El CGPJ rechaza archivar la denuncia del ministro Bolaños contra el juez Peinado y ordena al Promotor nuevas diligencias

Nunca antes un ministro de Justicia había denunciado a un juez ante el CGPJ.

Bolaños se quejó al órgano de gobierno de los jueces del interrogatorio al que le sometió Peinado en la Moncloa el pasado 16 de abril y de la posterior exposición que elevó contra él a la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Durante esa tensa declaración testifical, el juez reprochó a Bolaños que contestara con "evasivas"; le criticó algún gesto ("no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa"); le preguntó con insistencia quién es el responsable de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, y acabó ordenándole que saliera de la sala y volviera con ese nombre "que no puede escapar a su conocimiento".

Respecto a su escrito al Supremo, el instructor veía contradicciones entre el ministro y otro testigo basándose en una transcripción errónea de sus afirmaciones. Y afirmaba que "nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron" cuando el testimonio del "ministro de Justicia y notario mayor del Reino (...), en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad".

La exposición fue rechazada de plano por la Sala Penal en menos de 20 días (incluidos los traslados a la Fiscalía para informe) dada la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado" contra Bolaños. El alto tribunal no hizo mención en su resolución a la transcripción incorrecta de las respuestas del ministro.

El pasado noviembre, el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, propuso el archivo de esta denuncia basándose en el consolidado criterio del Tribunal Supremo -y del propio CGPJ- en el sentido de que el ejercicio de la potestad jurisdiccional no puede ser controlada por el órgano de gobierno de los jueces, sino solo a través de los recursos establecidos en las leyes procesales.

El PAD argumentó que el interrogatorio que Peinado hizo a Bolaños y la exposición que elevó al Supremo entran dentro del núcleo jurisdiccional inaccesible al órgano gubernativo, so pena de socavar la independencia de los jueces en el ejercicio de su función, de la que responden ante los órganos judiciales superiores.

Sin embargo, después de cuatro meses demorando el debate del asunto, la Comisión Permanente ha acordado devolver el expediente al Promotor para que "complete las diligencias informativas".

Cuatro archivos

Por el contrario, el CGPJ ha archivado otras cuatro denuncias contra el juez Peinado presentadas por particulares.

La primera de ellas se centraba en que las diligencias contra Begoña Gómez se habían iniciado a raíz de una denuncia de la asociación Manos Limpias.

También aludía a que el instructor ha discrepado en reiteradas ocasiones del criterio del Ministerio Fiscal o ha citado a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación con los hechos.

Se quejaba, además, de que se estén produciendo filtraciones de información bajo secreto a los medios de comunicación.

En el acuerdo de archivo, el Promotor señala que el Consejo General del Poder Judicial tiene vedado valorar cuestiones jurisdiccionales o revisar las resoluciones que puedan dictar los Juzgados y Tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Hacer lo contrario, subraya Ricardo Conde, supondría una injerencia en la independencia judicial.

El Promotor recordaba que el desacuerdo con una resolución judicial debe encauzarse a través de los recursos establecidos en las normas de procedimiento.

La segunda de las diligencias informativas archivadas fue incoada para examinar la queja presentada por dos particulares a raíz de varias informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela propiedad del magistrado, que llevaron a los denunciantes a considerar que este había infringido los principios de ética judicial.

En el acuerdo de archivo, el Promotor señala que los hechos contenidos en las informaciones periodísticas no guardan ninguna relación con la actuación jurisdiccional del magistrado y que se habrían producido en el ámbito personal o privado del juez, ajeno a su condición de miembro de la carrera judicial.

Señala también que los denunciantes no atribuyen a Peinado la comisión de infracción disciplinaria alguna y que la vulneración de los principios de ética judicial no tiene consecuencias disciplinarias.

La tercera diligencia informativa, también de un particular no personado en ninguno de los procedimientos que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, se abrió tras una denuncia contra Juan Carlos Peinado por haber tomado decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática cuya motivación y oportunidad "generan en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad".

El PAD archivó la queja después de que el denunciante no la ratificara.

Una vez recibida la denuncia e incoada la diligencia informativa, el Promotor requirió al denunciante para que acreditara su identidad.

Tras no recibir respuesta, se contactó telefónicamente con él, que manifestó que desistía de su petición.

La cuarta diligencia informativa ahora archivada fue incoada a raíz de un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como el hecho de que citara a personas investigadas en días y horarios poco habituales, tales como sábados o domingos en guardias judiciales.

En el acuerdo de archivo, el Promotor señala que, con carácter general, procede el archivo de toda denuncia anónima.

Solo en supuestos excepcionales cabe la posibilidad de tramitarlas atendiendo a razones de interés general y extrema y notoria gravedad del hecho denunciado, que considera que no se dan en este caso.

Para el Promotor, lo que se expone es la disconformidad con decisiones jurisdiccionales que el CGPJ no puede valorar porque supondría una intromisión en la independencia judicial y que, en cualquier caso, deben encauzarse a través de los recursos previstos en las leyes procesales.

Denuncias de Más Madrid y PSOE

Además de la de Bolaños, aún queda por resolver otras dos denuncias contra el juez Peinado presentadas por Más Madrid y por el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita.

Ambas se refieren a que el juez prorrogó fuera de plazo unas diligencias en las que se investigaba por presunta malversación de fondos al gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente.

El Promotor también acordó el archivo de estas denuncias y, de hecho, existen numerosos precedentes en ese sentido respecto a quejas contra otros jueces por prórrogas fuera de plazo.

En esta ocasión, sin embargo, la Comisión Permanente ha retirado las dos denuncias del orden del día tras la deliberación "para mayor estudio".