, como los sistemas de reconocimiento facial, no han logrado erradicar del todo estas prácticas. El mercado informal sigue existiendo.