Giro en el taxi accesible: Málaga concentrará en un solo concurso la adjudicación de 60 nuevas licencias

El Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en su apuesta de sacar al mercado 60 nuevas licencias de taxi accesible, vinculadas a vehículos adaptados con capacidad para cinco plazas más una para personas en silla de ruedas (5+1 PMR), que deberán estar conectados a un sistema de gestión de demanda autorizado. 

Estas licencias, numeradas de la 1447 a la 1506, tendrán carácter accesible permanente y se destinarán prioritariamente al transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida.

​Así consta en un edicto municipal, con el que se da continuidad a la tramitación de este procedimiento. Hay que recordar que el Consistorio recibió a finales del pasado mes de febrero el visto bueno de la Junta para impulsar estos permisos.

La decisión se apoya en el Estudio del Sector del Taxi en Málaga 2025, elaborado por la Cátedra de Gestión del Transporte de la Universidad de Málaga, que recomienda la creación de estas 60 licencias adaptadas. 

Una memoria técnico‑jurídica del Área de Movilidad asumió ese diagnóstico y destacó las dificultades actuales de acceso al taxi de las personas con movilidad reducida, en el marco de la Ley andaluza de discapacidad, la ordenanza municipal y el II Plan Estratégico de Accesibilidad Universal 2023‑2027.

​Según la documentación municipal, el incremento supone un aumento del 4,15% de la flota total de taxis, considerado "asumible" desde el punto de vista económico y necesario para atender una demanda accesible significativa que hoy no está suficientemente cubierta. 

Alegaciones del sector

El acuerdo de inicio del expediente, aprobado en julio de 2025, se sometió a trámite de audiencia durante quince días hábiles con traslado a asociaciones del taxi, sindicatos, consumidores y entidades de discapacidad. Presentaron alegaciones, entre otros, Élite Taxi Málaga Provincial, la Federación Andaluza del Taxi y UATA, la CGT, AUMAT y varios profesionales a título individual.

​Una parte importante de las alegaciones cuestionaba el estudio de la UMA y advertía del posible impacto en la rentabilidad del sector. 

El informe jurídico subraya que el 5% de taxis accesibles marcado en la normativa es una ratio mínima y no máxima, y que con ese mínimo legal “no se cumple de forma material o efectiva” el derecho al transporte accesible. 

También defiende que el aumento del 4,15% en la flota es compatible con la rentabilidad media del servicio, al orientarse a un segmento deficitario —usuarios en silla de ruedas— y al limitarse los nuevos vehículos a 5+1 plazas, frente al predominio actual de taxis adaptados de gran ocupación que suelen atender servicios de grupos.

​El Ayuntamiento cede

Otro frente de debate fue el calendario de adjudicación. El acuerdo inicial preveía repartir las 60 licencias en un plan cuatrienal, a razón de 15 por año, para ir evaluando su impacto en la organización del servicio y en las paradas. 

Sin embargo, tanto UATA como la CGT reclamaron que las 60 licencias se concedieran de una sola vez y no fraccionadas, argumentando la urgencia de reforzar el servicio accesible.

​Tras recabar informe del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas, la directora general de este departamento consideró “necesario” que la creación de las 60 licencias se hiciera “en el menor tiempo posible” para garantizar el servicio a las personas con movilidad reducida. 

​Próximos pasos

La resolución, firmada por el director General de Movilidad, ordena seguir la tramitación del expediente hasta la aprobación de la resolución expresa que fijará el número y características de las licencias —ya acotadas en el propio acuerdo— y, en paralelo, la elaboración y aprobación de las bases del concurso público de adjudicación. 

Esas bases deberán recoger las condiciones técnicas y operativas de los vehículos, la obligatoriedad de vinculación a emisora o sistema de gestión de demanda y el régimen de explotación de unas licencias que nacen, según resalta el propio texto, con vocación de reforzar el servicio público a las personas con discapacidad y movilidad reducida en Málaga.