Joaquín Goyache, rector de la UCM, y Begoña Gómez en un acto. UCM
La Complutense pide que Begoña Gómez devuelva 113.000 euros por la supuesta apropiación de su 'software'
En su escrito de conclusiones de cara al juicio del 'caso Begoña', la universidad recuerda que pagó 78.000 euros a Deloitte en dos contratos.
La UCO concluyó que ambas licitaciones incumplieron la normativa y "se amoldaron a las condiciones predefinidas" por esta consultora.
Más información: La UCO detecta "adjudicaciones premeditadas" y "sin cumplir la normativa" en el 'software' de la UCM para Begoña Gómez
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) solicita que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, le devuelva más de 113.000 euros.
La UCM cifra en esa cantidad el supuesto perjuicio por la "apropiación indebida", por parte de Gómez, de un software desarrollado por varias empresas para la universidad.
Algunas compañías, como Google, formaron parte de este proyecto de forma altruista.
No obstante, la Complutense también pagó a determinadas empresas por sus servicios, además de destinar fondos propios —casi 5.000 euros— a la "dedicación del personal técnico y de administración que intervino en las actuaciones necesarias para la adaptación del software".
Por ello, la universidad cuantifica en un total de 113.509,32 euros el supuesto perjuicio. Y ya ha solicitado, a través de un escrito fechado el pasado 13 de mayo, que le sean devueltos.
Esta cifra no es nueva. En enero de este año, la UCM ya comunicó esta cifra al juez Juan Carlos Peinado, quien ha investigado a Begoña Gómez por cuatro supuestos delitos; entre ellos, el de apropiación indebida.
La universidad ya anunció por entonces que, si el llamado caso Begoña llegaba a juicio, solicitaría el reintegro de esta cantidad.
El pasado mes de abril, Peinado propuso juzgar a Gómez ante un jurado popular. Por ello, en mayo, la UCM presentó su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita la restitución de estos fondos. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a ese documento.
La devolución de esta cifra queda supeditada, no obstante, a una hipotética condena futura. Por el momento, el centro universitario, personado en calidad de actor civil en este procedimiento judicial, ha solicitado al juez que fije, de forma provisional, esta cantidad como el supuesto perjuicio.
La cátedra de Begoña
El software estaba adscrito a la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez co-dirigió en la UCM hasta el año 2024, cuando fue clausurada una vez iniciado el caso Begoña.
Una web propiedad de la esposa de Sánchez ofreció —de forma gratuita, eso sí— una herramienta digital muy similar y destinada a las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las que asesoraba en cuestiones de sostenibilidad.
![Fragmento del escrito de la UCM.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/29\/actualidad\/1003744265697_263217997_1706x510.jpg"])
Fragmento del escrito de la UCM.
Incluso, este sistema informático emitía informes sobre el cumplimiento, por parte de las pymes que lo solicitasen, de ciertos parámetros de desarrollo sostenible. Dichos documentos podían ser luego presentados en procesos de captación de fondos, tanto públicos como privados.
De los 113.509,32 euros mencionados, más de 78.000 fueron a parar a Deloitte, que recibió dos contratos licitados por la Complutense.
![Joaquín Goyache, rector de la UCM, y Begoña Gómez en un acto.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/07\/09\/espana\/869173948_259243558_1706x960.png"])
Como ya publicó EL ESPAÑOL, la consultora admitió que "nunca" tuvo acceso al software ni participó de forma directa en la creación del mismo.
Su labor se limitó —tal y como comunicó a Peinado— a brindar apoyo a la oficina encargada de coordinar este proyecto. Únicamente, facilitó "soporte y asesoría", según trasladó la compañía al juez.
En su escrito del pasado 15 de mayo, la UCM también solicita que declaren en el futuro juicio, como testigos, la interventora general de la universidad, el vicegerente de contratación y la gerente de la Escuela de Gobierno.
También, la secretaria general de la Complutense y el director de sus servicios jurídicos.
Contratos amañados
Por otro lado, tal y como informó EL ESPAÑOL, en un reciente informe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió de que la cátedra de Gómez incurrió en "anomalías" para beneficiar a ciertas empresas —entre ellas, Deloitte— a través de una contratación "premeditada" y aparentemente amañada.
"Los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos —en su invitación a ofertar y en los pliegos, respectivamente— se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio", concluyó la UCO.
Asimismo, la Guardia Civil desmintió a Begoña Gómez al determinar que el software que ella ofrecía en su web estaba "dispuesto para ser usado" y abierto a "actividad comercial", lo que ella había negado previamente.
De hecho, la empresa de su propiedad que registró dicha web, Transforma TSC SL, recibió, al menos, dos pagos, por valor de más de 6.600 euros, de la sociedad Innovación Hexagonal SL.
Como administrador de la misma figura Raúl Oliván, experto en innovación y, entre 2019 y 2023, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón.
El supuesto delito de apropiación indebida se deriva de una querella presentada por una de las acusaciones populares del caso Begoña, Hazte Oír.
![Begoña Gómez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/10\/22\/espana\/politica\/895420466_250245391_1706x960.jpg"])
El resto de ilícitos por los que Peinado propuso que se juzgue a Begoña Gómez son: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y malversaciones de caudales públicos.
El magistrado planteó que sea un jurado popular el que enjuicie esta causa. Es decir, nueve ciudadanos legos en Derecho tendrían que decidir sobre la culpabilidad o inocencia de la esposa del presidente del Gobierno.
Todavía no está claro que vaya a celebrarse un juicio. La última palabra la tiene la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal jerárquicamente superior al juez Peinado.
Por lo pronto, Peinado citó a Gómez para una audiencia preliminar el próximo 9 de junio. No obstante, el abogado de la investigado ha presentado un escrito en el que pide aplazar dicha fecha, que le coincide con otro señalamiento.
