La fiscal general Teresa Peramato durante su comparecencia en el Senado.

La fiscal general Teresa Peramato durante su comparecencia en el Senado. Eduardo Parra Europa Press

Tribunales

Peramato se escuda en la reserva del sumario para no explicar en el Senado las visitas de Leire Díez a la Fiscalía

"Se ha dado al juez toda la información que obraba en nuestro poder", asegura la fiscal general, que ha escuchado duras críticas del PP y Vox: "Su silencio la convierte en cómplice de las cloacas".

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Las claves

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La fiscal general Teresa Peramato se negó a responder en el Senado sobre las visitas de Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, a la Fiscalía General, alegando la reserva sumarial.

Tanto Díez como el abogado Jacobo Teijelo son investigados por supuestamente intentar influir en procesos judiciales que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

Peramato defendió la legalidad y autonomía de la Fiscalía ante acusaciones de PP y Vox, y rechazó que la institución esté al servicio de una organización criminal.

La fiscal general reiteró que la Fiscalía no depende del poder Ejecutivo y advirtió sobre los riesgos de la politización por excesivo control parlamentario.

"Siento no poder satisfacer su inmensa curiosidad", ha dicho tranquilamente la fiscal general, Teresa Peramato, a la senadora del PP María José Pardo ante sus insistentes preguntas sobre las visitas de la 'fontanera' del PSOE Leire Díez a la Fiscalía General durante el mandato de su antecesor, Álvaro García Ortiz.

Peramato ha superado en poco más de dos horas su primera comparecencia en el Senado, en la que ha invocado la reserva sumarial que impone la ley procesal penal para no dar ni un solo dato sobre la insólita presencia de Díez y del abogado Jacobo Teijelo en la sede de Fortuny en marzo y abril de 2025. Ambos son investigados por el juez Santiago Pedraz por formar parte de una trama que buscaba neutralizar los procesos judiciales que afectan al PSOE y, en particular, al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Han quedado, así, sin responder cuestiones clave como quién autorizó y qué se abordó en esas dos reuniones con Diego Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general.

Sí se sabe que, tras el primer encuentro, celebrado por la tarde, cuando el trasiego en la Fiscalía General es menor, la 'fontanera' del PSOE escribió a otro miembro de la trama que "Jacobo dice que debería ir a todas las reuniones de Fiscalía porque complemento bien la parte jurídica. Si ahora hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán".

"Se ha dado al juez toda la información que obraba en nuestro poder”, ha asegurado Peramato, que se ha encontrado con esta incómoda herencia de su elogiado antecesor, que ahora sirve de artillería política contra ella.

"Usted guarda un silencio que, de no ser revertido, la convertirá en cómplice de las cloacas", le ha espetado Pardo. Sin éxito: Peramato se ha enrocado en que "esta fiscal general, o cualquier fiscal, estamos obligados a respetar la reserva del sumario que está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No puedo hacer ninguna observación ni comentario".

La fiscal general, que encajó las críticas sin alterarse, solo saltó cuando la portavoz de Vox, Paloma Gómez, le preguntó "cómo puede estar la Fiscalía al servicio de una organización criminal".

Entonces reclamó "respeto a la institución que represento". "Se ha dicho que la Fiscalía está al servicio de una trama criminal. Eso es una falta de respeto absoluto. Los fiscales trabajamos con respeto absoluto a la legalidad. Esa expresión significa poner el trabajo de los fiscales a los pies de los caballos", ha manifestado.

Al comienzo de su comparecencia, en la que ha defendido su cuestionada política de nombramientos discrecionales, la fiscal general ha hecho una advertencia que ha molestado al PP.

"No hay un régimen de control cuasi político" de la Fiscalía General, ha señalado Peramato, recordando que "ello responde al diseño constitucional de la institución".

La Fiscalía "no forma parte del poder Ejecutivo, no se integra en una relación de confianza parlamentaria", ha subrayado.

Se ha apoyado, en este sentido, en la Comisión de Venecia, que "ha alertado de que el escrutinio parlamentario de las oficinas fiscales puede implicar un riesgo de politización o, al menos, de transmitir esa apariencia".