El PSOE alerta de posibles irregularidades en las VPO de Málaga tras el escándalo de Alicante

El principal grupo de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Málaga, el PSOE, quiere aprovechar la polémica generada en Alicante por las irregularidades detectadas en la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) para poner en duda el procedimiento seguido en la capital de la Costa del Sol.

De hecho, la formación, dirigida por Daniel Pérez, ha hecho público este jueves un comunicado en el que anuncian una moción para la próxima Comisión de Derechos Sociales y Vivienda exigiendo "la máxima transparencia en la adjudicación de viviendas públicas".

Con esta iniciativa, pone el foco tanto en las VPO del Instituto Municipal de la Vivienda como en las promociones impulsadas por el Ayuntamiento mediante colaboración público-privada.

"Cuando el suelo es público y hay participación municipal, no puede ser que una empresa privada sea quien decida a quién se le adjudica una vivienda. Debe existir un control exhaustivo por parte del IMV", ha explicado Pérez.

La propuesta llega, como bien reconocen, tras el "escándalo" ocurrido en Alicante con la adjudicación de VPO que le ha costado la dimisión a la concejala de Urbanismo, a la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y al jefe de gabinete de la Conselleria de Industria.

El portavoz socialista ha afirmado: "Queremos dar la máxima transparencia y acabar con la sospecha permanente que existe en Málaga. No puede repetirse aquí lo ocurrido en otras ciudades, donde se han destapado irregularidades graves".

En esta misma línea, ha exigido "listas claras, información auditada y un control público real en todas las adjudicaciones".

A modo de ejemplo, ha aludido a la promoción de VPO levantada en la Avenida Ingeniero José María Garnica, pendiente de entrega desde hace más de dos años y para la cual los primeros adjudicatarios "no han tenido ni siquiera la opción de elegir la vivienda ni la orientación que querían".

"Queremos saber qué ha pasado con esas viviendas, este oscurantismo no se puede permitir en un organismo municipal", ha reclamado Pérez, al tiempo que ha vuelto a denunciar el retraso de las obras.

Por su parte, la concejala socialista Carmen Martín ha anunciado que pedirá al equipo de gobierno una comisión no permanente de supervisión con representación proporcional de todos los grupos. El objetivo de la misma será evaluar los sistemas actuales y los mecanismos de control del acceso a la vivienda, al tiempo que proponer cambios normativos para reforzar la transparencia.

También solicitará al IMV una auditoría interna completa de todos los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas desarrollados durante los últimos diez años, así como la contratación de una auditoría externa independiente que permita verificar la corrección de dichos procesos y reforzar la confianza pública en la gestión municipal.

Martín pedirá, además, un informe, en un plazo máximo de tres meses, sobre el Registro Municipal de Demandantes: número de solicitudes activas, perfiles, requisitos y tiempos de espera.