Escribo estas líneas exactamente veintiún días después de la "violación deplorable de la integridad territorial" en palabras del presidente del Gobierno, que supuso la invasión de Ceuta por unas ochenta mil personas.
Se suele decir que bastan veintiún días para consolidar un hábito. Espero que no hayamos terminado por acostumbrarnos a esa «relativa normalidad» anunciada por el ministro Grande-Marlaska durante los primeros días de la crisis.
Y no es que yo confiara mucho en este gobierno, que no es el caso ─ya hace mucho que no espero nada de casi ninguno de sus miembros─, pero ni siquiera en mi peor pesadilla podía concebir que, en pleno siglo XXI, el cuarto país de la Unión Europea no fuera capaz de encontrar una solución a la situación provocada por los miles de marroquíes y subsaharianos que permanecen en Ceuta.
¿Cómo es posible permitir la invasión de playas y de zonas completas de la ciudad? ¿Cómo se puede permitir que se hayan producido agresiones sexuales contra niñas, en algunos casos solo calificables como auténticas salvajadas? ¿Cómo se puede soportar que haya brotes de sarna entre nuestros soldados y policías? Podría seguir haciendo preguntas hasta agotar el límite de palabras del artículo.
Pero también son tres semanas de vacaciones del presidente del Gobierno en el palacio de La Mareta en Lanzarote. Pocos españoles se pueden permitir unas vacaciones tan largas. Y mientras tanto, casi cada día tenemos el desfile de ministros por Ceuta, cada vez más desganados y con peor cara, y sin tener muy claro lo que deben ─o pueden─ decir.
Así se explica que la ministra de Sanidad, Mónica García, calificara de xenófobos los mensajes que vinculan inmigración y enfermedad, una formulación que muchos profesionales sanitarios han sentido dirigida contra ellos. Además se han publicado informaciones que apuntan a posibles represalias contra los médicos que hablen con los medios de comunicación. De confirmarse, sería gravísimo.
Así se explica que la ministra de Infancia se despachara con cuatro frases hechas, y atacara al Gobierno de la ciudad de Ceuta. Y en contra de todo lo dicho hasta ahora, anuncia que se evacuarán a la Península unos 500 menores, con prioridad para las niñas, pero como siempre la ideología puede más, y resulta que serán las ONG las que tengan la «guarda y custodia» de esos y esas menores, si bien la ley establece que la tutela recaería en la ciudad de Ceuta. ¿Cómo se puede conciliar ambas cosas?
Parece necesario recordarle que las competencias de ese gobierno no son más que las de un ayuntamiento de mediano tamaño. Y que es precisamente el gobierno central el que tiene las competencias en Sanidad, Educación, Seguridad, etcétera.
Quiero en este punto hacer un reconocimiento al alcalde-presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que se ha revelado como una persona educada, paciente, correcta y respetuosa con las instituciones. Hasta el día que ha levantado algo la voz, ha sido de una forma sumamente educada. Me ha parecido entrañable, cuando se refería a querer hablar con la presidenta del Tribunal Supremo y el presidente del Tribunal Constitucional, cómo terminaba la frase con estas cuatro palabras: «si me quiere recibir».
También hay que reconocer a dos socialistas que han roto con el relato oficial: me refiero a Maritcha Ruiz Mateos y a Melchor León, que han antepuesto la defensa de sus conciudadanos a los intereses de la Moncloa.
No se puede decir lo mismo de la actitud del ministro de Asuntos Exteriores, atacando a Italia y otros países europeos y haciendo la pelota a Marruecos. Y para rematar la faena, y según cuentan algunos medios, quería que el rey Felipe saliera públicamente a dar las gracias al rey marroquí.
Solo falta que vaya a Ceuta el ministro de Transportes para que termine de incendiar el escenario, remedando aquella frase de los filoetarras, respecto de quienes son o somos los terroristas.
Se han empezado a montar campamentos por parte de los militares, para atender hasta un máximo de 1.800 personas; sigue sin explicarse qué ocurrirá con quienes no tengan plaza o no quieran permanecer en ellos.
Parece que toda esta situación está sirviendo para que, al menos, vayamos sabiendo quiénes son las personas que en Marruecos mueven los hilos y cómo lo hacen, y para constatar que esta vez se les ha ido de las manos. Hoy aparecen noticias sobre el hackeo y posible publicación de expedientes de agentes de los servicios secretos marroquíes que pululan por Europa.
Y surge otra pregunta: ¿cómo un país que no sabe cuidar a sus niños se puede gastar cientos de millones de euros en un estadio para un solo evento?
Volviendo al palacio de La Mareta, en Costa Teguise, propiedad de Patrimonio Nacional por dación del rey Juan Carlos; considero que el presidente tiene el derecho a invitar a pasar unos días allí a quien estime oportuno, siempre que se respete la dignidad institucional del lugar. Es más, creo que una invitación de esa naturaleza debe aceptarse por respeto a la institución.
Pero quienes pagamos impuestos —el equivalente a 231 días de trabajo al año, según la estimación de la Fundación Civismo—, también tenemos derecho a saber quién se ha alojado allí, cuánto ha costado su estancia y cuál es el tratamiento fiscal que corresponde, en su caso, a esa utilización. Me da igual que se trate de familiares, cargos públicos o invitados privados: quiero saber cuánto cuesta y que se apliquen las mismas obligaciones que se exigirían a cualquier contribuyente.
Y la falta de control no termina en Ceuta ni en la ausencia de explicaciones sobre La Mareta, seguimos sin pedir la ayuda de Frontex, y acabamos de ver imágenes de una narcopatera en una playa concurrida de Cartagena con más de sesenta personas a bordo. Se empieza a hacer público cómo muchos migrantes llegados a Ceuta están llegando a la península en motos de agua pagando auténticas fortunas ─algo que pude comprobar en 2002 por motivos profesionales en el Campo de Gibraltar y que allí es público y notorio─, por lo que no podemos sorprendernos de que después Italia o Dinamarca nos llamen la atención.
Y seguimos sin desplegar un dispositivo parecido al Ocon Sur; mientras el narcotráfico gana implantación desde Cabo San Vicente hasta Cabo de Palos; y como efecto derivado de ello, se suma el asesinato de cuatro personas en Huelva en lo que todo apunta a una venganza entre clanes.
Y mientras tanto, España sigue ardiendo no solo por las temperaturas, sino también por una gestión forestal demasiado condicionada por la ideología.
Añoro los agostos en que no pasaba nada; solo hacía calor.
