La abogada del Estado Rosa Seoane, durante el juicio del 'procés'./
La directora de la Guardia Civil elige para su defensa a Rosa Seoane, la exabogada del Estado que intervino en el 'procés'
Mercedes González no ha designado a la Abogacía del Estado, a diferencia del director adjunto operativo, Manuel Llamas, que estará asistido por Edmundo Bal.
Más información: Edmundo Bal, exdiputado de Ciudadanos y abogado del Estado, defenderá al DAO de la Guardia Civil en el 'caso Leire'
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha designado como su defensora en el 'caso Leire' a la letrada Rosa Seoane, la abogada del Estado que intervino en el juicio del 'procés' catalán y que ahora ejerce en el sector privado.
Aunque podía haberlo hecho, González no ha confiado su defensa a la Abogacía General del Estado. Así lo ha hecho el director adjunto operativo de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, que estará asistido por el abogado del Estado y exdiputado de Ciudadanos Edmundo Bal.
Seoane, ahora integrada en el bufete González Franco, y Bal se reencontrarán, así, profesionalmente, casi ocho años después de que la primera sustituyera al segundo como responsable del departamento de penal de la Abogacía del Estado.
En noviembre de 2018, la entonces abogada general, Consuelo Castro destituyó a Bal al negarse éste a firmar el escrito de acusación de la causa del 'procés', que no contemplaba el delito de rebelión sino el más benévolo de sedición, aparte de la malversación de fondos públicos.
De la noche a la mañana, Seoane tuvo que asumir la defensa jurídica de los intereses del Estado en ese histórico juicio, que acabó con una sentencia condenatoria por sedición y malversación.
![Extractos de las notas de despacho enviadas a la directora de la Guardia Civil./](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11307444.jpg?p=w:320\/h:240&h=VmkbDGBc"])
La directora de la Benemérita y el DAO tendrán que comparecer el próximo jueves como investigados ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La Fiscalía Anticorrupción pidió que declararan y que se les diera la condición de investigados. Nunca antes se había dado la situación de que los dos principales cargos de la Guardia Civil, la responsable política y el responsable operativo, estuvieran bajo la sospecha de haber delinquido, y menos que las víctimas de esos presuntos delitos fueran varios de sus subordinados.
A González y Llamas se les atribuye presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia en relación con las investigaciones reservadas que abrieron contra agentes de la UCO encargados de procesos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los indicios contra ambos se centran en la "reiterada apertura" de informaciones reservadas (tres en nueve meses) carentes de una verdadera justificación disciplinaria, "exclusivamente respecto de aquellos funcionarios [agentes de la UCO] que desarrollaban investigaciones de especial trascendencia" que afectaban al PSOE y "coincidiendo temporalmente con actuaciones procesales particularmente sensibles".
Esas informaciones reservadas coincidieron temporalmente con las reuniones entre González y Leire Díez, la llamada 'fontanera' del PSOE que, bajo la presunta dirección del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, coordinó las actuaciones para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa de la Benemérita.
Según Anticorrupción, González y Llamas ordenaron la apertura de esas actuaciones pre-disciplinarias pese a saber que no había motivos para ello.
De este modo, esas actuaciones pre-disciplinarias pudieron no responder a una finalidad disciplinaria sino que fueron "una reacción constante frente a determinadas decisiones investigadoras".
La potestad disciplinaria habría dejado de actuar "como instrumento de control interno para convertirse en un auténtico medio de intimidación institucional", sostiene Anticorrupción.
Habrían sido los altos directivos del cuerpo los que habrían intentado "comprometer la carrera profesional del investigador, afectar a su reputación, limitar sus expectativas de ascenso o generar un permanente clima de incertidumbre respecto de su continuidad profesional", sostiene Anticorrupción.
