Uno de los investigados realizando pruebas con explosivos, en una imagen captada por la Guardia Civil.
Las asociaciones de víctimas instan al tribunal a no aplicar la amnistía a los 12 CDR acusados de terrorismo
En base a la reciente sentencia del TJUE, la Fiscalía aboga, por contra, por amnistiar a los procesados y librarles de ir a juicio.
Más información: La Fiscalía pide que la Ley de Amnistía libre del juicio a los 12 CDR procesados por delitos de terrorismo
Las asociaciones de víctimas que ejercen la acusación popular contra los 12 CDR procesados por terrorismo instan a la Audiencia Nacional a no aplicarles la Ley de Amnistía.
Así consta en un escrito firmado por el abogado José María Fuster-Fabra, que representa a la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia, las asociaciones de la Guardia Civil AEGC y AUGC y el partido político Vox.
De esta forma, las acusaciones populares responden a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, el tribunal encargado de enjuiciar este caso y el que, semanas atrás, preguntó a las partes de este procedimiento si procedía o no aplicar a los acusados la amnistía.
Lo hizo después de que, el pasado 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), determinase que la polémica norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez era compatible con el Derecho comunitario.
Incluso, compatible con la directiva de la UE relativa a la persecución de los delitos de terrorismo.
Los procesados en este procedimiento están acusados de cometer delitos de terrorismo en favor de la independencia de Cataluña.
Todos ellos eran miembros de los llamados Comités en Defensa de la República (CDR), unos grupos radicales y, en ocasiones, violentos que se gestaron en torno al procés.
En concreto, fueron procesados por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.
La Fiscalía, a favor
Como informó EL ESPAÑOL, la Fiscalía sí ha vuelto a pedir a la Audiencia Nacional que les aplique la Ley de Amnistía, les otorgue un sobreseimiento libre y, en consecuencia, libre a los acusados de ir a juicio.
Las víctimas, en su escrito, solicitan lo contrario. En un escrito de 19 folios, sostienen que el tribunal no debe "limitarse a constatar la inexistencia de un resultado trágico consumado". Es decir, que no debe limitarse a comprobar que los planes de estos CDR no llegaron a consumarse.
De hecho, si eso sucedió, fue por la intervención de la Guardia Civil.
Ahora bien, el escrito subraya que la directiva europea contra el terrorismo persigue los actos preparatorios a cometer un atentado, la tentativa, la tenencia de precursores y la fabricación de explosivos.
De hecho, Fuster-Fabra, aunque reconoce que "el TJUE admite la extinción de la responsabilidad penal por actos que puedan calificarse como terrorismo", sí subraya que el Tribunal de Justicia de la UE excluye los que "hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos".
"Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales identificar los actos concretos excluidos con observancia de la autonomía judicial", expresa su escrito.
Por todo ello, las acusaciones populares instan a la Sala a "extremar el rigor al perfilar el ámbito de exclusión y no realizar una lectura expansiva del ámbito amnistiable y que genere un espacio de impunidad en el ámbito del terrorismo".
El Ministerio Fiscal, en efecto, aboga por amnistiar a los 12 acusados.
Ahora bien, antes de la entrada en vigor de la polémica norma, sí solicitó para ellos penas desde los ocho a los 27 años de cárcel.
![Protestas en la AP-7, a la altura de La Junquera.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/6897889.jpg?p=w:320\/h:240&h=SlPwao_7"])
Como recuerdan ahora las víctimas, las conductas atribuidas por el Ministerio Fiscal a los encausados incluyen la compra masiva de ácidos y químicos precursores (ácido nítrico, sulfúrico y amoniaco), la elaboración de termita y artefactos incendiarios en un laboratorio clandestino, así como la posesión de manuales para fabricar bombas.
Ocho de los doce procesados se enfrentan, hasta ahora, a delitos de integración en organización terrorista, tenencia y depósito de explosivos y tentativa de estragos, mientras que los cuatro restantes están acusados de integración en organización terrorista por labores de apoyo informático, logística e inteligencia.
Varias fotos incluidas en el sumario de esta causa muestran a varios acusados manipular bombonas o bidones en el mencionado laboratorio clandestino.
Asimismo, la célula tenía marcados como objetivos varios enclaves estratégicos, entre los que figuraban el acuartelamiento de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, la Comandancia Militar Aérea en el aeropuerto de Barcelona-El Prat e infraestructuras de la red vial y logística.
