El paro entre extranjeros supera en cinco puntos al de los españoles antes de la gran regularización

Son cifras que recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA), que refleja además que el número de extranjeros con más de 16 años rebasó por primera vez la cota de los seis millones a finales del año pasado en España.

De ellos, 4,18 millones eran población activa en edad de trabajar y 3,5 millones estaban ocupados. Cabe destacar que en el dato de paro nacional (9,9%) se incluyen ciudadanos con doble nacionalidad, por lo que el número de personas nacidas fuera de España en desempleo puede ser mayor.

España recibirá 875.000 trabajadores inmigrantes más hasta 2027 en pleno frenazo del PIB, que caerá hasta el 1,7%

Además de esos inmigrantes parados, la EPA alerta de otro dato a tener en cuenta de cara a la regularización: en nuestra economía ya hay 1,9 millones de extranjeros inactivos, es decir, mayores de 16 años que ni trabajan ni buscan empleo, o no están disponibles para ello.

En este colectivo de la encuesta trimestral del INE se suelen incluir a los jubilados, las amas de casa, estudiantes, personas con incapacidad o personas que, en general, aunque estén en edad de trabajar, no quieren hacerlo ahora.

Sobre esa base de datos que este mismo martes nos ha ofrecido la EPA, el Ejecutivo plantea ahora incluir a medio millón más de inmigrantes que, con cinco meses de estancia, podrán pasar a ser activos, inactivos, ocupados o parados en nuestro esquema laboral.

Si el proceso se inicia en abril y la regularización completa puede producirse en junio, lo lógico es que todos esos inmigrantes, más los que lleguen a lo largo del año, pasen a engrosar la EPA que conozcamos el próximo otoño, ya del tercer trimestre del año.

Latinoamericanos

¿A quiénes beneficiará la medida? A espera de que se desarrolle la regularización, las estimaciones sobre población extranjera en situación irregular en nuestro país realizadas por Funcas permiten inferir que serán en su mayoría ciudadanos latinoamericanos.

Porque el centro de análisis calcula que ellos configuran el grueso de los 840.000 inmigrantes irregulares que estima había en nuestro país en el arranque de 2025. Es decir, ocho veces más de los extranjeros en esta situación que se contaban en 2017.

Analizado por procedencia, Funcas sostiene que 760.000 de esos inmigrantes irregulares proceden del continente americano, destacando la nacionalidad colombiana, con cerca de 290.000; la peruana, con casi 110.000 y la hondureña (90.000).

A bastante distancia se sitúan las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas (14.000).

Para ellos se lanza la gran regularización, que persigue que puedan incorporarse al mercado de trabajo; o sea, convertirse en cotizantes.

Es una cuestión casi urgente, porque la aportación de los extranjeros se ha vuelto "decisiva" –en palabras de la propia Elma Saiz– para que los números de empleo sigan creciendo y, sobre todo, para sostener un sistema de pensiones que no deja de crecer.

Sostener las pensiones

También alertó sobre ello hace apenas un mes Foment del Treball. Lo hizo a través de un informe presentado por su Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES), que planteó la necesidad de incorporar a un millón y medio de inmigrantes en los próximos diez años.

Todo por la evolución de la demografía. La población española cada vez está más envejecida: el baby boom se jubila y la natalidad se hunde. El desequilibrio del mercado laboral es inminente.

Los trabajadores extranjeros crecen un 49% desde 2019 y sostienen el mercado laboral frente al estancamiento español

¿Cómo sostener el sistema? Será imposible sin inmigrantes, responde el informe. Porque si hipotéticamente no hubiera movimientos migratorios, durante la próxima década quedarían sin cubrir el 6,3% de los empleos totales.

Su cálculo es que es necesario incorporar 140.000 nuevos inmigrantes cada año al mercado laboral que, consecuentemente, también engordarán las arcas públicas para mantener el sistema de pensiones, un creciente dolor de cabeza.

Esta es, por eso, la otra gran clave. La revalorización de las pensiones –la media ha pasado de 785 euros mensuales en 2010 a 1.363,36 euros este enero– pero sobre todo el gran aumento de población jubilada ha disparado el gasto público en los últimos años.

En 2025 exigieron en torno al 13% del PIB en 2025, unos 200.000 millones, sumando contributivas y clases pasivas. Con menos nacimientos y una población en edad de trabajar menguante en comparación a la ya retirada, que va en ascenso, la previsión es que el gasto público se dispare aún más.

La OCDE cree, de hecho, que España será el país de la organización que mayor proporción del PIB destine a esta partida en veinte años: hasta el 16,9%, si no acomete reformas.

Camareros, albañiles, agricultores

El empeño en que lleguen más trabajadores inmigrantes ha sido una constante en los últimos años y se nota ya en la Seguridad Social, que cerró 2025 en máximos con 3,1 millones de extranjeros afiliados.

Son un 54% más que en 2018, primer año de gobierno de Pedro Sánchez, y suponen ya el 14,1% del total de cotizantes que hay en nuestro país. El 70% de ellos nació fuera de la Unión Europea.

Marruecos es el país del que procede el mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con 373.436 cotizantes, seguido de Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700), China (128.113), Perú (101.144) y Ucrania (78.456).

Su trabajo, no obstante, se concentra en empleos poco cualificados. Su peso es especialmente relevantes en el empleo en el hogar, donde suponen el 42% del total de afiliados; la hostelería (28,8%); la agricultura (26%) y la construcción (23,2%).