Una mujer tira basura al contenedor. Efe
La recaudación fiscal por habitante de los municipios españoles crece casi un 20% en la última década
De cada 100 euros que ingresan las entidades locales, 22,3 proceden del IBI.
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La recaudación fiscal de los ayuntamientos españoles no ha parado de aumentar en los últimos años, reflejando de manera fiel la actividad económica de cada territorio.
En la última década, los ingresos fiscales por habitante han aumentado casi un 20% —un 18,8%, para ser exactos — hasta alcanzar los 664 euros de media en 2023.
Los datos del Ministerio de Hacienda reflejan una mayor población, más actividad y un sistema tributario local cuyo pilar sigue siendo, sin discusión, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
A pesar de que cada territorio evoluciona a su ritmo, el mapa autonómico dibuja contrastes muy marcados.
Los municipios de las Islas Baleares lideran el país con 876,94 euros por habitante. La recaudación se ve impulsada por una intensa actividad económica y una presión inmobiliaria que dispara su base imponible.
Le siguen los de Cataluña, con 790,34 euros, y Madrid, con 733 euros.
En el lado contrario de la tabla se sitúan comunidades con menor dinamismo urbano o bases tributarias menos tensionadas.
Los de Galicia cuentan con los ingresos fiscales por habitante más reducidos, 495,54 euros. Le siguen los de Navarra, con 527,65, y Asturias, con 556,77.
Mención aparte merecen Ceuta y Melilla, cuyos ingresos fiscales por habitante son excepcionalmente altos: 2.030 euros en el caso de la primera y 1.068 en el de la segunda.
Estas cifras, muy por encima de cualquier comunidad autónoma, responden a su estatus fiscal singular y al peso extraordinario que tienen las transferencias estatales en sus presupuestos locales.
Su tamaño reducido, su condición de ciudades autónomas y la concentración de servicios públicos financiados desde el Estado elevan de forma artificial los ingresos fiscales por habitante, motivo por el que suelen excluirse de las comparaciones territoriales estándar.
El IBI
Pero más allá de las diferencias territoriales, hay un denominador común: el IBI es la columna vertebral de la financiación local.
Este es un impuesto local que grava la propiedad de todos los bienes inmuebles —casas, pisos, locales, garajes, terrenos rústicos y urbanos— dentro de cada municipio en España.
Su peso sobre el total de ingresos de los ayuntamientos alcanza el 22,32%. Esto significa que de cada 100 euros que entran en una entidad local, 22,3 proceden del impuesto sobre las propiedades.
La cifra asciende al 48,2% si se atiende únicamente al conjunto de ingresos fiscales municipales, es decir, a los tributos propios.
![Juan Santamaría, CEO de ACS, en la presentación del 'Data Center Investor Day 2025' del grupo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/11\/14\/actualidad\/1003744014291_259944610_320x180.jpg"])
Su evolución también confirma esta centralidad. Desde 2018, la recaudación anual del IBI no ha dejado de aumentar, incluso en los años de pandemia.
En 2019 fueron 14.361 millones los registrados por este tributo. En 2020 fueron 14.446 millones; en 2021, 14.593 millones; en 2022, 14.664 millones, y en 2023, 14.820 millones.
Un incremento continuo que se apoya tanto en el crecimiento del parque inmobiliario como en la revisión al alza de valores catastrales aprobados en muchos municipios.
La importancia del IBI, sin embargo, no es homogénea entre comunidades. En Madrid, supone ya el 54,4% de todos sus ingresos fiscales municipales, seguido de Comunidad Valenciana (69,5%) y La Rioja (68,7%).
En cambio, en el País Vasco, el peso cae al 30,7%, debido a su sistema foral y al mayor protagonismo de impuestos indirectos.
Canarias también presenta un peso reducido (49,4%) por el papel del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y la singularidad fiscal del archipiélago.
La eficacia recaudatoria —lo que los ayuntamientos consiguen cobrar respecto a lo que liquidan— también forma un paisaje desigual.
La media española se sitúa en el 90,7%, pero territorios como Navarra, Asturias, País Vasco y Castilla y León superan el 95%, demostrando una gestión más eficiente.
![Sede de Acciona](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/03\/31\/invertia\/empresas\/construccion-infraestructuras\/752684883_232087599_320x180.jpg"])
Navarra y Asturias incluso rozan la perfección con un 97% de recaudación efectiva.
En el extremo opuesto se sitúan Andalucía (83,26%), Islas Baleares (84,16%) y Extremadura (87,53%), donde parte de los recibos emitidos no llegan a cobrarse.
Transferencias
Aunque el IBI domina, la financiación municipal sería inviable sin las transferencias de otras administraciones. Aportan el 36,93% del total si se consideran únicamente las corrientes, que son las que financian el funcionamiento y consumo ordinario.
El porcentaje se eleva hasta el 42,93% si se incluyen también las de capital, que son las que financian inversiones y bienes de capital.
El Estado es, de largo, el principal financiador externo. El 21,92% de los ingresos de los ayuntamientos proceden de la Administración General del Estado.
Le siguen las comunidades autónomas, con un 8,41%, y las diputaciones, con un 4,84%.
![La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto en Sevilla.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/11\/14\/actualidad\/1003744014310_259944831_320x180.jpg"])
Se trata de recursos que compensan la limitada capacidad tributaria local y permiten sostener servicios esenciales como la limpieza viaria, la policía municipal o el mantenimiento del espacio público.
Las tasas y precios públicos completan la estructura financiera de los municipios.
Las tasas representan el 9,57% del total de ingresos. En ellas se incluyen el pago por servicios como la recogida de basura, el abastecimiento de agua, el alcantarillado o la obtención de licencias urbanísticas.
