Hombre haciendo la declaración de la Renta.
Ya es oficial: "Puedes ahorrar 200 euros en la Renta por reclamar tu despido o salarios atrasados"
La Administración detalla que pueden beneficiarse de esta ventaja quienes hayan pagado abogado, procurador u otros profesionales por procedimientos vinculados a la relación laboral.
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La campaña de la declaración de la Renta, en la que se declaran los ingresos del año anterior, se concentra cada primavera y suele arrancar a principios de abril y prolongarse hasta finales de junio. Es el momento en el que millones de contribuyentes repasan sus datos fiscales y, si se informan bien, pueden aprovechar deducciones autonómicas poco conocidas que marcan la diferencia en lo que finalmente pagan o les devuelven.
En Andalucía existe una deducción específica en la Renta que permite ahorrar hasta 200 euros en la cuota autonómica si el contribuyente ha tenido que acudir a la justicia para reclamar su despido o salarios atrasados.
Se trata de la deducción por “gastos de defensa jurídica de la relación laboral”, recogida en la normativa autonómica de tributos cedidos.
La Administración detalla que pueden beneficiarse de esta ventaja quienes hayan pagado abogado, procurador u otros profesionales por procedimientos vinculados a la relación laboral, como un despido, la extinción del contrato o una reclamación de cantidades frente a la empresa.
Es imprescindible que el pleito esté directamente relacionado con el trabajo y que los gastos estén debidamente acreditados con facturas y justificantes de pago.
En la práctica, la deducción andaluza permite restar de la cuota autonómica del IRPF el importe satisfecho por defensa jurídica, con un límite máximo de 200 euros al año, tanto en declaración individual como conjunta.
Así, si un trabajador paga 150 euros a su abogado por reclamar nóminas impagadas, podrá deducir esos 150 euros; si la minuta del letrado asciende a 600 euros por un despido, la deducción quedará topada en los 200 euros.
Esta ventaja autonómica se suma a la prevista con carácter general en el IRPF estatal, que permite considerar los gastos de defensa jurídica derivados de litigios laborales como un gasto deducible en los rendimientos del trabajo, con un límite de 300 euros anuales.
Es decir, una misma factura de abogado puede generar, por un lado, una reducción del rendimiento del trabajo en el tramo estatal y, por otro, una deducción directa en la parte autonómica andaluza, siempre que no se supere lo efectivamente pagado.
Los expertos fiscales insisten en la importancia de conservar toda la documentación relativa al procedimiento: facturas detalladas del abogado o procurador, justificantes bancarios del pago y resoluciones judiciales que acrediten la naturaleza laboral del litigio.
Aunque no siempre se exige aportarla en el momento de presentar la declaración, Hacienda puede requerirla en una comprobación posterior, por lo que conviene guardarla durante todo el plazo de prescripción del impuesto.
A la hora de hacer la Renta, la deducción se aplica en el apartado de deducciones autonómicas de Andalucía del modelo de IRPF, donde aparece identificada como deducción por gastos de defensa jurídica de la relación laboral.
