Imagen de una obra de EMASA.
La empresa de aguas de Málaga contrata detectives privados para vigilar a empleados, proveedores y clientes
EMASA formaliza el contrato con Intelligentia Pro Justitia por un año. El objetivo es identificar cualquier ilícito o irregularidad que pueda afectar a los derechos e intereses de la empresa.
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Contratar detectives privados se ha puesto de moda entre las Administraciones públicas. Muestra de ello es que a los ejemplos ya conocidos del Ayuntamiento de Fuengirola y de la Junta de Andalucía hay que sumar ahora la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) en Málaga.
La entidad pública acaba de formalizar un contrato con una entidad privada para que sus detectives realicen seguimientos y observaciones de personas físicas o jurídicas vinculadas a EMASA.
Y no solo de trabajadores de la sociedad municipal, sino también a posibles clientes, proveedores, empresas colaboradoras y miembros de los órganos de dirección y administración.
De manera precisa, el pliego de condiciones que ha regido este procedimiento, que, según confirman desde EMASA no es nuevo, fija la contratación de los servicios de investigación para identificar cualquier ilícito o irregularidad que pueda afectar a los derechos e intereses de la empresa.
El servicio ha sido contratado a Intelligentia Pro Justitia SL por un importe de 6.352,5 euros, impuestos incluidos, por un periodo de un año.
Esta firma deberá elaborar informes por escrito y documentados con los resultados de las investigaciones, así como entregar reportajes videográficos de los seguimientos realizados. Además, los investigadores podrán asistir y ratificar el informe en sede judicial o administrativa, aportando la tecnología necesaria para su presentación.
Según los pliegos del contrato, toda actuación de los detectives se realizará bajo estricta normativa legal y ética, asegurando que la información obtenida sea válida y respetuosa con los derechos de las personas investigadas.
Con esta medida, EMASA busca fortalecer sus mecanismos internos de control y prevención de irregularidades, alineándose con los principios de transparencia y responsabilidad corporativa que exige el Plan de Compliance.
