Vistas de Estepona.
Estepona pone en el mercado por casi 3 millones suelo público para levantar casi 200 viviendas protegidas
La operación fija un plazo de presentación de ofertas hasta el 8 de julio y obliga a destinar el suelo exclusivamente a VPO en régimen general y especial.
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El Ayuntamiento de Estepona acaba de activar la venta de dos parcelas de titularidad municipal en el sector SURS E-11 “Camino de Cortes Norte”, una operación con la que el municipio busca impulsar la construcción de 199 viviendas protegidas en régimen general y especial mediante la participación de promotores privados.
Se trata de una actuación que se articula como enajenación de suelo público con destino obligatorio a vivienda protegida, dentro de un concurso abierto que fija el 8 de julio como fecha límite para la presentación de ofertas.
Las parcelas incluidas en la licitación forman parte del patrimonio municipal y proceden de cesiones urbanísticas vinculadas al desarrollo del sector.
La operación se divide en dos lotes claramente diferenciados. El primero corresponde a una parcela de mayor tamaño, con capacidad para 160 viviendas protegidas, mientras que el segundo permitirá el desarrollo de otras 39 viviendas en régimen general.
Ambas actuaciones incluyen la obligación de incorporar garajes vinculados a cada vivienda, dentro de un modelo de promoción residencial completamente condicionado por la normativa de vivienda protegida.
Un concurso para vender suelo con rebaja del 25%
El Ayuntamiento ha optado por sacar estos suelos al mercado mediante un procedimiento de concurso público de enajenación, en el que el criterio de adjudicación no es únicamente el precio del suelo, sino el impacto que la oferta tenga sobre el precio final de las viviendas.
En todo caso, la licitación parte de la valoración técnica municipal y aplica una reducción del 25% sobre el valor inicial del suelo, lo que sitúa el precio de salida en torno a 2,55 millones de euros para la parcela principal y 396.000 euros para la segunda.
El expediente establece que el adjudicatario deberá asumir, además del precio de compra, el IVA y el resto de gastos derivados de la transmisión, incluyendo notaría e inscripción registral.
Uno de los elementos más relevantes del pliego es que la adjudicación se resolverá mediante un único criterio de valoración: la reducción del precio de venta por metro cuadrado de las viviendas protegidas.
Es decir, los promotores deberán presentar una oferta en la que se comprometan a rebajar el precio final de venta de las viviendas —y también de sus garajes vinculados— respecto a los máximos fijados por la normativa autonómica.
Ese precio de referencia queda establecido en función del régimen de protección, con un máximo de 2.280,62 euros por metro cuadrado en régimen general y 2.012,31 euros por metro cuadrado en régimen especial, según la metodología fijada por la Junta de Andalucía.
La propuesta que mayor reducción ofrezca será la mejor valorada, convirtiéndose en el factor decisivo para la adjudicación del suelo.
Plazos estrictos
Más allá del precio, el pliego impone también obligaciones temporales relevantes para los futuros adjudicatarios. Una vez formalizada la operación, el promotor dispondrá de un plazo de dos años para solicitar la licencia de obras y de tres años adicionales para ejecutar y finalizar la construcción.
El incumplimiento de estos plazos supondrá la resolución del contrato y la reversión del suelo al Ayuntamiento sin derecho a indemnización, lo que refuerza el carácter finalista de la operación.
