"Nadie preveía esta guerra en Irán, nadie la preveía. Yo, desde luego, no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no. Pues evidentemente, la Administración, en este caso el Gobierno de España, sin olvidar lo importante, tiene que estar a lo urgente. Y lo urgente ahora mismo es esto".

Esta frase fue pronunciada por el presidente —prefiero la denominación de primer ministro— del Gobierno español el pasado 20 de marzo en la presentación de los dos reales decretos aprobados con carácter de urgencia para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán que había comenzado veinte días antes.

No puedo compartir que nadie pudiera prever la guerra cuando existían indicios más que evidentes de que podía producirse con bastante probabilidad, al menos desde una quincena de días antes.

Por ejemplo, el portaaviones Gerald Ford, el mayor del mundo, cruzó el Estrecho de Gibraltar el 17 de febrero, tras haber iniciado su despliegue en el mar Caribe cinco días antes.

¿Para qué se desplaza, si no, un buque de este porte? Cabe suponer que los servicios de inteligencia o el Estado Mayor disponen de mucha más información que la sociedad civil y, por tanto, que el Gobierno estaba informado. Y, de ser así, debería haber quedado reflejado en un plan estratégico con distintos escenarios y sus correspondientes efectos económicos.

Sin embargo, lo que realmente descuadra el discurso es la comparación entre lo urgente y lo importante.

Se atribuye al presidente de EE. UU., Dwight D. Eisenhower, la siguiente cita: "Tengo dos tipos de problemas, los urgentes y los importantes. Lo urgente no es importante, y lo importante raramente es urgente".

Esta reflexión subraya la necesidad de distinguir entre tareas que requieren atención inmediata y aquellas que son importantes para objetivos a largo plazo, pero que no necesariamente demandan acción inmediata.

Eisenhower, —general de alto rango y ampliamente reconocido por su capacidad de decisión durante su carrera militar y presidencial—, desarrolló una herramienta de gestión del tiempo, denominada Matriz de Eisenhower, que clasifica las tareas en cuatro cuadrantes según su urgencia e importancia ayudando a priorizar acciones, maximizar la productividad y reducir el estrés al distinguir entre:

  • Lo que se debe hacer inmediatamente —urgente e importante—: tareas críticas con plazos inminentes y que requieren atención inmediata (crisis, fechas límite...).

  • Lo que se debe planificar y programar —importante y no urgente—: tareas estratégicas que aportan valor a largo plazo (planes estratégicos, presupuestos…).

  • Lo que se debe delegar —urgente y no importante—: tareas que deben hacerse pronto, pero pueden ser realizadas por otros de menor rango.

  • Tareas a eliminar —ni urgente ni importante—: éstas se encuentran al final de la lista de prioridades, porque no son relevantes para el logro de los objetivos y, en consecuencia, no necesitan completarse con especial urgencia.

Volviendo al caso de España, no se ha actuado con la urgencia que la situación exigía en la tramitación del decreto de ayudas, habiéndose tardado tres semanas en aprobarlo.

Cualquier economista experimentado —y cabe suponer que entre los asesores del presidente los hay— podía anticipar la llegada de un shock de oferta relevante. Su magnitud dependerá de la duración del conflicto, pero su aparición era más que previsible.

No solo por el efecto inflacionario del petróleo, sino también por el incremento del coste del gas natural licuado, que afectará a las centrales de ciclo combinado —neutralizando parte del ahorro de las renovables— y a numerosas industrias manufactureras. A ello se sumará la caída en la producción de fertilizantes y el aumento de los costes en frutas y verduras.

Todo ello ocurre en un contexto en el que la planificación presupuestaria (lo importante) brilla por su ausencia. Así parece reconocerlo el propio Gobierno al incluir en uno de los reales decretos una disposición final que modifica la Ley de Presupuestos de 2023, eliminando el límite legal de las ampliaciones presupuestarias, vigente actualmente mediante el procedimiento de prórrogas presupuestarias.

El recurso a este procedimiento plantea serios reparos. Primero, porque seguimos sin presupuestos generales aprobados en lo que va de legislatura, incumpliendo el mandato constitucional de presentación anual.

Segundo, porque la modificación de una ley presupuestaria prorrogada introduce una anomalía jurídica difícilmente justificable. Aunque pueda resultar una solución práctica, es cuestionable en términos de legalidad y respeto parlamentario.

Si se hubiera atendido a lo importante en estos años —los presupuestos vigentes se elaboraron en 2022—, se podrían haber cubierto las necesidades de mantenimiento de infraestructuras.

Así podría haberse evitado la actual reparación urgente de las vías ferroviarias que han dejado a Málaga prácticamente aislada del resto de la península, al menos hasta finales de abril, con el consiguiente impacto en las reservas hoteleras de Semana Santa.

Retomando la reflexión de Eisenhower, cabe pensar que, de haberse priorizado lo importante, ni el ministro competente ni el representante del Gobierno en la provincia —que no del partido— habrían logrado el inusual consenso de medios de comunicación y sector turístico malagueño en contra de la actuación del Estado, tanto en la gestión del desperfecto como en la valoración de los daños.

Y todo ello a escasos cincuenta días de unas elecciones regionales muy importantes en el contexto nacional, que inevitablemente convertirá en urgente lo que nunca debió dejar de ser importante.

Ya lo decía Mafalda —gracias al lápiz del genial Quino— "Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante".