Me invitó la Cámara de Cuentas de Madrid a intervenir en el acto conmemorativo de su XXV aniversario. Fue toda una sorpresa, ya que salí hace cinco años de la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero la verdad es que he seguido más o menos vinculado a las instituciones de control externo, publicando, asistiendo a congresos y eventos, estudiando.

Fue un verdadero honor formar parte de un reducido grupo de ponentes que incluía a Carlos Cubillo, del Tribunal de Cuentas, a Magdalena Cordero, del Tribunal de Cuentas Europeo, y a Matilde Castellanos, viceinterventora general de Castilla-La Mancha.

Aproveché la ocasión para cortarme la coleta y anunciar en LinkedIn mi retirada de estas plazas, porque hay que dedicar tiempo a la familia, los años invitan a disfrutar más de los ratos libres, y además otras cuestiones han atraído mi inagotable curiosidad, desde la protección de los menores en internet al auge de la inteligencia artificial como herramienta de acompañamiento.

La cuestión es que fui a Madrid, en avión, y estuve en torno a 24 horas en la capital de España. Uno, que es amante de la literatura, piensa de inmediato en aquel libro maravilloso de Stefan Zweig -ya saben: Veinticuatro horas en la vida de una mujer-, porque nos quejamos casi a diario de la falta de tiempo, pero esa cantidad de horas dan para mucho.

En mi intervención, en formato plural, desvelé los principales logros del organismo creado por el presidente Trump para intentar mejorar la eficiencia de la compleja administración federal estadounidense: el Department of Government Efficiency (DOGE), al frente del cual situó a Elon Musk cuando aún se llevaban bien.

La promesa de Musk era, en sus inicios, una promesa tecnológica, basada en la sustitución de recursos humanos por la todopoderosa y ubicua inteligencia artificial. Pero si se estudian bien sus logros se pueden descubrir al menos tres grandes consecuencias.

La primera, que buena parte del ahorro conseguido se debe al desmantelamiento de la agencia de cooperación al desarrollo, la USAID, que ha sido privada de financiación y virtualmente suprimida. Un certero artículo publicado en The Lancet, y firmado por investigadores de España, el Reino Unido y otros países, evalúa el impacto humano prospectivo de esta decisión en más de catorce millones de muertes evitables de aquí a 2030. Es un coste aterrador y extraordinario, forzado por el único propósito de desmantelar una agencia concreta, acusada de estar ideologizada.

El segundo gran hallazgo tiene que ver con una inquietante anomalía estadística. En febrero de 2025, todas las agencias federales estadounidenses recibieron la orden de elaborar lo antes posible un plan de Reduction in Force, esto es, de reducción de su fuerza de trabajo.

Lo anómalo y llamativo es que mientras que la reducción media en las agencias ha sido del 7% de la plantilla, en el Internal Revenue Service (IRS), algo así como el equivalente a nuestra Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el recorte ha sido del 27%, y subiendo.

De una fuerza laboral de 102.000 trabajadores ha pasado a 74.000 a principios de 2026, según informa el Washington Post. Una merma que coincide con nuevas normas y nueva dirección, y que ha provocado ya una caída en picado de las inspecciones tributarias a grandes empresas y conglomerados corporativos.

El tercer descubrimiento que expuse lo desveló la Brookings Institution: paradójicamente, la expulsión de talento que han provocado estos recortes está afectando a la implantación real de la inteligencia artificial en las agencias federales de los Estados Unidos.

Así que el DOGE ni ha conseguido mejorar la eficiencia de la administración ni ha avanzado en su modernización tecnológica: todos sus logros se limitan a desmantelar la cooperación humanitaria al desarrollo y a descapitalizar la agencia encargada de la gestión tributaria. Quizás era eso precisamente lo que se pretendía, pero entonces, como diría el Quijote, para este viaje no se necesitaban estas alforjas. O sí, quién sabe.

La noche previa al acto conmemorativo teníamos una cena protocolaria. De camino a la misma logré pasar por la librería Antonio Machado, algo que procuro hacer cada vez que piso Madrid. Me encontré de repente con la presentación del nuevo libro de Alberto Garzón, que también estudió Económicas en la Universidad de Málaga, mucho más tarde que yo, y que luego fue Ministro de Consumo.

Hace muchos años, casi quince, intenté dar una charla en La Casa Invisible sobre urbanismo participativo, un concepto que me había interesado en aquellos momentos, cuando yo mismo tenía responsabilidades en esa materia en la Junta de Andalucía. Un “Comité” denegó mi propuesta, alegando que se trataba de un acto político, puesto que yo ocupaba un cargo institucional.

Pocos días después, Alberto Garzón presentó allí mismo uno de sus primeros libros, así que volví a la carga y pregunté por qué él sí que podía intervenir en La Casa Invisible y yo no. La respuesta fue que se trataba de la presentación de un libro, y que no tenía que ver con la política, aunque Garzón ya era diputado en Madrid y su libro se titulase “Esto tiene arreglo. Un economista indignado en el Congreso”. Cosas veredes, amigo Sancho.

Aquel ejercicio de sectarismo nunca afectó a mi simpatía por La Casa Invisible. Prefiero esa iniciativa, a pesar de su origen paralegal, a un nuevo hotel en una calle que me gusta, Nosquera, a la que suelo ir muchos miércoles cuando salgo de trabajar, a tomarme una piadina y una cerveza Peroni en un bar italiano muy acogedor llamado Spritz, cómo no. Y si alguien menciona la legalidad, podríamos coger el PEPRI centro y analizar todo lo que se ha consentido, permitido y cobrado en los últimos veinte años pese a ser urbanísticamente más que cuestionable.

Lo que sí me reveló aquel episodio es la incapacidad de ciertos sectores para escuchar posiciones o planteamientos que puedan afectar a sus prejuicios. En Madrid sostuve que hay que fiscalizar siempre con escepticismo y objetividad, y que de la misma manera que podemos y debemos cuestionar que la gestión privada de servicios públicos es más eficiente, también hay que tener la misma perspectiva de exigencia con respecto a la gestión pública de los servicios y bienes públicos. Porque cuando se trata de molinos, molinos son, sea cual sea el cristal con el que se los mire.