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El PSOE "puso a disposición de la organización criminal de Leire su estructura y finanzas", dice la Fiscalía
Anticorrupción sostiene que su "propósito era desestabilizar los procedimientos judiciales o actuaciones policiales en que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno".
El escrito sugiere la próxima imputación del PSOE como persona jurídica: "Parece evidenciarse que no existía mecanismo de control alguno sobre la gestión que Santos Cerdán hacía de las cuentas".
La Fiscalía Anticorrupción considera que en la investigación que lleva a cabo el juez Santiago Pedraz sobre la trama dirigida por la 'fontanera' del PSOE Leire Díez "se habría llegado a la indiciaria conclusión de que, a través del secretario de organización, Santos Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición de la organización criminal su infraestructura logística y financiera" con el fin de desestabilizar los procesos judiciales que afectan a ese partido y al Gobierno de Pedro Sánchez.
En un escrito dirigido al juez, conocido por EL ESPAÑOL, la Fiscalía menciona como indicios acreditados las "diferentes reuniones orgánicas entre los dirigentes del grupo en la sede del partido en la calle Ferraz", el abono de gastos de transporte y alojamiento del grupo de Leire "y lo que es más relevante, la financiación de la actividad presuntamente delictiva [del grupo] a través de sociedades interpuestas con la colaboración de abogados, a la postre contratados para la defensa de Koldo García y, en última instancia, Santos Cerdán".
Para Anticorrupción, "la utilización de fondos de la organización [el PSOE] para satisfacer pagos vinculados a presuntos delitos de corrupción constituye un indicio de singular relevancia" para decidir si el Partido Socialista debe ser llamado al proceso como investigado.
Así lo pidió el Partido Popular, que interviene en este procedimiento como acusación popular, aunque el juez instructor lo ha rechazado "en este momento", de acuerdo con una resolución dictada hoy.
La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios que apuntan en la dirección de la presunta responsabilidad penal del PSOE como persona jurídica, pero considera que, antes de pronunciarse, hay que practicar diligencias que están pendientes. Entre ellas menciona las declaraciones de Santos Cerdán, Leire Díez, Juan Manuel Serrano y Gaspar Zarrías.
Las fiscales Mar Scharfhausen y Elisa Lamelas destacan en su escrito la relación de Cerdán con Leire Díez desde 2021.
Esa relación "le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, en abril de 2024, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".
Esos intereses estaban "gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno", señalan en referencia a la esposa y el hermano de Pedro Sánchez.
Los indicios apuntan a que el PSOE financió los gastos del grupo coordinado por Leire.
Para articular los pagos "sin revelar el ordenante de los mismos" se habrían utilizado sociedades del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías y de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
Contaron con el "presumible concierto" de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Ella era quien "emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez".
Del escrito de las fiscales se desprende que no les convenció la declaración que la gerente del PSOE prestó como investigada el pasado 9 de septiembre.
Fuentes explicó el proceso que el PSOE sigue para contratar servicios jurídicos y controlar su adecuado cumplimiento, "pero no supo especificar los servicios prestados por Teijelo y Oliver".
A estos letrados los contrató Cerdán "con absoluta libertad, sin más control que la presentación de las notas de encargo con posterioridad a la prestación de los servicios y la factura para su abono y de los que no se puede constatar que se hubieran prestado, salvo por las genéricas manifestaciones de los letrados en torno a una difusa encomienda por parte de aquél".
En el marco de este "imbricado sistema de soporte económico a esas ilícitas actuaciones" se han acordado diligencias de investigación patrimoniales que están aún pendientes, recuerdan las fiscales.
Según afirman, esas diligencias se deben al avance de la instrucción, que "ha llevado a tomar conocimiento de nuevos datos que dan cuenta del solapamiento y ocultación de determinados pagos, en concreto los efectuados a Leire Díez y a los letrados Oliver y Teijelo".
Actuaciones del grupo de Leire
El escrito resume las actuaciones llevadas a cabo por Díez tras el encargo de Cerdán.
Según Anticorrupción, la 'fontanera' se convirtió, "bajo la dirección de Santos Cerdán", en la coordinadora de todas las defensas con Zarrías dirigiendo la “parte jurídica”.
Actuaron "coordinados todos ellos para alcanzar sus intereses: buscar la nulidad de los procedimientos de hidrocarburos, investigados en su mayoría a impulso de a UCO, asentando la idea de que las investigaciones llevadas a cabo por esta unidad eran prospectivas y nacían contaminadas desde el origen por una nulidad que alcanzaría a todas las causas en las que hubiera podido tener intervención, también aquellas con afectación de intereses del PSOE o de familiares del presidente del Gobierno".
Se buscó "atacar la probidad de la Guardia Civil denunciando continuas filtraciones de las que no eran responsables".
También apartar a la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Se buscó también "contaminar la instrucción" llevada a cabo por la magistrada Mercedes Alaya en el caso de los ERE".
Para ello, Leire Díez y Javier Pérez Dolset viajaron hasta Zaragoza para verse con Rafael Salvador Moreno, jefe de la Policía Judicial de Sevilla en aquella fecha, "siendo sufragado ese viaje con cargo a los fondos del partido".
Las fiscales ve posibles delitos de cohecho en el ofrecimiento de distintas prebendas a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa "para que torcieran su proceder en asuntos que afectaban a los integrantes de la organización" o para que facilitasen "información privada y perjudicial" del jefe de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO.
"Incluso se intentó torcer el curso de un procedimiento civil contra el fiscal Grinda, comprando la voluntad de una demandante contra él, Miriam Serrano".
Del capitán Juan Sánchez Yepes se obtuvo información del organigrama e integrantes de la DIECAN (unidad de investigación económica y anticorrupción) de la UCO, clasificada como secreto oficial.
"La organización criminal también se habría valido de la relación personal que mantenía Leire Díez con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO".
Junto a González están investigados también el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y el anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.
Imputación del PSOE
Las fiscales indican que la responsabilidad de una persona jurídica no puede afirmarse "mediante la simple acreditación del delito cometido por la persona física integrada en la organización", en este caso Cerdán y Fuentes.
Por ello, es preciso analizar si su comisión de delitos por los dirigentes o miembros de la organización "fue posible o se vio facilitada por la inexistencia o ineficacia de mecanismos concretos de vigilancia y control".
"Esto exigirá, en todo caso y como necesario paso previo, completar la práctica de las diligencias que permitan concretar los indicios de la responsabilidad penal propia que pesan sobre la conducta de esa persona física, Santos Cerdán", señalan.
El fundamento autónomo de la responsabilidad del PSOE, relacionado con sus mecanismos de organización, prevención, vigilancia y control, es una cuestión que, "una vez oído como investigado el secretario de Organización del partido político, vendrá determinada por el resultado que arrojen las diligencias practicadas" y las declaraciones pendientes.
"No cabe duda", dicen las fiscales, de que Cerdán "estaba autorizado para tomar decisiones en nombre de la organización y ostentaba facultades de organización y control dentro de ella, siendo la persona situada en el nivel superior de decisión de la organización".
"De la declaración de Ana Fuentes y de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, así como de las secretarias y del resto de las diligencias, parece evidenciarse que no existía mecanismo de control alguno sobre la gestión que Santos Cerdán hacía de las cuentas del partido, salvo la expedición de factura para su abono".
"Pero hay que esperar al resultado de las diligencias pendientes de practicar para llegar a una conclusión lo suficientemente armada" y "resolver lo que proceda en torno a la llamada al procedimiento del PSOE como investigado".
