El Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Confirmado por el Gobierno: ayuda de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años en la familia
Esta medida se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy.
Más información: Entró en vigor: el trabajador tiene derecho a 5 años de excedencia en su empresa
El Gobierno ha comenzado a avanzar en la creación de una nueva Prestación Universal por Crianza, una ayuda de 2.400 euros anuales planteada como un derecho dirigido a todas las familias con hijos, sin tener en cuenta el nivel de ingresos.
La propuesta contempla un pago mensual de 200 euros por cada menor de 18 años a cargo, lo que equivale a 2.400 euros al año por hijo. Esta medida se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy.
El objetivo del Ejecutivo es que la prestación tenga carácter universal y alcance al conjunto de las familias con hijos menores de edad. Según los borradores conocidos hasta ahora, entre los requisitos previstos figuran contar con hijos menores a cargo, residir legalmente en España, mantener actualizado el empadronamiento y acreditar el vínculo familiar mediante DNI o NIE y el libro de familia o documentación equivalente.
Por el momento, no se contempla exigir cotizaciones previas ni establecer límites mínimos o máximos de renta.
La ayuda se abonaría previsiblemente de forma mensual y automatizada, una vez reconocida la prestación. Además, el diseño inicial plantea que sea compatible con otras ayudas ya vigentes, como el Ingreso Mínimo Vital, las deducciones por maternidad o las prestaciones autonómicas destinadas a las familias.
El Gobierno sitúa esta iniciativa como una de las piezas clave de su estrategia para combatir la pobreza infantil y reducir la desigualdad, con el propósito de rebajar la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social entre los menores.
La medida también se relaciona con el desafío demográfico, ya que busca aliviar el impacto económico de la crianza, incentivar la natalidad y favorecer la conciliación laboral y familiar en un contexto de baja tasa de nacimientos.
Aunque el Consejo de Ministros ya ha incorporado esta prestación a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y ha fijado como referencia la ayuda de 200 euros mensuales, la medida todavía no ha entrado plenamente en vigor como un derecho efectivo.
El Ejecutivo prevé una implantación gradual y aún queda pendiente la aprobación de la normativa que definirá aspectos como los plazos, el procedimiento de solicitud, el organismo encargado de gestionarla y la fecha definitiva de entrada en vigor.
