Parcela sobre la que se plantea la construcción de la residencia de estudiantes de la Universidad de Málaga.
La Universidad de Málaga se topa de nuevo con el escaso interés para su gran residencia de estudiantes: solo una oferta
La única propuesta formulada en tiempo y forma es la de Urbania Alternatives Investments. La promotora tiene que solventar varios defectos relevantes.
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El segundo intento de la Universidad de Málaga de encontrar un socio privado para la construcción de una residencia de estudiantes de hasta 825 plazas en los terrenos de expansión del campus vuelve a generar escaso interés.
Como ya ocurriera con la primera licitación, solo una empresa ha formalizado en tiempo y forma su oferta en este segundo concurso, activado por la institución académica a finales del año pasado.
De acuerdo con las actas oficiales de la mesa de contratación, la propuesta admitida corresponde a Urbania Alternatives Investments.
No obstante, según recoge la documentación, la firma debe subsanar varios defectos relevantes relacionados con la acreditación de solvencia económica, financiera y técnica.
Se le reclaman las cuentas anuales completas e informes de auditoría de 2022, 2023 y 2024; una declaración de cifra de negocios en promoción, gestión o explotación de residencias o arrendamiento de alojamiento de al menos 40 millones de euros en los cinco últimos ejercicios; una acreditación de recursos propios por 25 millones de euros; y una declaración con promociones realizadas en los últimos tres años que acredite experiencia como promotora en la gestión y explotación de al menos 1.000 plazas.
Además, se exige un compromiso de responsabilidad solidaria entre la licitadora y las entidades a cuyas capacidades recurre, Urbania Alpha, S.L. y Urbania Real Estate Asset Management, S.L.
El órgano de contratación detecta también una incoherencia: esas sociedades declaran ser pyme y no pertenecer a ningún grupo empresarial, pero la documentación presentada menciona un respaldo de Grupo Urbania, sin concretar adecuadamente la relación jurídica entre las entidades.
La mesa considera contradictorio que las sociedades que aportan solvencia nieguen pertenecer a un grupo mientras la licitadora intenta apoyarse en un respaldo genérico de Grupo Urbania, y le pide que aclare la identidad real de los garantes y sus compromisos de solvencia.
Por ello, Urbania dispone de un plazo de tres días hábiles, hasta el 15 de mayo, para presentar la subsanación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, bajo apercibimiento de exclusión.
Mientras no se resuelva esa subsanación, la mesa ha decidido no abrir el sobre A.2, relativo a los criterios sujetos a juicio de valor. En términos prácticos, el concurso sigue vivo, pero de momento queda pendiente de que la única aspirante a la concesión demuestre con suficiente precisión que cumple los requisitos económicos, técnicos y formales exigidos por los pliegos.
Problema con Gestilar
Antes de abrir la documentación, la secretaría dio cuenta de una incidencia con una segunda promotora, Gestilar Servicios Inmobiliarios, S.L., la única que optó en la primera licitación y que fue excluida por no reunir los requisitos exigidos.
La empresa comunicó al día siguiente del cierre del plazo que no había logrado completar el envío de su proposición por la herramienta de la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentó después un archivo XML en USB, junto con una auditoría técnica propia y capturas de pantalla.
La Universidad pidió informe al soporte de la PLACSP, que concluyó que no constaba ninguna oferta válida presentada por Gestilar, que el contacto técnico se produjo fuera de plazo y que el problema descrito era compatible con el exceso de tamaño de los archivos aportados.
El Servicio Central de Informática de la UMA corroboró que el hash aportado coincidía con el XML presentado, pero advirtió de que esa coincidencia no acredita que el archivo fuera el mismo que se hubiera intentado remitir antes del vencimiento ni demuestra su inalterabilidad temporal.
La mesa aplicó el pliego de condiciones, que exige un justificante oficial de huella electrónica emitido por la PLACSP como prueba válida para admitir la presentación excepcional por USB, y decidió no admitir la oferta de Gestilar por no haber aportado ese justificante.
Detalles del proyecto
A la espera de conocer los detalles económicos de la propuesta, la operación podría dejar en las arcas de la institución más de 10,7 millones de euros en concepto de canon. Este es el valor estimado inicialmente por un plazo de concesión de la parcela de 75 años.
A cambio de explotar comercialmente el futuro complejo residencial, que dispondrá de espacios comerciales, entre otros usos, el futuro adjudicatario asumirá los costes de proyectos y construcción de las instalaciones.
Siguiendo la línea perfilada en el concurso anterior, que fracasó después de que el único licitador fuese rechazado por no cumplir con los criterios establecidos, la residencia planteada deberá dar cabida a entre 775 y 825 plazas, con una superficie mínima de 16 metros cuadrados para las habitaciones individuales y de 24 metros para las habitaciones dobles.
