Cataluña recaudará el 20% del total del IRPF nacional: un 'Frankenstein fiscal' que avivará el fraude

La aplicación gradual de ese proceso afronta una maraña de traspaso de información y cambios técnicos en el sistema actual que ha levantado las alarmas entre los fiscalistas e inspectores de Hacienda sobre el "Frankenstein fiscal" y los agravios comparativos que pueden generarse.

Desde el colectivo de inspectores llevan tiempo alertando del gran problema que suscita crear una hacienda catalana propia y cederle todos los tributos, por el fraccionamiento de los datos fiscales por CCAA que supone y la puerta que deja abierta al fraude.

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Organismos como Fedea (el think tank de la CEOE), exministros como Jordi Sevilla o expertos como el profesor Iñaki Zubiri, que fue el primero que analizó la imposibilidad de aplicar un 'seudocupo vasco' a toda España, alertan del riesgo de desigualdad y desorden al que nos enfrentamos en este momento político.

Los propios inspectores fiscales advierten que lo primero que se comprometió a hacer Hacienda fue un documento de "sus expertos" para poner las bases de un cambio de modelo de financiación, los criterios de reparto, la garantía de solidaridad entre territorios, etc.

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Frente a ello, la situación es un acuerdo de Gobierno de hace un año con ERC donde ya se contemplaba la cesión de tributos -incluso con capacidad normativa-, y "una negociación in extremis de un nuevo paper" ahora, con el Gobierno pendiente del hilo político que le ofrecen los nacionalistas catalanes.

Hasta conocer la letra pequeña de ese acuerdo que se negocia entre Gobierno y Generalitat , todo apunta a que lo que se va a ceder a la nueva hacienda catalana en menos de seis meses es la recaudación de los 24.000 millones de IRPF que pagan los contribuyentes de esa comunidad.

Pero la intención es llegar a ceder de forma progresiva los 54.000 millones que ingresa Cataluña por todos sus impuestos, que es el 20% del total estatal (estimado en unos 275.000 millones).

Lo primero que salta a la vista es saber qué se va a hacer entonces con las 4.000 personas que trabajan en las delegaciones catalanas de Hacienda y la Agencia Tributaria, de los que 400 son inspectores fiscales con un 'expertise' acumulado en ese territorio fundamental en la lucha contra el fraude.

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Hasta saber cómo se va a ordenar el traspaso de datos con el Estado, la otra clave es la capacidad normativa que va a tener la Generalitat para modificar, bonificar o adaptar todos los tributos en virtud de la "autonomía financiera" que otorga la Constitución a las CCAA.

Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, exenciones en el IRPF, bonificaciones en Sociedades, matriculación, etc... Todo se puede mover si no se altera la esencia del hecho imponible, con la salvedad de que sólo el Estado está autorizado para crear o eliminar impuestos del sistema.

IVA y Sociedades

Si bien ceder el IRPF es fácil porque ya está territorializado, el propio Zubiri y otros expertos han alertado de la gran dificultad que supone desmembrar por CCAA el Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios de las empresas.

Habría que delimitar si se paga en la sede social o dónde tributan cada uno de los centros productivos que pueden estar por toda España. Incluso se podrían dar casos de doble tributación y establecer exenciones, como ocurre en el entorno internacional, advierten los expertos.

El IVA es un impuesto europeo, difícil de modificar, pero en la gestión directa del que pagan las pymes, que plantea Cataluña, no es igual la recaudación (trimestral) en zonas turísticas que en el centro despoblado, con lo que el reparto según los criterios de solidaridad que marca la Constitución se hace también complicado.

Si es posible saltar todos esos obstáculos en un modelo singular catalán, queda el meollo de calcular el pago que hay que hacer al Estado por los servicios prestados, el 'seudocupo catalán', cuya fórmula de cálculo puede ser todo lo simple o enrevesada que se quiera, como se ha visto en la experiencia vasca.

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Y lo que colma el vaso de fiscalistas, asesores e inspectores es por qué debe ser el modelo catalán el que imponga las bases del cambio de todo el sistema tributario y la financiación autonómica al resto del país.

Sobre todo si tenemos en cuenta que esa 'singularidad' catalana para imponer un modelo fiscal al resto fue lo que se echó para atrás en la sentencia contra el Estatut de Cataluña de 2006, dictada cuatro años más tarde, en 2010.

La ordinalidad

Uno de los grandes riesgos que los expertos consultados ven en el modelo catalán que se quiere imponer ahora, es la exigencia de mantener la ordinalidad en el ranking per cápita de las CCAA una vez aplicado el reparto de solidaridad que establece la Constitución.

Eso obligaría a devolver dinero a Cataluña si del reparto de su exceso de recaudación con otras autonomías más pobres, como Extremadura o Castilla-La Mancha, resulta que éstas tienen al final más dinero por habitante.

Cataluña es la tercera en ese ranking per cápita a nivel nacional, tras Madrid y Baleares (sin contar País Vasco y Navarra), pero la aplicación del modelo actual le puede poner la cuarta o quinta en los recursos totales tras ceder su 'extra' al sistema para que lo reparta, como hacen todas las que más recaudan.

Eso es lo que los catalanes no quieren bajo ningún concepto. Pero los expertos advierten que, para que todos mantengan su puesto, a los que más riqueza generan hay que compensarles también más, y eso detraerá recursos del Estado, si no se quiere penalizar a las CCAA más desfavorecidas.

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Ahí está la clave que manejan los fiscalistas para advertir que una ordinalidad mal entendida o aplicada a todos, puede dejar sin dinero suficiente al Estado para garantizar la revalorización de las pensiones con el IPC y todo un cúmulo de prestaciones sociales estatales que ahora existen.

Es por ello que los inspectores reclaman el papel de los expertos de Hacienda con las bases del nuevo sistema antes que el acuerdo catalán previo para aplicarlo a todo el Estado, salvando solo "su ordinalidad", para que nunca pierda dinero de más en favor de los que menos riqueza tienen.

Las estimaciones realizadas hasta ahora apuntan a que el cálculo del 'cupo catalán' y la ordinalidad pueden hacer que Cataluña tenga para su propia financiación unos 10.000 millones de euros más que lo que recibe ahora. Pero ese cálculo está lejos de saberse aún.