Hacienda deja de recaudar hasta 51.000 millones al año por la evasión fiscal en el IRPF

A pesar de que la conciencia fiscal de los españoles ha mejorado notablemente en las dos últimas décadas, el tamaño del agujero que provoca el fraude sigue siendo gigantesco y supone una de las principales fuentes de pérdida recaudatoria para Hacienda.

En 2022, el año analizado, las rentas que escapan al control del fisco generaron una merma estimada de entre 21.050 y 51.029 millones de euros.

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En el escenario más pesimista concebido por los investigadores, en el que se asume que el dinero oculto tributaría a los tipos más altos del impuesto, la pérdida equivaldría al 3,7% del producto interior bruto (PIB).

La cifra es equiparable al gasto anual del Estado en educación o a más de la mitad del presupuesto sanitario de todas las comunidades autónomas juntas.

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Desde Fedea subrayan que incluso una pequeña mejora en el cumplimiento tributario tendría un impacto considerable en las finanzas públicas.

Reducir parcialmente la evasión bastaría, según sus cálculos, para compensar buena parte de los desajustes presupuestarios que se generan en épocas de menor crecimiento o de caída temporal de los ingresos.

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El estudio de Fedea utiliza el concepto de "brecha fiscal" o tax gap, es decir, la distancia entre lo que los contribuyentes deberían pagar si cumplieran plenamente la ley y lo que efectivamente ingresan.

No se trata, por tanto, sólo de dinero perdido, sino de riqueza “invisible” a ojos de Hacienda. En 2022, la renta no declarada —la base imponible oculta— se estimó en unos 112.000 millones de euros.

La cifra impresiona, pero esconde una tendencia positiva: el cumplimiento fiscal ha mejorado de forma constante desde principios de siglo. En 2003, los españoles declaraban el 72,4% de la renta que obtenían; en 2022, el porcentaje había subido hasta el 85,3%.

En términos prácticos, hace veinte años se ocultaba casi el 28% de los ingresos totales, mientras que hoy la proporción no llega al 15%.

Dos velocidades

Pese a esa mejora general, el estudio evidencia que el sistema fiscal español funciona a dos velocidades según el origen de la renta.

Las rentas del trabajo, sujetas a retenciones automáticas en nómina, presentan un cumplimiento casi total del 92,6% y constituyen el pilar sobre el que se asienta la mayor parte de la recaudación.

Los asalariados apenas tienen margen para el fraude, y su disciplina fiscal se ha reforzado en los últimos veinte años al calor de la modernización administrativa.

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente entre los autónomos y los propietarios que obtienen ingresos por alquileres. En este grupo, el cumplimiento se reduce al 54%, lo que significa que prácticamente la mitad de los ingresos no se declaran ante Hacienda.

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Aunque la digitalización, la facturación electrónica y el control cruzado de datos han reducido la opacidad respecto a 2003 —cuando apenas se declaraba el 35%—, este segmento sigue concentrando la mayor parte del fraude.

En otras palabras, el grueso del fraude en el IRPF no está en las nóminas, sino en el dinero que cobran los autónomos, los negocios y los propietarios de viviendas o locales que no declaran todo lo que ingresan. Ese bloque ya supone más de 26.000 millones de euros al año.

El documento también ofrece un retrato geográfico de la evasión que pone de relieve profundas desigualdades regionales. Madrid se sitúa como la comunidad con mayor cumplimiento fiscal, alcanzando un 88,6% en 2022, seguida de cerca por las Islas Baleares y el País Vasco.

En el extremo opuesto, Murcia se coloca como la región menos cumplidora, con un 80,9%, acompañada por Extremadura, donde el fraude podría estar costando más de la mitad de la recaudación potencial del IRPF en un escenario intermedio.

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Con todo, pese a los avances y a las mejoras en la transparencia, el estudio advierte de que España mantiene un volumen de economía sumergida en el IRPF superior al de países de su entorno, como Reino Unido, Suecia o Canadá.

En parte, esta diferencia se explica por la propia estructura económica de nuestro país, en la que las pymes, el trabajo autónomo y las actividades estacionales del sector servicios tienen un peso mucho mayor que en otras economías avanzadas.