El Consejo de Estado ya se opuso a indemnizar a la jurista que acusa a Irene Montero ante el juez de "expoliar" su trabajo

De forma unánime, este órgano consultivo, presidido por Carmen Calvo —curiosamente, la antecesora de Montero en Igualdad— dictaminó en contra de las reclamaciones formuladas por Adilia de las Mercedes.

Esta jurista hispano-guatemalteca, experta en la defensa legal de la mujer, asegura que colaboró, desde 2021, con el Ministerio de Igualdad de Montero para elaborar el anteproyecto de la nueva Ley del Aborto, que acabaría aprobándose en 2023.

Sin embargo, según sostiene, la Administración la invisibilizó y "expolió" su trabajo y su conocimiento, a fin de "borrar" su participación en este proyecto; una práctica que llega a comparar con el "colonialismo".

De hecho, en una demanda presentada en la Audiencia Nacional y que fue admitida a trámite el pasado febrero, reclama una indemnización total de 375.000 euros, por conceptos varios, tales como "daño físico", "daño moral reputacional" o "trato discriminatorio".

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Pero antes de iniciar esa ofensiva en los tribunales de Justicia, Adilia de las Mercedes ya solicitó la nulidad de los contratos que firmó con el Ministerio de Igualdad, así como una indemnización de 180.000 euros.

¿Por qué pidió la anulación de dichos contratos? La jurista argumentó que fueron "contratos verbales", que están prohibidos por ley salvo en casos de emergencia. También se quejó de que el pago fue irrisorio comparado con los 80.000 euros que, según ella, dicta el precio de mercado para tal labor legislativa. Sin embargo, instada por Igualdad, apenas recibió unos 5.000 euros por su labor.

Ahora bien, el dictamen del Consejo de Estado negó que existiesen contratos verbales o que incurriesen en causa de nulidad. Y subrayó que la jurista aceptó y firmó las condiciones por escrito. Además, emitió las facturas correspondientes y dio su conformidad a los términos económicos en su momento.

"Aceptó las condiciones que le fueron formuladas por escrito", concluyó el organismo consultivo por unanimidad.

Respecto al enriquecimiento injusto, el órgano señala que la valoración de 80.000 euros es "subjetiva" y que, de haber sido ese el precio de los servicios, no podrían haber sido licitados mediante un contrato menor (aquellos inferiores a 15.000 euros).

"Si la señora Adilia de las Mercedes consideraba que el servicio requerido tenía un valor tan superior al acordado, hubiera debido acudir a las vías oportunas para solicitar, en tiempo y forma, la resolución del contrato y la adjudicación de uno nuevo", concluyó el Consejo de Estado.

"Y, en todo caso, habría que tener en cuenta que, de ser exacta la estimación del valor que hace la interesada, el contrato estaría muy lejos de poder ser considerado como menor, y hubiera debido someterse a un procedimiento de licitación, (...) en el que no existe ninguna garantía de que ella misma hubiera resultado adjudicataria", advirtió este órgano.

Por ello, el Consejo de Estado advirtió que, de haberse abierto un concurso, la demandante no hubiera tenido garantizado que ella hubiese sido la elegida.

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Adilia de las Mercedes —guatemalteca nacionalizada española y con más de 25 años de experiencia en su especialidad— también presentó informes de salud para tratar de apuntalar un "trauma racial" y la supuesta violencia racista sufrida.

En su dictamen, el Consejo de Estado, aunque reconoce que en ciertas comunicaciones internas de Igualdad se aludió a su nacionalidad, concluye que esto se debió a cuestiones administrativas de identificación legal y no a un trato discriminatorio.

Además, no consideró probado que las patologías descritas deriven directamente de la actuación de la Administración.

Así las cosas, el Consejo de Estado se opuso a que se indemnizase a De las Mercedes. Ahora bien, ahora el mismo asunto ha traspasado al terreno judicial. En concreto, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se encargará de analizarlo.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el Ministerio de Igualdad para preguntar por este asunto.

En respuesta, una portavoz del mismo —encabezado, a día de hoy, no ya por Montero, sino por Ana Redondo— subraya que los hechos narrados en la demanda se producen entre 2021 y 2023. "Corresponden, por tanto, a una etapa anterior", destaca esta fuente..

"El actual Ministerio ya ha puesto a disposición de la Justicia el expediente completo [de la elaboración de la ley] y seguirá colaborando en todo lo que se le requiera", señala esta portavoz.

"Apropiación ilegítima"

En su demanda, Adilia de las Mercedes sostiene que sufrió una "apropiación ilegítima" de su trabajo por parte de Igualdad, así como una "violencia institucional" basada en su origen étnico-racial y en sus opiniones políticas.

En una nota de prensa, la jurista sostiene que, con Montero al frente, este departamento "decidió borrar toda huella" de su "autoría" sobre el anteproyecto de la última Ley del Aborto.

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"El Ministerio de Igualdad de Irene Montero buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos, tanto en las Américas como en Europa, para después hacer lo que que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento producido en otros territorios y presentarlo como propio", reprocha la jurista en un comunicado enviado a los medios.