Es oficial: la Ley de Bienestar Animal obliga a gestionar las colonias de gatos, pero los ayuntamientos no llegan

Hoy, en el Día Nacional de Respeto a tu Gato, España marca también el segundo aniversario de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales.

Dos años después de su aprobación, el debate ya no gira en torno al contenido de la normativa —considerada clara desde el punto de vista jurídico— sino a su aplicación efectiva en los ayuntamientos, especialmente en la gestión de colonias felinas urbanas.

La ley establece que los municipios deben implementar programas estructurados de gestión que incluyan censos actualizados, esterilización sistemática, control sanitario y coordinación con cuidadores y entidades de protección animal. Sin embargo, su aplicación continúa siendo desigual entre localidades.

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En algunos municipios ya existen programas consolidados con planificación anual y seguimiento veterinario. En otros, la gestión sigue dependiendo de intervenciones puntuales o de iniciativas voluntarias sin un programa integral formalizado.

"La ley ha definido con precisión qué debe hacerse", explica Juan Manuel Taboada, CEO y fundador de Meow Metrics, una plataforma tecnológica creada para ayudar a los ayuntamientos a profesionalizar la gestión de colonias felinas mediante herramientas digitales.

"El desafío ahora es convertir esa obligación legal en una política pública organizada y sostenida en el tiempo. Sin planificación, datos y coordinación administrativa es muy difícil que los ayuntamientos puedan gestionar el problema de forma estable".

Una responsabilidad legal

La Ley 7/2023 introdujo cambios relevantes en la gestión de los gatos tanto domésticos como comunitarios. Entre ellos, la identificación obligatoria mediante microchip en todo el territorio nacional, una medida destinada a mejorar el control del abandono y facilitar la recuperación de animales perdidos.

El incumplimiento de determinadas obligaciones previstas en la normativa puede considerarse infracción grave, con sanciones que en los casos más severos pueden alcanzar los 200.000 euros, según el régimen sancionador de la ley.

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En el caso de los gatos que viven en colonias urbanas, la responsabilidad de su control y gestión recae directamente en los ayuntamientos, que deben desarrollar programas de captura, esterilización y retorno (CER) y garantizar el seguimiento sanitario de los animales.

El reto

Especialistas en gestión pública señalan que las diferencias entre municipios no responden necesariamente a una cuestión ideológica, sino a un reto organizativo. La implantación de estos programas exige coordinar áreas municipales como medio ambiente, sanidad o participación ciudadana, además de veterinarios, asociaciones y redes de voluntariado.

"Muchos municipios quieren aplicar la ley, pero se enfrentan a un desafío operativo importante: coordinar recursos, profesionales y voluntariado de forma estable. La clave no es solo esterilizar, sino estructurar la gestión con censos actualizados, planificación sanitaria y protocolos claros de convivencia", señala Diana Barrantes, COO y cofundadora de Meow Metrics.

Cuando no existe una estrategia sostenida, los especialistas advierten de efectos acumulativos: incremento poblacional de colonias, aparición de nuevas camadas, mayor vulnerabilidad de los animales y aumento de conflictos vecinales.

Además, las campañas puntuales sin continuidad pueden generar el denominado "efecto vacío", por el cual la retirada de animales de una zona provoca que otros gatos ocupen rápidamente ese espacio si no existe un control poblacional estable.

La tecnología

En este contexto surge Meow Metrics, que actúa como una infraestructura común donde ayuntamientos, gestoras de colonias y clínicas veterinarias pueden trabajar de forma coordinada, con roles definidos y datos compartidos.

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Toda la información queda geolocalizada, validada y trazable, lo que permite pasar de una gestión reactiva a una planificación basada en evidencia. "Cuando los municipios cuentan con información actualizada sobre las colonias felinas, pueden planificar mejor las campañas de esterilización, optimizar recursos y reducir conflictos", explica Taboada.

Del activismo ciudadano a la política pública

La gestión de colonias felinas ha estado tradicionalmente vinculada al trabajo voluntario de asociaciones y personas cuidadoras. Sin embargo, la aprobación de la Ley 7/2023 ha trasladado la responsabilidad principal a las administraciones locales.

Este cambio supone un paso hacia la institucionalización de la gestión del bienestar animal urbano. "El simbolismo ha dado paso a la responsabilidad institucional", concluye Barrantes.

"El reto ahora es consolidar sistemas de gestión estables que permitan aplicar la ley de forma eficaz y sostenible". Así que este segundo aniversario marca un punto de inflexión: el debate ya no es si debe aplicarse la ley, sino cómo hacerlo de forma eficaz y sostenible en cada municipio.